Los trabajadores de la TSA llevan semanas sin cobrar. No es un error administrativo. Es una decisión política con nombre y apellido.

Terrence Mitchell llega cada mañana al Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington, se pone el uniforme azul de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y revisa maletas durante ocho horas. Lleva más de un mes haciéndolo sin cobrar un centavo. En casa, según documentó el sindicato que lo representa, tiene dos hijos y una hipoteca que no espera. Le dijeron que el cheque llegará. No ha llegado.

No es el único. Son más de 60,000 empleados federales de la TSA los que han trabajado sin recibir su salario desde que la administración de Donald Trump congeló los pagos como parte de una reestructura presupuestaria que, en la práctica, traslada el costo de gobernar directamente a los trabajadores más vulnerables del aparato estatal: los que no pueden negarse a ir a trabajar sin enfrentar consecuencias legales.

El mecanismo: cómo se deja de pagar sin declararlo

Lo que ocurrió no fue un fallo técnico ni un retraso burocrático accidental. Fue el resultado directo de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en los primeros días de su regreso a la Casa Blanca, que instruyeron a las agencias federales a suspender o diferir pagos mientras se revisaba la estructura de personal del gobierno. La TSA, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, quedó atrapada en esa revisión.

El problema legal es claro: la Ley de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act) prohíbe que el gobierno federal retenga salarios de empleados que ya trabajaron. Pero la administración encontró un resquicio: no declaró oficialmente una suspensión de pagos. Simplemente no procesó las nóminas a tiempo, y cuando los trabajadores preguntaron, recibieron respuestas vagas sobre "ajustes en curso".

Según reportes del Sindicato Americano de Empleados Gubernamentales (AFGE), que representa a miles de agentes de la TSA, la situación comenzó a agravarse a partir de la segunda semana de marzo. Para finales de mes, la mayoría de los trabajadores afectados llevaban entre 25 y 35 días sin depósito. Algunos recurrieron a préstamos de emergencia. Otros simplemente dejaron de pagar sus facturas y esperan.

La cadena de responsabilidad

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó los memorandos internos que instruyeron a la TSA a participar en la revisión de nóminas. El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, fue quien diseñó el marco presupuestario que hizo posible la congelación. Y Trump, naturalmente, es quien firmó las órdenes ejecutivas que pusieron todo este engranaje en movimiento.

No hubo un funcionario que dijera públicamente: "No vamos a pagarles este mes." Lo que hubo fue una cadena de decisiones técnicas y administrativas que produjeron exactamente ese resultado, con la ventaja adicional de que nadie tiene que responder por ello porque, formalmente, nadie dijo que eso era lo que iban a hacer.

Esta es la forma contemporánea en que se castiga a los trabajadores del Estado: no con un decreto visible y atacable, sino con una parálisis burocrática diseñada para que la víctima no sepa bien a quién reclamarle.

Lo que no dicen los aeropuertos colapsados

En paralelo, el caos operativo en los aeropuertos estadounidenses ha escalado de manera sostenida desde enero. Retrasos sistémicos en los controles de seguridad, filas que duplican los tiempos habituales, agentes visiblemente agotados. Los medios lo cubren como un problema logístico. No lo es.

Un trabajador que lleva un mes sin cobrar no rinde igual. Un agente de seguridad que no sabe si podrá pagar su renta la semana siguiente no está, mentalmente, operando al cien por ciento. La conexión entre la crisis salarial de la TSA y el deterioro operativo de los aeropuertos es directa, documentada por los propios sindicatos y, sin embargo, casi ausente de la cobertura convencional, que prefiere hablar de "problemas de personal" sin explicar por qué existe ese problema.

Mientras tanto, las aerolíneas —que dependen de que esos agentes trabajen— siguen facturando con normalidad. Los pasajeros de primera clase abordan sin demoras gracias a carriles exprés que no dependen de los mismos agentes subpagados. La desigualdad no es un efecto secundario del sistema. Es la arquitectura.

La pregunta que nadie hace

¿Puede el gobierno federal de Estados Unidos obligar legalmente a sus empleados a trabajar sin pagar y sin consecuencias? La respuesta corta es: no. La respuesta real es: depende de quién tenga capacidad de litigar, de cuánto tiempo esté dispuesto a esperar y de si el sindicato tiene recursos para sostener la batalla legal mientras los trabajadores siguen sin comer.

Nadie en el Congreso republicano ha presentado una resolución de emergencia para garantizar el pago de estos salarios. Nadie en la Casa Blanca ha dado una fecha concreta de resolución. Y la cobertura mediática dominante trata el tema como un inconveniente administrativo pasajero, no como lo que es: una violación sistemática de derechos laborales básicos perpetrada por el Estado contra sus propios trabajadores.

La pregunta incómoda no es cuándo van a pagar. La pregunta es por qué se normalizó tan rápido la idea de que 60,000 personas trabajen gratis durante semanas y eso no genere una crisis política de primer orden.

El peso que queda

Terrence Mitchell va a seguir llegando al aeropuerto mañana. No porque quiera trabajar gratis. Sino porque si no va, puede perder su empleo bajo las nuevas reglas de la administración Trump que facilitan el despido de empleados federales. Su única opción es seguir trabajando y esperar que alguien, en algún despacho de Washington, decida que ya es suficiente.

Eso no es un problema de gestión pública. Es el retrato exacto de lo que significa cuando el Estado deja de ver a sus trabajadores como personas y los convierte en variables de ajuste presupuestario.

El dinero para pagarles existe. Siempre existió. La decisión de no hacerlo fue exactamente eso: una decisión.

Por Carmen Delgado