Cuando un gobierno decide quién merece vivir y quién puede morir, no lo anuncia así. Lo escribe en números.

En cualquier mercado popular de cualquier ciudad de México, hay una sabiduría que circula entre los puestos como moneda corriente: dime en qué gastas y te digo quién eres. No hace falta ser contador ni economista. Basta con ver la libreta de gastos de una familia para saber qué le duele, qué protege, qué sacrifica. Lo mismo aplica a los gobiernos, aunque ellos se esfuerzan mucho más en disfrazar la libreta.

Esta semana, la administración de Donald Trump presentó ante el Congreso estadounidense una propuesta presupuestaria que, leída con calma, dice todo lo que ningún vocero oficial diría en voz alta: 1.5 billones de dólares —sí, billones con b, la cifra que cuesta trabajo imaginar— para defensa y aparato militar, mientras se proponen recortes severos a Medicaid, el programa de salud que cubre a más de 70 millones de personas, la mayoría de ellas trabajadoras de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad. Al mismo tiempo, la maquinaria de deportaciones avanza hacia la meta del millón de expulsiones anuales, y la Corte Suprema debate si el derecho a la ciudadanía por nacimiento —consagrado en la Decimocuarta Enmienda desde 1868— puede reinterpretarse para excluir a los hijos de migrantes indocumentados.

Todo esto en la misma semana. No es coincidencia. Es coherencia.

Hay una operación ideológica que los gobiernos de derecha ejecutan con notable eficiencia y que conviene nombrar con precisión: el reencuadre de la crueldad como necesidad. El mecanismo funciona así: primero se declara una emergencia —migratoria, presupuestaria, de seguridad nacional— y luego se presentan las medidas más duras como respuestas inevitables a esa emergencia, no como elecciones políticas. El recorte a la salud no es una decisión de quién merece protección; es "austeridad fiscal". La deportación masiva no es la expulsión de millones de personas con historia, familia y trabajo en ese país; es "control de la frontera". El gasto militar récord no es la apuesta de una élite por el poder coercitivo global; es "seguridad nacional".

Lo que desaparece en ese reencuadre es la pregunta central: ¿a quién le cuesta todo esto?

Le cuesta a la mujer de 58 años que limpia oficinas en Houston y que, sin Medicaid, no puede pagar el control de su diabetes. Le cuesta al joven que llegó a los tres años desde Guatemala, que habla inglés sin acento, que estudió en escuelas públicas estadounidenses y que ahora vive con la amenaza de ser deportado a un país que no conoce. Le cuesta al trabajador migrante que lleva quince años pagando impuestos sin poder votar, sin poder reclamar los beneficios sociales que financia, y que ahora puede ser detenido en la calle camino al trabajo.

El presupuesto, en cambio, no le cuesta nada al accionista de Lockheed Martin, cuyas acciones suben cada vez que Washington anuncia un nuevo ciclo de gasto militar. No le cuesta al magnate que estructura su fortuna en fideicomisos diseñados para no pagar herencias. No le cuesta al lobby farmacéutico, que sobrevive sin Medicaid porque su mercado real son quienes pueden pagar.

La tensión con Irán que escala esta semana —el incidente del piloto rescatado, las amenazas directas de Trump— se lee mejor desde este mismo marco. El belicismo exterior y la austeridad interior no son contradicciones de una política incoherente. Son dos caras de la misma lógica: el Estado existe para proteger el orden del capital, no para garantizar el bienestar de la mayoría. La guerra es el negocio más rentable que existe. Y la miseria doméstica, cuando se administra bien, es también un mecanismo de control: la gente que lucha por sobrevivir tiene menos tiempo para organizarse.

Esto no es teoría. Es historia reciente. Cada gran ciclo de gasto militar en Estados Unidos ha venido acompañado de recortes al gasto social. Reagan lo hizo. Bush lo hizo. Trump lo hace ahora con una brutalidad que ya no necesita disfrazarse porque el consenso mediático se ha acostumbrado al espectáculo y ha perdido la capacidad de escandalizarse.

Hay algo que la gente siente pero que rara vez encuentra formulado con claridad: la sensación de que el sistema no está roto, sino que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Que la salud se recorta no porque no haya dinero —hay 1.5 billones para armamento— sino porque hay una decisión política de hacia dónde va ese dinero. Que la migración se criminaliza no porque los migrantes sean una amenaza —las cifras de criminalidad los desmienten sistemáticamente— sino porque necesitan un enemigo que movilice el miedo electoral y justifique el aparato de control.

Esa sensación tiene nombre en la sociología política: se llama violencia estructural. No es la violencia del golpe o la bala. Es la violencia del formulario que no puedes llenar porque no tienes papeles, del medicamento que no puedes comprar porque perdiste la cobertura, del derecho a existir legalmente en el único país que conoces que de repente está en disputa en una corte suprema.

Lo que la Corte Suprema debate sobre la ciudadanía por nacimiento no es un tecnicismo constitucional. Es la pregunta más brutal que un Estado puede hacer: ¿eres de aquí o no? ¿Tienes derechos o no? ¿Eres persona o eres problema?

Hace algunos años, el escritor James Baldwin escribió algo que no ha envejecido ni un día: "No todo lo que se enfrenta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se enfrenta." La semana que vivimos en Washington es, en ese sentido, una oportunidad de ver con claridad lo que siempre ha estado ahí: un presupuesto es una declaración moral. Dice quién importa y quién no. Dice a qué le teme el poder y qué está dispuesto a sacrificar para conservarlo.

Millones de personas en Estados Unidos —trabajadoras, migrantes, adultos mayores, jóvenes sin papeles— están leyendo ese presupuesto aunque no lo sepan. Lo leen en la carta del hospital, en la citación migratoria, en el silencio de una oficina de servicios sociales que ya no tiene fondos.

La pregunta que queda flotando, sin respuesta fácil, es cuánto tiempo puede un sistema sostener esa ecuación: billones para la guerra, recortes para los enfermos, deportaciones para los trabajadores, y una Corte Suprema decidiendo si algunos niños nacidos en territorio estadounidense son, o no, estadounidenses.

La libreta de gastos ya habló. La pregunta es quién la está leyendo.

Por Roberto Medina