El Senado confirmó un nuevo fiscal especializado mientras la Casa Blanca crea un equipo paralelo. Los beneficiarios de asistencia social podrían ser los primeros en la mira.

El Senado confirmó el 24 de marzo la designación de un nuevo fiscal especializado en persecución de fraude dentro del Departamento de Justicia, una pieza clave de la estrategia de la administración Trump para auditar y desmantelar programas gubernamentales de asistencia social.

La confirmación no fue casual. Ocurrió días después de que la Casa Blanca anunciara la creación de un equipo de trabajo adicional también dedicado a perseguir fraude en programas federales. Dos estructuras paralelas para el mismo objetivo genera una pregunta incómoda: ¿por qué duplicar esfuerzos si realmente se trata de eficiencia?

La respuesta está en los números y en quién suele ser acusado de fraude en estos casos.

La trampa estadística del fraude beneficiario

Los reportes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como de agencias de auditoría, muestran que el fraude en programas de asistencia representa menos del 3% del gasto total en beneficios sociales. Mientras tanto, el fraude corporativo—sobreprecios en contratos de defensa, evasión fiscal, esquemas de financiamiento inmobiliario—suma cientos de miles de millones. Pero nadie construye una unidad especial de persecución para eso.

Esta disparidad no es accidental. Es política deliberada.

Cuando se persigue fraude beneficiario con dos equipos federales simultáneamente, se envía un mensaje claro: los pobres son sospechosos. Se produce un efecto disuasorio que no funciona solo en personas que defraudan—funciona también en personas que tienen derecho pero no solicitan beneficios porque temen ser investigadas.

El costo real de la persecución

Un ciudadano que recibe asistencia por desempleo y no reporta ingresos por un trabajo informal comete un error administrativo. Pero ahora está bajo lupa de dos estructuras federales distintas. El costo de su persecución—investigadores, abogados, tiempo de corte—puede ser diez veces superior al monto defraudado.

Mientras tanto, una corporación multinacional que ajusta sus ganancias entre subsidiarias para minimizar impuestos comete lo que técnicamente es evasión fiscal legal, aunque moralmente sea lo opuesto. Su persecución requeriría especialistas en derecho tributario internacional y recursos que—la administración Trump ha dejado claro—no son prioridad.

Esta es la verdadera distribución del poder en Estados Unidos: los recursos se invierten en perseguir a quien menos puede defenderse.

El dato que no mencionan

Según reportes del Gobierno Rendición de Cuentas (GAO), aproximadamente el 80% de las denuncias de fraude en asistencia social provienen de automáticos errores de procesamiento de datos, no de comportamiento criminal deliberado. Una madre que no actualiza su información porque trabaja dos empleos parte-time, un abuelo cuya pensión se recalcula incorrectamente, un trabajador que no reporta horas extras porque no sabía que debía hacerlo.

Ahora tendrá dos equipos federales investigando su caso.

Precedentes incómodos

Esta estrategia tiene antecedentes. Durante administraciones anteriores, cuando se intensificaron los controles en beneficios, el resultado fue una caída en solicitudes válidas superior a la caída en fraude detectado. Más gente válida excluida que estafadores atrapados.

La Historia sugiere que lo que veremos es un aumento espectacular en acusaciones de fraude beneficiario, titulares que hablan de "limpieza" de programas, y un descenso silencioso en gente que accede a lo que le corresponde. Los números de fraude detenido serán reales. Los números de derechos negados serán invisibles.

Qué pueden hacer ahora

Los abogados especializados en derecho administrativo ya están asesorando a beneficiarios sobre documentación. Las organizaciones de derechos civiles preparan amparos. Pero la realidad es que cualquier ciudadano que reciba asistencia debe asumir que ahora opera bajo vigilancia federalizada.

La pregunta no es si el fraude debe investigarse. Claro que sí. La pregunta es por qué dos agencias federales persiguen a personas que ganan menos de $25,000 anuales mientras el Departamento de Justicia sigue deprioritizando crímenes financieros que afectan a millones.

La respuesta es política. Y eso sí, es información que mereces tener clara.

Por Gabriela Cruz