Amnistía Internacional documenta a ciudadanos mexicanos condenados a pena capital y 102 más en juicios que podrían acabar igual

María Elena Ramírez lleva once años sin ver a su hijo. No por desaparición forzada. No por un conflicto armado. Su hijo está en una prisión de Texas, condenado a muerte por un crimen que cometió cuando tenía 19 años. No fue abogado defensor. No tuvo interpretación de calidad en los juicios. No hubo consulado mexicano que lo acompañara.

El caso de María Elena no es excepcional. Es parte de una cifra que pocas veces cruza las portadas de los periódicos mexicanos, pero que duele igual que cualquier otra muerte anunciada: 44 ciudadanos mexicanos están condenados a pena de muerte en cárceles de Estados Unidos. Y hay 102 más que podrían sumarse a esa lista mientras sus casos transitan por los juzgados estadounidenses.

Según La Jornada, Amnistía Internacional documentó estas cifras en un reporte que pone el acento en lo que México y sus instituciones no quieren mirar de frente: la ejecución de mexicanos en el país vecino es un acto que ocurre en la sombra, casi sin resistencia diplomática, casi sin que las familias sepan que tienen derechos.

No es un problema nuevo. Es un problema que se hereda.

Jesús Leonel Santeliz fue ejecutado en 1997 en Virginia. Ramiro Hernández López en 2003 en Oklahoma. Ricardo Martínez Flores en 2007 en Texas. Son nombres. Son personas. Son también un patrón: la mayoría de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos enfrentaron sistemas de justicia que no les habla el idioma, que no les explica sus derechos, que los ve como extranjeros sin protección.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 obliga a los gobiernos a notificar al consulado del país de origen cuando detienen a una de sus ciudadanas. Es una regla internacional. Estados Unidos la ha violado docenas de veces. Y México, que se supone debe defender a sus ciudadanos en el extranjero, ha respondido con comunicados, no con acciones.

Los abogados defensores de migrantes mexicanos en cárceles estadounidenses cuentan historias que se repiten: hombres y mujeres jóvenes, muchos sin completar la secundaria, sin acceso a defensores públicos competentes, muchos sin interpretes que entienda el sistema legal estadounidense. Un error de comunicación en un juicio puede significar la diferencia entre una condena a prisión y una sentencia a muerte.

Hay más detalles que la estadística no captura. Hay muchachos de Guerrero que cruzaron el río buscando trabajo y terminaron en un robo que escaló a violencia. Hay jóvenes de Michoacán sin antecedentes penales que fueron acusados de crímenes que nunca comprobaron. Hay historias donde la pobreza, la falta de educación legal, el idioma y el racismo sistémico estadounidense contra los mexicanos se encuentran en una sala de tribunal.

Lo que duele es que eso ocurra sin que haya resistencia visible desde México.

Desde la Presidencia. Desde el Congreso. Desde las instituciones que supuestamente defienden a los mexicanos en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores emite reportes. Presenta amparos. Negocia. Pero mientras tanto, los años pasan. Los procesos judiciales continúan. Y 44 mexicanos siguen en el corredor de la muerte, contando los días que le quedan.

102 más podrían sumarse.

No es un tema de izquierda o derecha. Es un tema de humanidad. Es un tema de soberanía: qué significa ser mexicano cuando el Estado no te protege ni siquiera ante la pena capital. Es un tema para que las familias —las María Elenas de Mexico— sepan que tienen derechos. Que pueden organizarse. Que pueden exigir.

Porque mientras México debate reformas electorales y cambios institucionales, hay 146 mexicanos cuya vida depende de que alguien ponga atención. De que alguien hable. De que alguien recuerde que también tienen nombre, historia y derecho a existir.

Por Diana Torres