El ambicioso programa de control de armas deja en evidencia los límites de la política sin ejecución estatal suficiente

Cuando el gobierno canadiense anunció en 2020 la prohibición de 2,500 modelos de rifles de estilo asalto como parte de su mayor esfuerzo de control de armas en décadas, la intención parecía clara: sacar del circuito civil las armas que causan más daño. Pero cuatro años después, el programa de recompra —el mecanismo para que los ciudadanos entregaran voluntariamente sus armas prohibidas— ha alcanzado apenas el 50% de su objetivo. Es una lección incómoda sobre la distancia entre la política anunciada y la política ejecutada, especialmente cuando no va acompañada de los recursos y la voluntad política necesarios.

Para entender por qué esto importa, hay que pensar en lo que significa: decenas de miles de armas de fuego prohibidas siguen circulando legalmente en manos privadas en Canadá. No es un fracaso técnico de una agencia. Es un fracaso de la coherencia estatal.

El programa funcionaba con un incentivo económico: los ciudadanos que entregaban voluntariamente sus armas recibían dinero. Suena simple. Pero la realidad fue más complicada. Primero, el gobierno subestimó cuántas personas tenían estas armas. Segundo, no asignó suficientes recursos para ejecutar el programa en todo el país con la velocidad necesaria. Tercero, no cerró los espacios legales que les permitían a los propietarios mantener sus armas mientras esperaban —algunos dijeron que indefinidamente.

Este es un problema que reconocemos en México y Estados Unidos con otras políticas públicas: cuando el gobierno anuncia una cosa, pero no invierte en hacerla realidad, la anunció principalmente para verse bien en las fotos de prensa. La gente que cuenta con recursos —que en este caso son propietarios de armas en Canadá— simplemente espera a que la voluntad política se disuelva.

Lo que hace particularmente frustrante este fracaso canadiense es que llegó acompañado de la narrativa correcta. Los estudios muestran que el acceso fácil a rifles de asalto correlaciona con mayores tasas de mortalidad por armas de fuego. Canadá, como sociedad, decidió que algo debía cambiar después de masacres como la de 2020 en Nueva Escocia, donde un tirador mató a 22 personas. El programa de recompra era la herramienta para llevar esa decisión de arriba hacia abajo.

Pero aquí está el detalle que expone una verdad incómoda sobre cómo funcionan los gobiernos neoliberales en Norteamérica: prefieren convencer a los ciudadanos de que entreguen voluntariamente sus armas, antes que simplemente decomisar las armas ilegales y punto. La recompra es una política que respeta la propiedad privada incluso mientras la viola conceptualmente. Es una concesión a los dueños de armas y a la industria armamentística que vende la narrativa de que el mercado (en este caso, dinero ofrecido) es el mejor mecanismo de cambio.

México vio algo parecido con programas de decomiso de armas que también alcanzaron objetivos parciales. La diferencia fue que en México, al menos, el decomiso no dependía de la voluntad del delincuente. Aquí en Canadá, les preguntaron amablemente si querían entregar sus armas ilegales. Muchos dijeron que no.

Los números importan menos que lo que revelan: un gobierno que no se atreve a ejercer su monopolio de la fuerza legítima cuando la política pública lo exige. O que no invirtió lo suficiente en hacerlo. O ambas cosas. El resultado es que 2,500 modelos de armas prohibidas siguen siendo legales en el sentido más práctico: están en manos de gente que no las entregó y que el gobierno no fue a buscar.

Es un recordatorio de que la desigualdad económica en Norteamérica tiene muchas caras. Una de ellas es la capacidad de resistir las políticas públicas cuando tienes dinero o conexiones. Los propietarios de estas armas en Canadá tienen la opción de esperar. Un trabajador sin seguro de salud en Estados Unidos, o una familia sin acceso a educación pública de calidad en México, no tienen esa opción.

Cuando se anuncia una política de control de armas, es fácil celebrarlo. Pero lo que importa es si el Estado tiene la capacidad, los recursos y la voluntad de ejecutarla. Canadá acaba de mostrar que le falta al menos uno de esos tres elementos. La pregunta ahora es si el gobierno invertirá lo necesario para terminar el trabajo que comenzó, o si este fracaso del 50% se convertirá en la nueva normalidad: una política buena en el papel, insuficiente en la práctica.

Por Luis Ramos