La administración propone la mayor asignación militar en décadas, reduciendo 10% el gasto doméstico que sostiene salud, educación y vivienda

Cuando Rosa María se sienta a la mesa de su casa en las afueras de Phoenix, Arizona, lo primero que hace es separar mentalmente su salario de trabajadora doméstica en pilas: renta, servicios, comida, medicinas. No le queda mucho. Ella, como millones de estadounidenses, depende de programas de asistencia federal para complementar lo que gana. Esa realidad acaba de chocar contra una decisión de presupuesto que habla de prioridades muy diferentes a las suyas.

El presidente Trump presentó su propuesta de presupuesto federal para 2027 con una cifra que suena casi inverosímil: 1.5 billones de dólares para defensa. Es la solicitud más grande de gasto militar en décadas. Pero aquí viene lo que afecta directamente a Rosa María y a decenas de millones como ella: para financiar esa cifra colosal, la administración propone reducir en un 10 por ciento todo el gasto no militar.

Dejemos claro qué significa eso. El gasto no militar incluye educación, salud pública, vivienda, asistencia a familias de bajos ingresos, infraestructura, investigación científica civil. Es decir, todo lo que sostiene la vida cotidiana de la mayoría de los estadounidenses. Un corte del 10 por ciento en esos rubros no es una cifra abstracta. Son escuelas con menos maestros, clínicas comunitarias que cierran, programas de nutrición infantil reducidos, familias como la de Rosa María perdiendo acceso a ayudas que les permiten sobrevivir.

Para ponerlo en perspectiva: 1.5 billones de dólares es aproximadamente lo que todos los estadounidenses gastan en educación superior en un año. Es tres veces el presupuesto completo del Departamento de Educación. Es equivalente a 18 años del presupuesto total de los servicios de salud del país. Pero sobre todo, es una decisión política que grita claramente donde están las prioridades.

La pregunta que todo periodista debe hacer es: ¿quién gana con esto? No es misterio. Los contratos de defensa benefician a corporaciones como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics. Son empresas que cada dólar adicional en presupuesto militar se traduce directamente en ganancias corporativas, en bonos de ejecutivos, en dividendos para accionistas. Entre 2000 y 2023, mientras los salarios reales de los trabajadores estadounidenses estancados, los ingresos de las cinco principales contratistas de defensa se multiplicaron por 2.5.

Ahora, es justo preguntar: ¿es necesario ese gasto en defensa? Ese es un debate legítimo. Estados Unidos ya gasta más en defensa que los 10 países siguientes combinados. Su presupuesto militar es mayor que el de China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y el resto del mundo juntos. Pero ese debate casi no existe en Washington porque la industria de defensa es el mayor lobby de Estados Unidos, con puertas abiertas en ambos partidos.

Lo que sí podemos nombrar claramente es la economía política detrás de esta decisión. Es una redistribución de recursos hacia arriba. Hacia corporaciones. Hacia el complejo militar-industrial. Lejos de trabajadores, familias pobres, ancianos, niños.

Un análisis del Instituto de Política Económica en Washington calculó que cada dólar en reducción de programas domésticos significa pérdida de empleos. Los trabajadores de clínicas comunitarias, de escuelas públicas, de agencias de vivienda social, perderían sus empleos. Y esos son empleos relativamente bien pagados, empleos que sostienen comunidades. Mientras, los nuevos contratos militares se concentran en unos pocos estados, frecuentemente donde ya hay concentración de riqueza.

Lo que no está en debate es por qué esto tiene que ser una opción. Por qué un país con la economía más grande del mundo tiene que escoger entre hospitales y misiles, entre maestros y sofisticadas armas. La respuesta no es económica, es política. Es sobre poder. Sobre quién tiene voz en Washington. Los trabajadores como Rosa María no tienen lobistas. Las corporaciones de defensa sí.

Mientras esto ocurre, la inflación sigue presionando los salarios reales. Los costos de vivienda son insostenibles en la mayoría del país. Casi 30 millones de estadounidenses viven en pobreza. Y la respuesta es: gastemos aún más en defensa, cortemos lo que ayuda a la gente.

Esto no es inevitabilidad económica. Es una decisión. Y como toda decisión política, puede ser rechazada. Pero para eso, primero hay que nombrar qué es realmente: una redistribución de riqueza pública hacia el capital corporativo, sobre la espalda de trabajadores y familias que ya no pueden escoger entre pagar la luz o comprar la despensa.

Por Luis Ramos