Del aeropuerto sin guardias de seguridad a los algoritmos que enganchan a los niños: el mismo hilo roto

Una mujer espera en la fila del aeropuerto internacional de Miami. Lleva cuarenta minutos parada con su maleta y sus dos hijos. El cartel de TSA sigue iluminado, la fila sigue moviéndose —lento, muy lento— pero el agente que la revisa tiene la mirada de alguien que no ha dormido bien, que está haciendo su trabajo sin certeza de cuándo verá su cheque. Ella no lo sabe. Él no lo dice. Pero en ese espacio entre los dos, entre la ciudadana que viaja y el trabajador que revisa, hay algo que se llama Estado, y ese algo lleva semanas crujiendo.

No es metáfora. Es literal. Más de cuarenta mil trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos —la TSA, los agentes que revisan maletas y zapatos en cada aeropuerto del país— llevan más de un mes sin cobrar su salario. No porque el presupuesto no exista. No porque el gobierno esté en quiebra. Sino porque la maquinaria de recortes y despidos masivos impulsada desde la Casa Blanca ha dejado sin procesar nóminas, sin personal en oficinas clave, sin quien firme las órdenes que deben firmarse. El caos burocrático no es accidental: es la consecuencia directa de desmantelar el aparato gubernamental a golpe de decreto y euforia ideológica.

Esa escena en el aeropuerto es el resumen de algo más amplio que está pasando en Estados Unidos, y que conviene mirar con cuidado desde este lado del continente.

Hay una tendencia que los politólogos llaman state hollowing out: el vaciamiento del Estado. No su desaparición —eso sería demasiado evidente—, sino su erosión gradual: menos personal, menos capacidad de respuesta, menos dinero para las funciones básicas, mientras las funciones decorativas o represivas se mantienen intactas. El Estado deja de ser el que protege al trabajador, al enfermo, al viajero, y se convierte en el que vigila, deporta, amenaza.

Lo que estamos viendo en Estados Unidos bajo la administración Trump no es solo desorden administrativo. Es una reconfiguración de para qué sirve el gobierno y a quién le sirve. Los recortes de DOGE —el aparato de eficiencia de facto dirigido por el hombre más rico del mundo— no tocaron los contratos de defensa, no tocaron los subsidios corporativos, no tocaron los beneficios fiscales para los más acaudalados. Tocaron a los trabajadores federales. Tocaron a quienes hacen funcionar el aeropuerto, la oficina de migraciones, el archivo del seguro social.

Y el resultado es lo que cualquier sociólogo podría predecir, aunque no hace falta ser sociólogo: un sistema que se traba, que falla, que expulsa frustraciones sobre los cuerpos de quienes menos pueden absorberlas.

Pero hay otro hilo en el tejido de esta semana que no parece conectado y que lo está profundamente.

Un jurado en Estados Unidos acaba de emitir el primer veredicto masivo contra Meta y YouTube por adicción a redes sociales en menores de edad: seis millones de dólares en daños. No es una cifra astronómica comparada con las ganancias de estas empresas —para Meta, seis millones de dólares es lo que gana en cuestión de minutos—, pero el símbolo es enorme. Por primera vez, un tribunal reconoce que el diseño deliberado de plataformas para maximizar el tiempo de pantalla en niñas y niños constituye un daño, una negligencia, algo que merece reparación.

Ahora bien: ¿qué tienen en común un guardia de seguridad sin sueldo en Miami y un adolescente atrapado en el scroll infinito de Instagram?

Tienen en común el mismo abandono estructural.

En un caso, el Estado se retiró de su función reguladora del mercado laboral y dejó a los trabajadores sin el piso mínimo que garantiza la dignidad: el pago a tiempo. En el otro, el Estado —durante años, en varios países— se negó a regular a las plataformas digitales, escudándose en el lenguaje de la innovación y la libertad de expresión, mientras los ingenieros de Silicon Valley afinaban algoritmos diseñados explícitamente para crear dependencia. No como efecto secundario no deseado. Como modelo de negocio.

La desregulación no es neutral. Siempre regula a alguien: protege a quien tiene poder para fijar las reglas del juego y desprotege a quien no puede hacerlo.

Hay algo que la gente siente pero que raramente encuentra nombre. Podría llamarse fatiga de la promesa rota. Es esa sensación de que las instituciones no están de tu lado, que las reglas se aplican de manera distinta según quién seas, que el sistema tiene una memoria selectiva: recuerda tus obligaciones y olvida las suyas.

El trabajador de TSA que lleva un mes sin cobrar no tiene palabras técnicas para describir lo que siente. Tiene la renta que no pagó, la conversación incómoda con el casero, la explicación a los hijos de por qué el viaje de fin de semana ya no es posible. Tiene vergüenza mezclada con rabia. Tiene la certeza, silenciosa y pesada, de que él no importa tanto como el recorte presupuestal que lo dejó sin nómina.

La madre del adolescente que perdió dos años a una pantalla tampoco tiene un nombre para lo que vivió. Tiene las noches que su hijo no durmió, las comidas en las que nadie habló, el momento en que se dio cuenta de que algo se había ido y no sabía cómo recuperarlo. Tiene la culpa —tan injusta, tan ubicua— de quien pensó que era un problema de crianza cuando era un problema de ingeniería.

La vergüenza y la culpa individuales son con frecuencia el depósito donde van a parar los fracasos colectivos. Eso lo dijo alguien mucho más sabio que yo, y sigue siendo verdad.

Mientras tanto, en Palm Beach —a unos kilómetros del aeropuerto donde la mujer espera con sus maletas— hubo esta semana una sorpresa electoral. En un bastión histórico del trumpismo, un candidato demócrata ganó una elección local que nadie esperaba ganar. Los analistas hablan de señal de alarma para el Partido Republicano. Puede que lo sea.

Pero lo que más interesa no es la aritmética electoral. Lo que más interesa es la pregunta que hay debajo: ¿cuánto aguanta la gente antes de que el caos acumulado cambie su voto, su voz, su nivel de tolerancia? ¿Cuántas nóminas sin pagar? ¿Cuántos adolescentes enganchados? ¿Cuántos aeropuertos lentos, cuántas filas interminables, cuántas instituciones que crujen?

Irán le dijo esta semana a Trump que no habrá negociaciones sin reparaciones de guerra sobre la mesa. Es una postura que puede leerse como intransigencia o como memoria histórica, según desde dónde se mire. Pero hay algo en esa exigencia —reparar antes de negociar— que resuena más allá de la diplomacia.

La pregunta que queda flotando, sin respuesta fácil, es si las sociedades también pueden exigir eso alguna vez: reparación antes de seguir adelante. O si seguimos negociando mientras la deuda crece y los que pagan son siempre los mismos.

En el aeropuerto, la fila avanza. El agente revisa. La mujer pasa. Nadie pregunta cómo están.

Por Roberto Medina