De los cerros de Oaxaca al Amazonas, una misma lógica devora territorios y silencia voces. Pero algo se niega a ceder.

Una mujer zapoteca se para frente a una aerogeneradora de cuarenta metros. No grita. No lleva pancarta. Solo está ahí, con los brazos cruzados, mirando hacia arriba. Alguien le toma una foto. La imagen circula en grupos de WhatsApp entre comunidades del Istmo de Tehuantepec, llega a una asamblea en Juchitán, rebota hasta una pantalla en Ciudad de México donde alguien la ve entre dos notificaciones de trabajo y siente algo difícil de nombrar: no exactamente admiración, no exactamente culpa. Algo entre las dos.

Esa imagen condensa, sin proponérselo, una de las tensiones más profundas de nuestro tiempo en América Latina: la distancia abismal entre lo que el progreso promete y lo que el progreso cobra.

Hay una narrativa dominante sobre la transición energética que se cuenta con mucha comodidad desde las ciudades, desde los foros internacionales, desde los informes de sustentabilidad corporativa. La narrativa dice: el viento es limpio, el viento es el futuro, el viento salva al planeta. Y en términos de emisiones de carbono, esa narrativa no miente del todo. Pero omite una pregunta fundamental: ¿de quién es el viento?

Para las mujeres zapotecas que llevan veinte años resistiendo la expansión de los parques eólicos en el Istmo, esa pregunta no es retórica. Es la pregunta de si sus asambleas comunitarias tienen poder real o solo poder decorativo. Es la pregunta de si el consentimiento libre, previo e informado que establecen los convenios internacionales existe de verdad o solo en el papel. Es la pregunta de quién decide qué territorio se sacrifica en nombre de qué futuro.

Al mismo tiempo, en el norte de Sinaloa, el pueblo yoreme-mayo lleva una década peleando contra una planta de amoniaco que amenaza su río, su pesca, su forma de vida. Y en el Amazonas —ese pulmón del mundo que tanto aparece en los discursos ambientalistas del Norte global— la demanda de açaí para los batidos saludables de las clases medias urbanas está borrando comunidades enteras de la biodiversidad que decimos querer proteger.

Lo que conecta estas historias no es solo la geografía ni la etnicidad. Es una estructura.

La sociología tiene un nombre para este patrón: extractivismo. Pero la palabra, de tanto usarse, ha perdido filo. Conviene recordar qué significa en la vida concreta: que hay territorios que existen, en la lógica del capital global, principalmente como reservorios de recursos. Que las comunidades que habitan esos territorios son, en el mejor caso, un obstáculo a gestionar y, en el peor, una variable que no aparece en el modelo de negocio.

Lo que ha cambiado en las últimas décadas es que el extractivismo aprendió a hablar el idioma del progreso sostenible. Ya no llega solo con mineras y petroleras. Llega también con aerogeneradoras, con cultivos de exportación etiquetados como superalimentos, con proyectos de infraestructura que prometen empleos y desarrollo. La violencia sigue siendo la misma; el vocabulario se renovó.

Y aquí aparece algo que la gente siente pero raramente se dice con claridad: la sensación de que incluso las soluciones están diseñadas sin ellos. Que cuando el mundo decide salvarse, lo hace sobre sus tierras, con sus recursos, sin su voz.

Hay otra historia que parece distinta pero pertenece al mismo tejido. En comunidades rurales de México —y no solo de México— las personas mayores, los jornaleros, los habitantes de localidades sin conectividad, se encuentran con que el Estado ya no habla su idioma. No el idioma étnico: el idioma analógico. Los trámites migraron a plataformas digitales que exigen correo electrónico, teléfono inteligente, fotografía en tiempo real. Para quien vive sin señal, sin dispositivo, sin alfabetización digital, el Estado se volvió literalmente inaccesible.

La burocracia digital no es solo un problema de eficiencia administrativa. Es una forma de exclusión que no necesita declararse como tal. No hay nadie que diga "usted no puede acceder a este derecho". Simplemente el sistema está diseñado de tal manera que ciertos cuerpos, ciertas vidas, ciertas geografías no caben en él. Se llama modernización. El efecto es el mismo que el de cualquier otra barrera: separa a los que cuentan de los que no.

Y luego están las buscadoras del Estado de México. Mujeres que llevan años rastreando fosas clandestinas, exhumando restos, confrontando al Estado con su propia omisión. El Estado promete protocolos, mesas de trabajo, comisiones especiales. Las buscadoras vuelven a sus excavaciones con las manos, porque las promesas no tienen pala.

En todos estos casos —los territorios indígenas, la burocracia que excluye, las madres que buscan— hay una experiencia compartida que vale la pena nombrar: la de ser los que sostienen algo que el sistema no quiere ver. Las mujeres zapotecas sostienen una noción de territorio que no cabe en un contrato de arrendamiento. Las buscadoras sostienen la memoria de los que desaparecieron. Las comunidades yoreme sostienen un río que no aparece en ningún balance de rentabilidad.

Hay una fatiga en eso. Una fatiga que no es derrota, sino el peso específico de cargar con lo que otros descartan.

Mientras tanto, en Colombia, la derecha acaba de ganar otra elección con el respaldo discreto pero efectivo de Washington. El ciclo se repite: candidatos que hablan de seguridad y orden, que despliegan el miedo como argumento electoral, que llegan al poder prometiendo estabilidad y gobiernan para los de siempre. La región latinoamericana oscila entre intentos de transformación y restauraciones conservadoras, y en cada ciclo son las mismas comunidades las que pagan el costo del ajuste.

No es casualidad que quienes resisten en el Istmo, en el río Fuerte, en las fosas del Estado de México, sean mayoritariamente mujeres. No porque las mujeres sean naturalmente más resistentes o más valientes —esa romantización también es una trampa—, sino porque son ellas quienes, en la estructura de la vida comunitaria latinoamericana, quedan más directamente expuestas a lo que se pierde cuando un territorio se rompe, cuando un río se contamina, cuando un hijo no regresa.

La resistencia no nace de la heroicidad. Nace de la necesidad.

Al final, la pregunta que recorre todas estas historias es la misma que la mujer zapoteca le hacía implícitamente a la aerogeneradora con solo quedarse parada frente a ella: ¿quién tiene derecho a decidir qué futuro se construye y a qué costo?

No es una pregunta que tenga respuesta fácil. Pero que no la tenga fácil no significa que sea neutral. Mientras esa pregunta no se haga en voz alta, con las comunidades adentro de la conversación y no al margen, lo que llamamos progreso seguirá siendo, para muchos, otra forma del mismo despojo de siempre.

Y ellas seguirán ahí, mirando hacia arriba, con los brazos cruzados.

Por Roberto Medina