Confirmaciones de funcionarios ultraconservadores, compra de datos sin orden judicial e investigaciones electorales cuestionables marcan un nuevo nivel de autoritarismo

Lunes por la mañana en Queens. Doña María revisa su teléfono mientras espera el autobús al trabajo. No sabe que alguien ya sabe dónde está. No es un acosador. Es el gobierno de Estados Unidos.

Esta semana, mientras el Senado confirmaba a Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional y nombraba a un nuevo fiscal de fraude en el Departamento de Justicia, una noticia pasó casi desapercibida: agencias federales, incluyendo ICE, están comprando datos masivos de ciudadanos sin orden judicial. No es paranoia. Es un reporte del 25 de marzo verificado.

Los datos vienen de intermediarios que originalmente los recopilaban para publicidad dirigida. Ahora los venden al gobierno. Tu ubicación. Tus búsquedas en internet. Con quién hablas. Todo está disponible para la venta, y nadie te pidió permiso.

"Es como si el gobierno tuviera un acceso que ni siquiera los jueces permiten," dice una abogada de derechos civiles. Tiene razón. Una orden judicial requiere que el gobierno demuestre causa probable. Esta compra de datos requiere un clic de ratón.

Mientas tanto, el cierre parcial del gobierno continúa deteniendo operaciones. Los aeropuertos experimentan retrasos. El Departamento de Seguridad Nacional está sin financiamiento. Delta Airlines hasta suspendió servicios especiales a miembros del Congreso porque no hay recursos. El mensaje es claro: el gobierno no funciona para la gente común. Pero funciona perfectamente para la vigilancia.

Esta es la arquitectura del nuevo autoritarismo estadounidense: mientras los servicios públicos colapsan, la máquina de control se expande sin obstáculos.

El cuadro se completa cuando ves lo que está pasando en los estados. En California, un alguacil republicano secuestró cientos de miles de papeletas bajo la acusación de fraude electoral. La fiscal general del estado dice que no hay evidencia. Pero eso no importa. El mensaje ya circula: el sistema electoral es fraudulento. Erosiona la confianza en la democracia misma.

En Carolina del Norte, Phil Berger, líder del Senado estatal respaldado por Trump, perdió una elección por 23 votos contra un alguacil demócrata. En Florida, Emily Gregory, una demócrata, ganó un escaño legislativo en un distrito que los republicanos ganaron por 19 puntos en 2024. El distrito incluye Mar-a-Lago, la residencia de Trump.

Estas victorias demócratas en territorios republicanos no son casualidad. Son señales de resistencia.

Pero hay una cosa que los medios grandes no dicen: esas victorias están ocurriendo mientras el gobierno federal se vuelve más autoritario, no menos. Mientras la gente vota por candidatos demócratas, su teléfono sigue siendo vigilado sin orden judicial. Sus datos siguen siendo vendidos. Sus libertades civiles siguen siendo erosionadas por una administración que controla todos los poderes ejecutivos.

Mullin, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, es un senador de Oklahoma respaldado por Trump. Reemplaza a Kristi Noem, quien resulta que también era una halcona migratoria. Pero Mullin es diferente: representa una nueva generación de republicanos que ven la seguridad nacional como sinónimo de control total. No control de criminales. Control de la población.

Y mientras esto sucede, Meta —dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp— fue condenada a pagar 375 millones de dólares por engañar a usuarios sobre medidas de seguridad infantil. La firma indica que Meta sabía que sus plataformas ponían a los niños en riesgo y mintió sobre ello. Pero 375 millones es una multa. Para Meta, es un costo de hacer negocios. Seguirán vendiendo datos de menores sin consecuencias reales.

Esta es la estructura completa: el gobierno compra tus datos sin orden judicial. Las corporaciones los recopilan sin consentimiento real. Los políticos usan esa información para ganar elecciones. Y cuando algo sale mal —cuando sufre un niño, cuando se deporta una familia— hay un proceso legal que toma años y que la mayoría de la gente no puede costear.

Hay una grieta, pequeña pero real: los votantes en Florida y Carolina del Norte dijeron no. Eligieron demócratas. Es esperanza. Pero es esperanza que ocurre dentro de un sistema que se vuelve menos democrático cada día.

Doña María todavía no sabe que sus datos están siendo vendidos. Cuando lo sepa, ¿qué podrá hacer? ¿A quién llamará? ¿Cuál es el número de un juez que ordene al gobierno dejar de vigilarla sin orden?

Nadie tiene ese número. Porque en 2026, el gobierno ya ganó esa batalla. Y casi nadie se dio cuenta.

Por Diana Torres