Un mexicano más murió bajo custodia estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó del caso, pero persisten preguntas sobre transparencia y causas

Un mexicano más murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de procesamiento de California. Con este caso, suma 12 el número de muertes de connacionales reportadas en detención migratoria estadounidense, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El dato es crudo, pero las preguntas que debería motivar son más complejas: ¿qué causó cada una de esas muertes? ¿Existieron negligencias médicas? ¿Qué mecanismos tiene México para investigar y exigir responsabilidades? ¿Qué información comparte efectivamente el gobierno estadounidense?

Estas preguntas importan porque a diferencia de otros temas de política exterior que se negocian en comunicados bilaterales, las muertes en custodia migratoria afectan a familias concretas, y cada una de esas 12 muertes representa un ciudadano mexicano cuya muerte ocurrió bajo responsabilidad estadounidense.

Lo que sabemos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento más reciente en California, elevando el registro total a 12 muertes de ciudadanos mexicanos en centros de detención del ICE. No se han especificado públicamente las fechas exactas de estos decesos ni los centros donde ocurrieron, aunque California aparece en al menos este último caso.

Esta cifra importa por contexto: Estados Unidos detiene aproximadamente 1.3 millones de personas anualmente en centros de inmigración, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). México es el país de origen de entre el 70% y 75% de los detenidos. Eso significa que una proporción sustancial de esa población bajo riesgo es mexicana.

Las muertes en detención migratoria estadounidense no son nuevas. Reportes de organizaciones de derechos humanos documentan fallecimientos en centros del ICE desde hace años, vinculados a negligencia médica, falta de atención a condiciones de salud preexistentes, suicidios asociados con el estrés de la detención, e infecciones no tratadas. Lo que cambió es que ahora tenemos un número específico: 12 mexicanos.

El problema de la transparencia

Aquí emerge un problema significativo. México no ha hecho público cuáles fueron las causas de muerte en cada caso. La SRE tampoco ha informado sobre investigaciones formales, demandas civiles o acciones diplomáticas específicas más allá de "informar el incidente".

Comparativamente, cuando ciudadanos mexicanos mueren en el extranjero bajo circunstancias que sugieren responsabilidad estatal, los consulados mexicanos están obligados a facilitar información a las familias. Pero la comunicación pública sobre patrones sistemáticos es mínima.

Una ausencia de información pública genera dos problemas: primero, no permite que el público entienda qué está pasando. Segundo, sin transparencia sobre causas y responsabilidades, es difícil establecer si hay patrones que sugieran negligencia sistemática o violaciones a derechos humanos.

Contexto del lado estadounidense

En Estados Unidos, las muertes en centros de detención del ICE enfrentan escrutinio constante de organizaciones de derechos civiles y legisladores. El gobierno de Biden se comprometió a mejorar las condiciones de detención. Sin embargo, los centros de procesamiento varían enormemente en estándares sanitarios, acceso a cuidado médico y protocolos de emergencia.

Organizaciones como el American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch han documentado durante años que los centros de detención migratoria estadounidense presentan déficits crónicos de cuidado médico. El acceso a medicamentos para condiciones crónicas es inconsistente. Las personas con problemas de salud mental enfrentan riesgos elevados. El personal médico es frecuentemente insuficiente.

Esta es información que existe en reportes públicos estadounidenses. Significa que el gobierno de México tendría bases para exigir explicaciones detalladas de cada muerte.

Qué está en juego

La cifra de 12 muertes es un indicador, no una conclusión. Pero exige acciones concretas del gobierno mexicano:

Primero, publicar información desagregada sobre cada muerte: quién era la persona, cuándo y dónde murió, cuál fue la causa oficial, si hubo investigación. Sin esto, el número es solo un número.

Segundo, establecer si existe un patrón. ¿Las muertes ocurrieron en centros específicos? ¿Están concentradas en ciertos años? ¿Podrían prevenirse con cambios en protocolos de cuidado médico?

Tercero, exigir transparencia bilateral: México tiene derecho a acceso completo a expedientes médicos, reportes de autopsia y conclusiones de investigaciones en cada caso. Si el gobierno estadounidense se niega, eso es una respuesta en sí misma.

Cuarto, comunicar públicamente qué acciones se tomaron. ¿Se presentaron demandas civiles en nombre de las familias? ¿Se negoció compensación? ¿Se utilizó este patrón como punto de presión en conversaciones diplomáticas sobre estándares de detención?

Sin estas acciones, la cifra de 12 permanece como dato abstracto. Con ellas, se convierte en herramienta para proteger a los millones de mexicanos que cruzan la frontera cada año y podrían enfrentar detención.

Por Andrea Solís