La Corte Suprema no debate un tecnicismo constitucional. Debate si ciertos cuerpos merecen pertenecer.

Marleni Quispe llegó a Estados Unidos con una visa de trabajo temporal en 2017, embarazada de siete meses. Su hija nació en un hospital de Phoenix. La niña tiene hoy ocho años, habla inglés con acento de Arizona, va a la escuela pública del barrio y tiene un pasaporte estadounidense. Según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución —vigente desde 1868— eso es exactamente lo que debería tener. Según la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el primer día de su segundo mandato, ese pasaporte es un error que el Estado tiene el deber de corregir.

La Corte Suprema no escuchó argumentos sobre Marleni ni sobre su hija. Escuchó argumentos sobre jurisdicción, sobre si los jueces federales de instancias inferiores tienen autoridad para bloquear órdenes presidenciales de alcance nacional. Pero la pregunta jurídica de superficie no cambia la pregunta real que está debajo: ¿puede el poder ejecutivo redefinir quién es ciudadano sin pasar por el Congreso ni por una enmienda constitucional? ¿Puede un presidente, con una firma, convertir a cientos de miles de niños nacidos en suelo estadounidense en personas sin estatus legal?

El mecanismo: una enmienda reinterpretada por decreto

La Decimocuarta Enmienda es, en términos de derecho constitucional, extraordinariamente clara: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos". La jurisprudencia que la rodea es igualmente clara. En 1898, el caso United States v. Wong Kim Ark estableció que un hijo de inmigrantes chinos —en una época en que los chinos no podían naturalizarse— era ciudadano por haber nacido en territorio estadounidense. Ese precedente lleva 127 años sin ser revertido.

Lo que la orden ejecutiva de Trump intenta no es reinterpretar la enmienda con nuevos argumentos jurídicos. Es ignorarla mediante decreto administrativo, apostando a que la composición actual de la Corte Suprema —seis magistrados designados por presidentes republicanos, tres de ellos nombrados por el propio Trump— esté dispuesta a validar esa apuesta. No es una estrategia legal. Es una estrategia política que usa el derecho como instrumento.

La orden establece que los hijos de personas en situación migratoria irregular o con visas temporales no serían considerados ciudadanos al nacer. El Departamento de Estado ya comenzó a implementar criterios administrativos en ese sentido antes de que los tribunales federales la bloquearan de manera provisional. No esperó al fallo. Actuó primero.

Según datos del Centro de Estudios de Inmigración, aproximadamente 4.4 millones de personas en Estados Unidos nacieron en ese país de padres sin estatus migratorio permanente. Si la Corte Suprema permitiera que la orden ejecutiva entre en vigor —o si limitara la capacidad de los jueces federales de bloquearla en todo el país— ese número comenzaría a crecer de inmediato: cada niño nacido después de la fecha de implementación quedaría en un limbo legal que no existe en ningún instrumento jurídico estadounidense vigente. Serían personas nacidas en territorio estadounidense, criadas en territorio estadounidense, que no serían ciudadanas de Estados Unidos ni, necesariamente, de ningún otro país.

La cadena de responsabilidad

La orden la firmó Trump. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó a aplicarla. El Departamento de Estado ajustó sus formularios. El fiscal general interino —en un momento en que Pam Bondi acaba de ser destituida en medio de la convulsión política de la administración— no presentó una opinión jurídica que cuestionara la constitucionalidad de la medida antes de su implementación.

En el Congreso, la respuesta republicana fue el silencio o el aplauso. Ningún senador republicano presentó legislación para clarificar el alcance de la Decimocuarta Enmienda ni para detener administrativamente una medida que, según constitucionalistas de todas las tendencias —incluidos conservadores como el exjuez Michael Luttig— carece de fundamento legal.

Y la Corte Suprema, al aceptar escuchar el caso antes de que los tribunales inferiores completaran su revisión, aceleró un proceso que normalmente tarda años. Esa prisa no es neutral. Los tiempos judiciales son también decisiones políticas.

Mientras tanto, en el Congreso se debaten recortes a Medicaid que afectarían a millones de familias de bajos ingresos, y el presupuesto que la administración envió al Capitolio incluye 1.5 billones de dólares adicionales para defensa y seguridad. La deportación masiva —un millón de personas en el primer año, según los objetivos declarados de la administración— requiere infraestructura, contratistas, centros de detención. Requiere, sobre todo, que los deportados no tengan derechos que los retengan. Despojar de ciudadanía a sus hijos nacidos aquí es parte de la misma arquitectura.

La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional

La prensa dominante cubre este caso como un debate constitucional sobre el poder judicial: ¿tienen los jueces demasiada autoridad para bloquear al ejecutivo? Es una pregunta legítima. Pero encuadrar el debate así —como una disputa entre poderes— oculta la pregunta más directa: ¿qué le pasa a la hija de Marleni si la Corte falla en la dirección que la administración espera?

La niña de ocho años de Phoenix no es una abstracción jurídica. No es un argumento sobre jurisdicción. Es una persona que mañana podría ir a renovar su pasaporte y encontrarse con que el Estado que la reconoció al nacer ya no la reconoce. Que la escuela a la que va no está obligada a recibirla de la misma manera. Que su madre podría ser deportada sin que ella pueda retenerla mediante ningún vínculo legal, porque ese vínculo —la ciudadanía del hijo nacido aquí— sería el que la orden pretende eliminar.

Eso no es un tecnicismo. Es una política de disolución familiar ejecutada desde los más altos niveles del Estado.

El peso de lo que se está decidiendo

Cuando la Corte Suprema emita su fallo —se espera antes de que termine el año judicial en junio— lo hará en términos de precedentes, de tests constitucionales, de doctrina sobre las injunctions universales. Usará el lenguaje que el derecho exige.

Pero lo que estará decidiendo, en términos que el derecho no siempre nombra, es si la ciudadanía es un derecho que se tiene o una condición que el Estado otorga y puede retirar según la composición política de quien gobierne.

Esa distinción no es menor. Es la diferencia entre una república y otra cosa.

Marleni Quispe no sabe exactamente qué argumentos se escucharon en Washington. Sabe que su hija tiene ocho años y que algo en el país donde nació está siendo discutido. Que hay personas en trajes formales debatiendo si ella pertenece.

El derecho tardará meses en responder. La niña ya nació. Eso no lo revierte ningún fallo.

Por Carmen Delgado