La decisión de Trump de cuestionar la ciudadanía por nacimiento podría afectar a millones de menores en acceso a educación, salud y beneficios sociales

Mariana tiene ocho años. Nació en un hospital de Queens hace ocho años. Su acta de nacimiento dice "Nueva York". Su madre la llevó a la escuela pública el año pasado. Pero ahora, mientras la administración Trump cuestiona si los niños nacidos en territorio estadounidense son automáticamente ciudadanos, Mariana y millones como ella viven en la incertidumbre.

La Corte Suprema de Estados Unidos revisará una pregunta que parecía zanjada hace 150 años: ¿tienen derecho automático a la ciudadanía todos los nacidos en territorio estadounidense? El presidente Trump afirma que no existe tal garantía en la Constitución. Si la Corte falla a su favor, millones de menores nacidos en este país podrían perder acceso a educación K-12, Medicaid y beneficios del Seguro Social.

Lo que Trump está cuestionando no es una norma menor. Es la decimocuarta enmienda, adoptada en 1868. Dice: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos... son ciudadanos de Estados Unidos". Es parte de la Constitución. Parece claro. Pero Trump dice que la palabra "naturalizadas" limita la ciudadanía automática solo a menores cuyos padres completaron procesos migratorios formales.

Esta es la clase de argumento que funciona en documentos legales. Pero si miras hacia afuera, ves a Mariana. Ves a la maestra de preescolar en el Bronx cuya hija podría perder acceso a educación pública. Ves a la madre con diabetes que no sabe si su hijo nacido aquí podrá mantener Medicaid el próximo año.

La cifra que importa: hay aproximadamente 5.5 millones de menores nacidos en Estados Unidos con al menos un padre no ciudadano. La mayoría son hijos de inmigrantes indocumentados. No son números abstractos. Son niños en aulas de este país. Son familias que pagan impuestos sobre nómina aunque nunca esperen retirase con el Seguro Social.

El cambio de enfoque en Washington es sintomático de algo más amplio. En la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la agencia federal creada hace 60 años para proteger a trabajadores vulnerables y desatendidos, la nueva presidenta designada por Trump, Andrea Lucas, ha reorientado la agenda. Ahora el énfasis está en equidad para hombres blancos. La agencia que monitoreaba discriminación contra minorías raciales ahora gasta recursos en quejas de empleados blancos.

No es coincidencia. Es un patrón. En educación, en salud, en derechos civiles, en empleos, hay un giro deliberado: si las políticas anteriores protegían a minorías, ahora deben proteger a las mayorías blancas. Y mientras tanto, los menores nacidos aquí, los trabajadores inmigrantes, los veteranos militares que se están dando cuenta de que la guerra que el presidente está considerando librar contra Irán llegará a sus propias familias — estos quedan expuestos.

Encuestas recientes muestran grietas en la coalición que llevó a Trump al poder. Docenas de veteranos militares candidatos al Congreso están adaptando sus mensajes de campaña ante la posibilidad de una guerra con Irán. En estados electorales clave, republicanos tienen dificultades para minimizar las consecuencias. Porque una cosa es hablar de guerra en un mitin. Otra cosa es explicarles a las familias de militares que sus hijos podrían estar en esa guerra.

Mientras tanto, Trump ha sugerido la posibilidad de enviar tropas para controlar la isla Kharg, terminal clave de exportación petrolera iraní. La estrategia se alinea con objetivos de seguridad energética estadounidense. Pero quién paga el precio de esos objetivos no está en las reuniones estratégicas. Es el soldado en el Golfo Pérsico. Es la familia en Ohio esperando noticias.

Y en los tribunales, la Corte Suprema está a punto de decidir si millones de menores nacidos en territorio estadounidense — que hablan inglés, que van a escuelas públicas, que no conocen otro país — deberían perder ciudadanía automática porque sus padres no completaron trámites migratorios.

Mariana no sabe nada de esto. Va a la escuela. Hace la tarea. Pero su madre sabe. Está esperando la decisión de la Corte como si fuera un veredicto personal.

Por Diana Torres