Cuando un presupuesto y una audiencia ante la Corte Suprema revelan la misma pregunta: ¿a quiénes protege el Estado estadounidense?
Marisol tiene treinta y cuatro años y nació en Phoenix, Arizona. Su madre cruzó la frontera ocho meses embarazada, con los pies hinchados y la certeza de que del otro lado había algo que valía el riesgo. Marisol creció hablando inglés y español en la misma oración, pagó impuestos desde los dieciséis años, y durante la pandemia trabajó en un almacén de distribución sin seguro médico porque el seguro que ofrecía su empleador costaba más de lo que podía pagar. Marisol es ciudadana estadounidense. O lo era, con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que demostrarlo. Esta semana, por primera vez en su vida, esa certeza empezó a temblar.
El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos sobre si el gobierno federal puede eliminar la ciudadanía por nacimiento —el principio conocido como jus soli, garantizado por la Decimocuarta Enmienda desde 1868— para los hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal. La audiencia no resolvió nada todavía. Pero el hecho de que la pregunta llegara hasta ahí, de que nueve jueces debatieran si un derecho constitucional de ciento cincuenta y siete años puede desmantelarse por decreto ejecutivo, ya dice algo sobre el momento que atraviesa ese país. Y sobre lo que está dispuesta a hacer la administración de Donald Trump.
Ese mismo día, el Congreso republicano avanzaba en la aprobación de un presupuesto que destina un billón y medio de dólares adicionales al gasto militar y en seguridad, financiado en parte con recortes a Medicaid —el programa de salud para personas de bajos ingresos— y con la aceleración de un plan de deportaciones masivas que el propio gobierno ha proyectado en al menos un millón de personas en los próximos meses. No son noticias separadas. Son el mismo argumento expresado en distintos idiomas: el del gasto público y el de la jurisprudencia constitucional.
Semilla News considera que hay una lógica que conecta estos hechos y que vale la pena nombrarla con claridad: se trata de un proyecto político que reorganiza quiénes cuentan como sujetos plenos del Estado y quiénes no. No es una exageración. Es la consecuencia directa de decisiones concretas.
Recortar Medicaid mientras se amplía el presupuesto de defensa no es una política de austeridad. Es una elección sobre qué vidas se sostienen con recursos públicos. Los análisis del Congressional Budget Office —la oficina de presupuesto del Congreso— estiman que los recortes propuestos retirarían cobertura médica a entre diez y quince millones de personas en los próximos años. La mayoría son trabajadores de bajos ingresos, adultos mayores en hogares rurales, personas con discapacidades. No son una abstracción. Son personas como Marisol, que ya hoy trabaja sin red.
Debatir la ciudadanía por nacimiento ante la Corte Suprema no es un ejercicio académico. Es un intento de redefinir, retroactivamente, quiénes pertenecen. Si el tribunal avalara la posición del gobierno —algo que la mayoría de los constitucionalistas consideran improbable, pero que hasta hace poco también consideraban inimaginable que se intentara— estaríamos ante la creación de una categoría nueva: personas nacidas en suelo estadounidense que no son ciudadanas. Personas que crecieron ahí, que contribuyeron ahí, que no conocen otro país, pero que el Estado decide que no terminan de pertenecer.
Hay que ser honestos sobre la complejidad. El debate migratorio en Estados Unidos tiene capas reales. Los sistemas de asilo están desbordados. Las comunidades fronterizas enfrentan presiones genuinas. No todo el que apoya controles migratorios más estrictos lo hace desde el odio. Hay preguntas legítimas sobre cómo gestiona un Estado los flujos migratorios a gran escala, y Semilla News no pretende que esas preguntas no existen.
Pero una cosa es debatir políticas migratorias —plazos, procesos, recursos— y otra muy distinta es usar la Constitución como campo de batalla para decidir que ciertos niños, por el origen de sus padres, no merecen la protección que otorga el nacimiento en ese territorio. Eso no es gestión migratoria. Es ingeniería de la pertenencia. Y la historia tiene nombres para eso.
También hay que decir lo que el ruido noticioso tiende a oscurecer: que este presupuesto, con su billón y medio para el complejo militar e industrial, no surge del vacío. Surge de una alianza entre el trumpismo y los sectores del capital que se benefician de los contratos de defensa, de la privatización de servicios públicos, de la desregulación laboral. El recorte a Medicaid no es un sacrificio compartido. Es una transferencia: del cuidado de las personas más vulnerables hacia la industria armamentística y hacia quienes ya tienen suficiente.
En Semilla News creemos que el presupuesto es el documento más honesto de cualquier gobierno. No lo que dice en los discursos. Lo que firma cuando decide a dónde van los recursos. Este presupuesto dice, con números, que una potencia militar vale más que la salud de quince millones de personas. Que las deportaciones masivas merecen financiamiento récord. Que la ciudadanía —ese contrato entre el Estado y las personas que nacen en su territorio— puede negociarse si los padres de esas personas no tenían los papeles correctos.
Marisol no sabe todavía qué resolverá la Corte. Sigue yendo al trabajo. Sigue pagando impuestos. Sigue viviendo en el único país que conoce como suyo. Pero algo cambió esta semana: aprendió que su pertenencia no es un hecho, sino una pregunta con respuesta política. Y esa es, quizás, la forma más silenciosa y más profunda de violencia que puede ejercer un Estado sobre sus propios habitantes.
La pregunta que queda, la que este medio se hace y le hace a sus lectores, es esta: ¿cuántas personas tienen que aprender esa lección antes de que llamemos a esto por su nombre?
Por Isabel Vega