200 activistas se manifestaron en Guadalajara rechazando acusaciones de financiamiento oscuro contra sus movilizaciones

Doscientos integrantes de colectivos de búsqueda tomaron la Plaza Guadalajara para exigir lo que consideran una deuda histórica: una disculpa pública de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación por las acusaciones de financiamiento oscuro que las autoridades han lanzado contra sus organizaciones.

La protesta concentró el descontento acumulado de meses. Estos colectivos, conformados mayormente por madres, padres, hermanos e hijos de desaparecidos, han llevado adelante la búsqueda de sus seres queridos con recursos propios, con donaciones de sus comunidades, sin depender del Estado. Y eso mismo — su autonomía, su independencia — se ha convertido en el argumento para cuestionarlos.

Según Lado B, la manifestación reflejó la frustración de familias que sienten que el gobierno, lejos de reconocer su trabajo, busca socavarlo mediante insinuaciones sin fundamento.

El patrón de deslegitimización

Esta no es la primera vez que desde el gobierno se cuestiona el origen de los recursos de los colectivos. Las acusaciones de "financiamiento oscuro" aparecen regularmente en declaraciones de funcionarios, como si la búsqueda independiente de desaparecidos fuera sospechosa por definición. Como si organizar a familiares sin intermediarios estatales fuera, en sí mismo, un crimen.

Lo que el gobierno parece no entender — o no quiere entender — es que estos colectivos surgieron precisamente porque el Estado no ha cumplido su deber. Surgieron porque hay 113,000 personas desaparecidas en México y porque las instituciones oficiales no hacen el trabajo. Las familias se organizaron por supervivencia, por amor, por la necesidad de encontrar.

La ironía es brutal: mientras que la administración actual se reconoce a sí misma por su cercanía con los movimientos sociales, responde a estos colectivos con el mismo manual que sus antecesores neoliberales: cuestionarlos, desacreditarlos, insinuar que hay "manos oscuras" detrás de su trabajo.

Autonomía como amenaza

En los últimos anos, los colectivos de búsqueda se han convertido en uno de los termómetros más claros de la crisis humanitaria en México. No tienen estructura burocrática. No negocian con políticos. Están en el terreno: escavando fosas clandestinas, identificando restos, presionando a autoridades locales para que abran investigaciones, cubriendo los vacíos que las procuradurías dejan abiertos.

Esa autonomía les da legitimidad — la legitimidad que solo tienen los actores que actúan sin interés político. Pero para un gobierno que necesita narrativas de control y orden, la autonomía es incómoda. Es incontrolable.

Las acusaciones de financiamiento oscuro funcionan como una estrategia de deslegitimización: si logran sembrar dudas sobre el origen de los recursos, pueden erosionar la credibilidad de quienes documentan la crisis humanitaria más grave que enfrenta el país.

Lo que piden es lo mínimo

Una disculpa pública parece cosa menor en el esquema de las grandes decisiones de Estado. Pero para alguien que ha estado buscando a su hijo desaparecido durante anos, que ha invertido sus ahorros en excavaciones, que ha sido acusado de conspirador sin prueba alguna — una disculpa es reconocimiento. Es admitir que estuvo equivocado. Es permitir que la lucha de estos colectivos sea vista por lo que realmente es: una obligación moral que el Estado no cumple.

La protesta en Guadalajara no es una grieta menor. Es un recordatorio de que incluso administraciones que se dicen cercanas a los movimientos sociales pueden fallar en lo elemental: escuchar, reconocer, disculparse.

Mientras 113,000 personas siguen desaparecidas y sus familias siguen buscando, el gobierno gasta energía en deslegitimar a quienes encuentran lo que el Estado perdió. O más bien: lo que el Estado permitió que desapareciera.

Los colectivos de búsqueda no necesitan que Sheinbaum les crea. Ya tienen la credibilidad de la acción. Pero que el gobierno deje de cuestionarlos sería, cuando menos, un reconocimiento de que el trabajo que hacen debería estar siendo hecho por el Estado. Y que el hecho de que no lo esté es una vergüenza que todos deberíamos compartir.

Por Fernando Lopez