Organismo internacional alerta sobre proyecto de ley que borraría la tipificación de feminicidio, un retroceso histórico en derechos de las mujeres

En las últimas semanas, Perú se debate entre un avance democrático y un retroceso devastador para las mujeres del país. El Proyecto de Ley N°10342 —que busca eliminar la tipificación de feminicidio del código penal peruano— ha encendido las alarmas no solo en Lima, sino en toda América Latina y en organismos internacionales de derechos humanos.

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer (MESECVI), según CIMAC, ha expresado su profunda preocupación y rechazo categórico a esta iniciativa. No se trata de un detalle técnico del derecho penal. Se trata de si Perú reconoce o niega que la muerte de una mujer por razones de género es un crimen diferente, más grave, que requiere justicia específica.

Para entender lo que está en juego, hay que viajar a las comunidades donde las mujeres viven con miedo. En los pueblos andinos, en los barrios de Lima, en las zonas rurales del sur, las mujeres saben que la violencia de género es sistemática. Saben que sus amigas, hermanas, vecinas desaparecen. Saben que cuando denuncian agresiones, a menudo la respuesta institucional es tibio, fragmentado, insuficiente.

La tipificación del feminicidio no fue un regalo. Fue ganancia. Perú, como muchos países latinoamericanos, reconoció hace años que el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres —por su pareja, su expareja, un hombre que se sentía rechazado, rechazado, humillado en su masculinidad— era diferente de otros homicidios. Requería un nombre propio. Requería penas proporcionales. Requería visibilidad de una realidad que los hombres que matan a mujeres intentaban normalizar como "crimenes pasionales" o "asuntos privados".

Ahora, alguien en el Congreso peruano propone borrarlo. Convertir el feminicidio nuevamente en un homicidio común. Igualar el delito de matar a una mujer por su género con cualquier otro homicidio. Desaparecer de la ley una categoría que costó sangre, marchas, movilizaciones de mujeres peruanas para que fuera reconocida.

No sabemos exactamente quién está detrás de esta iniciativa ni cuáles son sus argumentos públicos. Pero sabemos lo que significa: es un mensaje. Un mensaje de que en Perú hay sectores que no quieren que la violencia contra las mujeres sea nombrada, categorizada, juzgada como lo que es: un crimen político, sistemático, estructural.

Desde el territorio, las mujeres peruanas ya están respondiendo. Porque ellas entienden lo que los legisladores parecen olvidar: que las estadísticas de feminicidio en Perú no son números abstractos. Son rostros. Son Roxana García, asesinada en 2009, cuyo caso fue crucial para que Perú reconociera el feminicidio como delito. Son las mujeres de Ayacucho, de Puno, de la Amazonía peruana, que han sido asesinadas por hombres que tenían todo el derecho de mundo a saberse impunes.

El MESECVI no rechaza este proyecto de ley como un ejercicio burocrático de organismos internacionales. Lo rechaza porque ha visto la efectividad de la tipificación del feminicidio en toda la región. Ha visto cómo otros países —Chile, Argentina, Bolivia, Mexico— han usado esta categoría legal para documentar patrones, para culpabilizar perpetradores, para darles a las familias un nombre para su dolor.

Perú está en una encrucijada. Puede avanzar, reconociendo que la violencia machista es un problema estructural que requiere herramientas legales específicas. O puede retroceder, borrando de su código penal el reconocimiento de que las mujeres asesinadas por ser mujeres merecen justicia diferenciada.

La próxima semana, el Congreso peruano decidirá. Mientras tanto, en los barrios de Lima, en los pueblos andinos, en las comunidades donde viven las mujeres que enfrentan violencia de género, la respuesta es clara: no permitiremos que borren nuestras vidas de la ley.

Por Martin Salazar