Trump cuestiona derecho constitucional de la 14ª Enmienda. Una sentencia en contra podría dejar sin acceso a educación, salud y beneficios sociales a menores nacidos en territorio estadounidense.

En una escuela primaria de Phoenix, Arizona, hay 23 niños en el salón de tercero de primaria. Todos nacieron en territorio estadounidense. Todos hablan inglés como primera lengua. Todos tienen historias de familia, amigos, barrios. Pero si la Corte Suprema decide en los próximos meses que el nacimiento en suelo estadounidense no garantiza automáticamente la ciudadanía, al menos algunos de esos niños podrían despertar un día sin derechos básicos: sin acceso garantizado a la educación pública, sin cobertura de Medicaid, sin los beneficios de Seguro Social que sus padres pagan cada quincena.

Esta no es especulación. El presidente Trump ha cuestionado explícitamente la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, que desde 1868 establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos". Y la Corte Suprema ha aceptado revisar si existe realmente una garantía constitucional de ciudadanía automática para todos los nacidos en territorio estadounidense.

Para entender por qué esto importa ahora, hay que retroceder. La 14ª Enmienda fue aprobada después de la Guerra Civil, específicamente para garantizar que los hijos de esclavizados liberados fueran ciudadanos estadounidenses. Era una respuesta a siglos de exclusión legal. Durante 155 años, esa garantía se ha considerado como el fundamento más básico de la pertenencia política en Estados Unidos: si naciste aquí, eres ciudadano. Punto.

Pero Trump argumenta que esa garantía nunca fue tan clara como creíamos. Dice que las palabras "sujetas a su jurisdicción" en la enmienda crean una excepción: que los hijos de personas en el país sin documentos o con visa temporal no estarían "sujetos" de la misma manera. Es un argumento que expertos constitucionales han debatido durante años, pero que nunca había ganado tracción política como ahora.

Las implicaciones son enormes. Según datos del Centro de Investigación Pew, aproximadamente 5.5 millones de menores en Estados Unidos tienen al menos un progenitor indocumentado. No todos nacieron aquí, pero millones sí. Un cambio en la ciudadanía por nacimiento no afectaría solo a hijos de migrantes indocumentados — la lógica podría aplicarse también a hijos de personas con visas de trabajo temporal, estudiantes internacionales, incluso diplomáticos.

Lo concreto: si la Corte Suprema falla en contra de la ciudadanía automática por nacimiento, esos menores perderían acceso garantizado a educación K-12 pública financiada por impuestos. Perderían elegibilidad para Medicaid. Perderían beneficios de Seguro Social si sus padres contribuyeron al sistema. Perderían acceso a becas federales, a programas de asistencia alimentaria.

Estos no son beneficios margínales. La educación pública es una de las principales herramientas de movilidad social en el país. Medicaid es la cobertura de salud para más de 72 millones de personas, incluyendo casi 30 millones de menores. El Seguro Social es la red de contención más grande contra la pobreza infantil en Estados Unidos.

Para una familia en Phoenix, o en Las Vegas, o en Los Ángeles, un cambio así significaría que sus hijos nacidos en territorio estadounidense podrían enfrentar incertidumbre legal radical. Las escuelas tendrían que verificar ciudadanía para matricular. Los hospitales tendrían que documentar estatus legal para acceso a emergencias. El país estaría dividido entre ciudadanos de pleno derecho y menores en un limbo legal.

Lo más preocupante es que la Corte Suprema actual es conservadora. Trump designó tres de los nueve jueces. El tribunal ha mostrado disposición a cuestionar derechos que parecían sedimentados. Y aunque algunos expertos constitucionales creen que la 14ª Enmienda es clara, otros ven espacio para interpretación.

Mientras esperamos el fallo, hay una pregunta política que debemos hacer: ¿quién se beneficia de esto? Ciertamente no los padres trabajadores que pagan impuestos, cuyos hijos nacieron aquí y hablan inglés. Los que se benefician son quienes buscan limitar acceso a servicios públicos, reducir la población elegible para programas sociales, crear incertidumbre legal que desincentive la migración.

Es un cambio que tiene apariencia técnico-constitucional, pero que es radicalmente político. Y sus consecuencias caerían sobre los niños en ese salón de Phoenix que no tuvieron opción de elegir dónde nacer.

Por Luis Ramos