A tres semanas del conflicto, la administración amenaza licencias de medios y seis soldados mueren en crash. Los demócratas ganan terreno electoral.

María Elena apagó la televisión el jueves por la noche. No podía seguir escuchando. Su hijo menor preguntaba por qué los noticieros no hablaban de los soldados que estaban muriendo en Irak, y ella no tenía respuesta. "Los medios están ocultando la verdad," le había dicho su hermano durante una llamada familiar, repitiendo las palabras que escuchaba del presidente. Pero María Elena, que pasó treinta años como enfermera en un hospital del Bronx, sabe reconocer cuando alguien está evitando hablar de lo que duele.

Esa es la realidad política de Estados Unidos a tres semanas de que la administración Trump iniciara operaciones militares contra Irán: una guerra que empieza a resquebrajar el consenso que la sostenía, mientras el gobierno intenta controlar no solo el conflicto sino también lo que se puede decir sobre él.

El Pentágono confirmó el jueves la muerte de seis miembros de tripulación en el crash de un avión de reabastecimiento en Irak occidental. No fueron por fuego enemigo. No fue un acto heroico. Fue un accidente operacional: la clase de tragedia que ocurre cuando los ejércitos están sobrecargados, cuando los sistemas fallan, cuando la gente está cansada. Y mientras las familias de esos seis soldados reciben la llamada que toda madre militar teme, la administración lucha contra un problema diferente: nadie quiere esta guerra.

Los números son claros. El apoyo público para las operaciones contra Irán mostraba un consenso inicial débil que se ha desmoronado aún más en las últimas semanas. No es que la mayoría se oponga de manera estrepitosa. Es peor que eso. Es indiferencia. Es hartazgo. Es la sensación de que algo está mal pero nadie tiene las palabras completas para explicarlo.

Ante esto, la administración ha tomado una decisión extraordinaria: controlar quién puede hablar.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, anunció esta semana que puede revocar las licencias de radiodifusoras que no sirvan "al interés público." La amenaza no llegó de la nada. El presidente Trump criticó públicamente la cobertura mediática de la guerra en Irán, argumentando que los medios no están presentando una narrativa que favorezca al gobierno. La FCC respondió con una cuchilla.

Esto no es regulación. Es censura con uniforme institucional.

Diana Luna, periodista que ha cubierto conflictos en Centroamérica durante veinte años, lo explicó así en una conversación de WhatsApp: "Cuando un gobierno amenaza con quitarle la licencia a un medio por cómo cubre la guerra, estamos en territorio de autoritarismo puro. No hay grises aquí." Tiene razón. Una cosa es que el presidente critique. Otra completamente distinta es que el aparato regulatorio del estado amenace con cerrar medios. Es el tipo de cosa que ocurre en países donde la democracia ya está en el piso.

Pero hay algo más. Mientras la administración intenta mantener unido un consenso que se desmorona y amenaza a la prensa, los votantes estadounidenses están enviando un mensaje diferente a nivel estatal.

En las catorce elecciones legislativas estatales que han ocurrido desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025, los demócratas han ganado veintiocho escaños legislativos. Veintiocho. No es una abrumadora victoria, pero en política estatal es un cambio significativo. La participación electoral ha favorecido sistemáticamente al partido que se opone a la guerra.

José Rodríguez, activista comunitario en Queens que ha acompañado a decenas de personas a protestas contra el conflicto, lo ve así: "La gente está cansada. No es solo la guerra. Es todo. Los precios, la renta, los trabajos. Y ahora le pides que envíe a sus hijos a morir en una guerra que nadie pedía. Los republicanos pensaron que la guerra los ayudaría. Se equivocaron."

Lo que ocurre ahora es el choque entre lo que el gobierno quiere que sea la realidad y lo que la realidad realmente es. A nivel nacional, una guerra con apoyo decreciente. A nivel estatal, una población votante que rechaza el proyecto político que la sostiene. Y en los medios, una amenaza sin precedentes: calla o pierdes tu licencia.

Mueller, profesor de historia política en Columbia, resumió el momento así: "Esto es lo que sucede cuando una administración no puede controlar los eventos, así que intenta controlar la narrativa. Es un signo de debilidad, no de fuerza."

A María Elena le gustaría que sus hijos entendieran que en democracia, alguien tiene que poder decir la verdad. Aunque esa verdad duela. Aunque no sea lo que el gobierno quiere escuchar. Porque cuando el gobierno amenaza a quien habla, lo que muere primero no es la libertad de prensa.

Es la posibilidad de que alguien, en algún lado, pueda decir: esto está mal.

Por Diana Torres