44 mexicanos esperan la ejecución en cárceles estadounidenses. Sus nombres no aparecen en los discursos de soberanía ni en los comunicados consulares. Esa ausencia también es una política.

Gregorio Valdez Sánchez tiene 52 años y lleva más de dos décadas en el corredor de la muerte del estado de Texas. Entró siendo un hombre joven. Saldrá, si el Estado texano cumple su sentencia, en una bolsa. Su caso está documentado en los registros de la organización Sin Fronteras y en los informes de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte en Texas. No es un caso excepcional. Es el caso número equis de una lista que hoy suma 44 mexicanos distribuidos en los corredores de la muerte de distintos estados de la Unión Americana.

44 personas. Ciudadanos mexicanos. Seres humanos a quienes el sistema judicial de Estados Unidos condenó a morir de manera programada, con fecha en el calendario.

El mecanismo: cómo se llega a ese corredor

La pena de muerte existe en 27 estados de la Unión Americana. Su aplicación es desproporcionalmente racial y de clase: los condenados son, de manera estadísticamente verificable, personas pobres, personas racializadas, personas que no pudieron pagar una defensa competente. Un estudio de la Universidad de Cornell publicado en 2023 estableció que los acusados que dependen de defensores de oficio tienen tres veces más probabilidades de recibir una condena a muerte que quienes pueden costear representación privada.

Para los ciudadanos extranjeros, el mecanismo tiene una capa adicional de vulnerabilidad: la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificada por México y Estados Unidos, establece en su artículo 36 el derecho de todo extranjero detenido a ser notificado de que puede contactar a su consulado y recibir asistencia consular. Es un derecho. No una cortesía diplomática. Un derecho.

En el caso Avena y otros nacionales mexicanos contra Estados Unidos, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 2004, ese tribunal determinó que Estados Unidos había violado el artículo 36 en los casos de 51 mexicanos sentenciados a muerte, al no informarles de su derecho a asistencia consular en el momento de la detención. La Corte ordenó la revisión de esas condenas. Estados Unidos acató parcialmente y, en muchos casos, no acató en absoluto.

Veinte años después del fallo de La Haya, hay mexicanos en el corredor de la muerte cuyos casos nunca fueron revisados con la debida notificación consular. El mecanismo de la impunidad no es el crimen que se les imputa. Es el procedimiento que los llevó ahí.

La cadena de responsabilidad

Primero: los fiscales de distrito de los estados con pena de muerte, que tienen discrecionalidad casi ilimitada para decidir cuándo buscar la ejecución. Esa discrecionalidad se ejerce, los datos lo confirman, de manera racialmente sesgada.

Segundo: los jueces que admitieron condenas obtenidas sin la notificación consular que exige el derecho internacional, y que luego rechazaron recursos de apelación argumentando tecnicidades procesales.

Tercero: el gobierno federal de Estados Unidos, que no ha implementado ningún mecanismo vinculante para garantizar el cumplimiento del fallo Avena a nivel estatal.

Cuarto, y aquí está la pregunta que este espacio no puede eludir: el gobierno mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con el Programa de Asistencia Consular a Mexicanos en el Exterior. Existe, tiene presupuesto, tiene personal. Pero la asistencia consular no es lo mismo que la defensa jurídica activa, y mucho menos es lo mismo que la presión diplomática sostenida. México ganó en La Haya en 2004 y luego, durante los años siguientes, la implementación de ese fallo quedó enterrada bajo la lógica de no deteriorar la relación bilateral.

La relación bilateral. Esa frase que siempre aparece cuando se trata de no decir: elegimos no confrontar a Washington en esto.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la relación bilateral con Estados Unidos se construyó sobre la guerra contra el narcotráfico y la cooperación en seguridad. No había espacio político para presionar por mexicanos en el corredor de la muerte. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la relación bilateral se construyó sobre el TLCAN y la imagen de modernidad. Tampoco había espacio. Durante la 4T, el discurso soberanista fue real en varios frentes: en la política energética, en la no intervención, en la relación con Cuba y Venezuela. Pero los 44 mexicanos en el corredor de la muerte no protagonizaron ningún mensaje mañanero. No fueron el centro de ninguna presión diplomática documentada de alto perfil.

El programa consular existe. La presión diplomática estructurada, sostenida y pública no existe — o no existe a la escala que 44 vidas esperando ejecución merecerían.

La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional

¿Cuántos de esos 44 mexicanos fueron notificados de su derecho consular al momento de su detención, como exige la Convención de Viena?

La respuesta no está en ningún boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No está en las conferencias de prensa de ninguna administración. Está, fragmentada, en los expedientes de organizaciones de derechos humanos que trabajan estos casos con recursos mínimos y sin el peso del Estado mexicano detrás.

Si esa notificación no ocurrió — y en muchos casos documentados no ocurrió — entonces esas condenas fueron obtenidas en violación del derecho internacional. Y si eso es así, México tiene no solo la posibilidad sino la obligación legal de exigir su revisión. No como favor diplomático. Como cumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia que ya fue dictado hace dos décadas.

La pregunta incómoda es esta: ¿a qué le tiene miedo México para no hacer esa exigencia en voz alta, con nombre y apellido de cada caso, con expediente en mano, ante los organismos internacionales?

El cierre que no absuelve

Gregorio Valdez Sánchez tiene 52 años en el corredor de la muerte de Texas. Mientras escribo esto, no sé si sigue vivo. Los sistemas de seguimiento consular no son públicos en tiempo real. Los familiares de personas como él —cuando los hay, cuando saben dónde está su pariente, cuando tienen los recursos para rastrear un proceso judicial en otro país en otro idioma— enfrentan una burocracia diseñada para el agotamiento.

44 mexicanos. El número no es una abstracción. Es la cuenta de cuántas veces el Estado mexicano decidió que había asuntos más urgentes que la vida de sus ciudadanos más vulnerables: los que cruzaron, los que no tenían papeles, los que no pudieron pagar un abogado, los que nadie notificó de sus derechos en el momento en que más importaba.

La soberanía que no defiende a los propios es un discurso. La Convención de Viena que no se invoca es papel. Y el corredor de la muerte en Texas no espera a que los calendarios diplomáticos se acomoden.

Alguien tiene que responder por esos 44 nombres. Hasta ahora, nadie lo ha hecho.

Por Carmen Delgado