De las buscadoras del Edomex a las mujeres zapotecas del Istmo: cuando defender la vida se convierte en el acto político más radical
Esperanza lleva doce años buscando. No es una metáfora. Lleva doce años caminando terrenos baldíos, revisando fosas, llenando oficios, esperando respuestas que no llegan, volviendo a preguntar. Su hijo desapareció en el Estado de México en 2013. Desde entonces, el Estado mexicano le ha dado formularios, mesas de trabajo, promesas en años electorales y silencio en todos los demás. Lo que no le ha dado es justicia. Lo que no le ha dado es a su hijo.
Esperanza no es un caso aislado. Es la regla. Y eso, precisamente, es lo que esta edición de Semilla News intenta documentar con rigor y sin eufemismos: la distancia brutal entre lo que el Estado promete y lo que entrega, medida en cuerpos no encontrados, en territorios entregados, en comunidades que resisten solas porque no les queda otra opción.
Hoy publicamos sobre las buscadoras del Edomex y sobre su relación con un Estado que toma nota —literalmente toma nota, levanta actas, genera minutas— pero que rara vez actúa con la urgencia que la situación exige. Publicamos también sobre las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec, que llevan dos décadas enfrentando a empresas eólicas que llegaron con contratos que sus comunidades no entendían ni habían aprobado de manera libre e informada. Publicamos sobre los yoreme-mayo de Sinaloa, en resistencia desde hace una década contra una planta de amoniaco que amenaza su agua y su territorio. Y publicamos sobre los mecanismos burocráticos digitales que excluyen sistemáticamente a quienes viven en el campo, como si la ciudadanía fuera un privilegio de quienes tienen smartphone y señal de internet.
Hay un hilo que conecta todo esto. No es la pobreza, aunque la pobreza está presente. No es la marginalidad, aunque las comunidades más afectadas son las que menos poder político tienen. El hilo es más preciso: es la distancia entre el diseño de las políticas y los cuerpos reales que esas políticas tocan. Es la brecha entre el discurso institucional —que habla de derechos, de consulta, de participación, de búsqueda— y la experiencia concreta de quienes viven del lado equivocado de esa brecha.
Semilla News no publica estas historias para construir una narrativa de victimización. Las publicamos porque creemos que nombrar con precisión lo que ocurre es el primer requisito para que algo cambie. Y lo que ocurre, con evidencia documental y fuentes directas, es lo siguiente: comunidades indígenas de Oaxaca firmaron contratos con empresas eólicas bajo condiciones que los tribunales han calificado como violatorias del derecho a la consulta previa. Familias de desaparecidos organizan sus propias brigadas de búsqueda porque los recursos estatales son insuficientes, lentos o están mal orientados. Personas mayores en zonas rurales pierden acceso a programas sociales porque el trámite requiere una selfie que un teléfono básico no puede procesar correctamente. Un pueblo indígena del norte del país lleva diez años en litigio contra un proyecto industrial que el gobierno federal autorizó sin cumplir con los estándares mínimos de consulta.
Estos no son fracasos accidentales. Son el resultado de decisiones concretas: a quién se le pregunta antes de autorizar un proyecto, a quién se le asignan los recursos de búsqueda forense, cómo se diseñan los sistemas digitales de acceso a programas públicos, qué tan costoso resulta para el Estado cumplir sus propias leyes cuando del otro lado hay una corporación con capacidad de litigio.
Aquí es donde la complejidad exige honestidad. No toda la responsabilidad recae en un solo gobierno ni en un solo partido. El despojo territorial de comunidades indígenas en el Istmo comenzó mucho antes de la actual administración federal, y los instrumentos jurídicos que permiten ese despojo fueron construidos a lo largo de décadas por distintos gobiernos. Las fosas clandestinas del Edomex no aparecieron de la noche a la mañana; son el sedimento de años de complicidad entre estructuras criminales e instituciones de seguridad que ninguna administración ha desmantelado del todo. La burocracia digital que excluye al campo es un problema de diseño institucional que refleja un prejuicio estructural: se diseña para el usuario imaginario que vive en la ciudad, tiene datos móviles y sabe usar aplicaciones.
Reconocer esa complejidad no es una forma de exculpar a nadie. Es una forma de entender que las soluciones también tienen que ser estructurales, sostenidas y, sobre todo, diseñadas con quienes las necesitan, no para ellos desde una oficina en la capital.
Lo que sí es nuevo, y lo que esta edición documenta con claridad, es que las comunidades no están esperando. Las mujeres zapotecas que han enfrentado veinte años de presión empresarial y judicial han construido en ese tiempo una capacidad organizativa que ninguna empresa ni ningún gobierno les puede quitar. Las buscadoras del Edomex han desarrollado protocolos de búsqueda, redes de apoyo mutuo y una documentación de casos que en varios momentos ha sido más rigurosa que la del propio Estado. Los yoreme-mayo llevan una década sosteniendo un litigio legal complejo sin los recursos que tiene la empresa que los enfrenta.
Esa resistencia no es pintoresca ni folclórica. Es política en el sentido más estricto del término: es la disputa por quién decide sobre el territorio, sobre los cuerpos, sobre los recursos, sobre el futuro.
Esperanza sigue buscando. Esta noche, cuando cierre esta edición, seguirá buscando. No porque el Estado no exista, sino porque el Estado, en demasiadas ocasiones, existe para tomar nota de su búsqueda en lugar de sumarse a ella con la urgencia que corresponde.
La pregunta que le dejamos al lector esta noche no es sencilla: ¿cuántas Esperanzas tiene que haber para que una promesa institucional se convierta en una política real? ¿Y cuántas veces tienen que ganar las comunidades en los tribunales para que sus derechos dejen de depender de que encuentren abogados solidarios y jueces valientes?
Eso no debería ser la condición. Debería ser el punto de partida.
Por Isabel Vega