La Cámara rechaza propuesta del Senado mientras miles de trabajadores federales enfrentan crisis económica y el caos paraliza los aeropuertos

En las puertas de los aeropuertos más concurridos del país, agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) llegan a trabajar sin saber si podrán pagar la renta este mes. Hace más de treinta días que no reciben un centavo. Mientras tanto, en el Capitolio, los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el plan del Senado para terminar el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, dejando a decenas de miles de trabajadores federales en la incertidumbre y a los viajeros enfrentando filas caóticas y esperas impredecibles.

El escenario es tan absurdo como devastador: personas encargadas de la seguridad nacional trabajando sin paga mientras sus líderes en Washington se niegan a llegar a un acuerdo. Los agentes de TSA, que ganan entre 28 mil y 35 mil dólares anuales en promedio, son exactamente el tipo de trabajador que no puede darse el lujo de una brecha de pago de más de treinta días. No tienen fondos de inversión que consultar. No tienen múltiples propiedades generando ingresos pasivos. Tienen hipotecas, colegiaturas, medicinas que pagar.

"Estoy trabajando sin paga porque mi país lo necesita, pero nadie en Washington está pensando en mis hijos", dijo un agente de TSA en el aeropuerto de Nueva York a un periodista local. Su caso no es anecdótico. Es el retrato de una crisis que afecta a cientos de miles de trabajadores federales.

El caos en los aeropuertos es la consecuencia más visible. Las filas se extienden más allá de lo que los pasillos pueden contener. Viajeros esperan dos, tres, a veces cuatro horas para pasar los puntos de seguridad. Algunos pierden sus vuelos. Otros cancelan viajes de negocios o familiares. El sistema que se suponía que debería funcionar con eficiencia — especialmente después de los ataques del 11 de septiembre — ahora es un símbolo de disfunción política.

Y la responsabilidad de este desastre recae directamente en una decisión política deliberada.

El Senado, controlado por los demócratas, aprobó un proyecto de ley para terminar el cierre. Era un esfuerzo bipartidista, el tipo de propuesta que en teoría debería tener apoyo. Pero los republicanos de la Cámara — donde tienen la mayoría — lo rechazaron. La razón oficial es un desacuerdo sobre financiamiento de frontera, una política que nada tiene que ver con la operación del Departamento de Seguridad Nacional pero que se convirtió en rehén político.

Este es el funcionamiento real del cierre presupuestario estadounidense: un mecanismo que permite a una minoría política tomar rehenes a trabajadores federales y al público en general para presionar sus demandas legislativas. Los republicanos lo han usado antes. Los demócratas también lo han hecho. Pero esta vez, mientras agentes de TSA llegan a trabajar sin dinero en sus cuentas bancarias, la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de país permite esto?

La historia nos da contexto. Los cierres federales estadounidenses se han vuelto más frecuentes desde 2013. Lo que antes era excepcional — un evento rarísimo en la historia política de Estados Unidos — ahora ocurre cada pocos años. Esto no sucede por accidente. Sucede porque algunos actores políticos descubrieron que pueden usarlo como herramienta de negociación sin consecuencias políticas serias para ellos mismos.

Mientras tanto, quién paga el costo real? Los trabajadores federales. Las pequeñas empresas que dependen de contratos federales. Los pasajeros que dependen de aeropuertos funcionales. No los legisladores que rechazaron el acuerdo. Ellos seguirán cobrando sus salarios.

En México, cuando un conflicto laboral paraliza un servicio, generalmente el gobierno sale a negociar porque entiende que tiene responsabilidad pública. Las demandas de los trabajadores reciben cobertura mediática. Sus nombres aparecen en los periódicos. Sus historias personales importan en el debate público.

En Estados Unidos, los agentes de TSA no tienen ese poder de movilización. No pueden convocar a una asamblea masiva en el Zócalo. No tienen sindicatos fuertes que puedan obligar negociaciones públicas. Así que pasan día tras día en el aeropuerto, verificando mochilas y pasaportes, sin cobrar.

La pregunta de fondo permanece: ¿cuándo un país decide que los trabajadores federales son prescindibles en un juego político? ¿Cuándo decide que la seguridad aeroportuaria puede degradarse porque hay un desacuerdo sobre financiamiento de frontera?

Los republicanos de la Cámara dicen que tienen principios. Los demócratas del Senado dicen que también. Mientras tanto, en los mostradores de TSA de Atlanta, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gente ordinaria que eligió servir a su país espera noticias que nunca llegan. Sus cuentas bancarias no entienden de principios políticos. Solo entienden números rojos.

Por Fernando Lopez