Las empresas pueden reclamar reembolsos de gravámenes eliminados legalmente en febrero. Una decisión que reabre el debate sobre quién paga los costos de la política arancelaria

Una corte comercial autorizó esta semana que las empresas soliciten el reembolso de aranceles que fueron revocados por la Suprema Corte el mes anterior. La decisión, aunque técnicamente correcta desde el punto de vista legal, reabre una pregunta incómoda que pocos en el gobierno quieren responder: ¿quién paga cuando una política económica se desmorona ante los tribunales?

Los aranceles en cuestión fueron eliminados legalmente por la Suprema Corte en febrero de 2026. Pero entre el momento en que entraron en vigencia y el día que fueron declarados inconstitucionales, pasó tiempo. Tiempo durante el cual las empresas pagaron lo que ahora se reconoce como una deuda del Estado.

La Corte Comercial no ha cuestionado si esos aranceles debieron existir. Su tarea es más estrecha: garantizar que si fueron revocados legalmente, entonces el dinero que se cobró mientras estaban vigentes debe ser devuelto. Es la lógica elemental del Estado de derecho. Un cobro declarado ilegal genera la obligación de restitución.

Pero aquí está el punto que las notas oficiales no enfatizan: alguien tiene que pagar esos reembolsos. Y ese alguien es el Estado. Es decir, el presupuesto público. Dinero que no estaba presupuestado para esto, que ahora debe salir de donde sea que tenga que salir.

El costo oculto de la política arancelaria

Esta decisión es un recordatorio de algo que la clase trabajadora entiende bien, aunque raramente aparezca en los análisis económicos convencionales: cuando el gobierno implementa una política económica sin certeza jurídica, alguien paga el precio.

En este caso, las empresas que pagaron los aranceles durante esos meses pueden esperar ahora recuperar su dinero. Pero ¿quién absorbe ese costo? No fue distribuido entre los que se beneficiaron de la política. Los ingresos por aranceles que el gobierno utilizó presumiblemente para algún programa o para cerrar brechas presupuestarias, ahora deben ser devueltos.

Esto sucede frecuentemente con políticas comerciales mal diseñadas o implementadas sin consenso institucional. Se cobran, se gastan, y luego los tribunales dicen que no debieron cobrase. El ciudadano común casi nunca ve el dinero de vuelta. Las empresas, sí.

Un conflicto institucional que deja secuelas

El conflicto entre la Suprema Corte y la Corte Comercial no es, en realidad, un conflicto entre instituciones que piensan diferente. La Suprema anuló los aranceles; la Comercial simplemente está ejecutando esa anulación. Lo que revela es algo más profundo: el gobierno implementó una política que no resistió el escrutinio legal.

Esta es la tercera o cuarta vez en dos años que una política arancelaria o comercial es declarada inconstitucional o revocada por las cortes. No es un accidente. Es un patrón que sugiere que alguien en el ejecutivo no está siendo lo suficientemente cuidadoso en la revisión legal antes de implementar estas medidas.

O peor: que está implementándolas sabiendo que pueden ser cuestionadas, apostando a que pasará un tiempo antes de que eso suceda, y que para entonces el dinero ya habrá sido gastado.

¿Cuántas empresas pueden reclamar?

La Corte Comercial abrió la puerta a los reembolsos, pero la pregunta práctica es: ¿cuántas empresas tienen la capacidad legal y económica para reclamarlos?

Las grandes empresas con departamentos jurídicos pueden navegar este proceso. Las pequeñas y medianas empresas, la mayoría, probablemente nunca lo sabrán. O lo sabrán demasiado tarde. El reembolso de aranceles no es dinero que llega automáticamente. Hay que pedirlo. Hay que documentar lo que se pagó. Hay que estar atento a los plazos.

Esto es común en México: las reglas están, pero solo quien tiene recursos para acceder a ellas puede beneficiarse.

El panorama más amplio

Lo que está sucediendo aquí es sintomático de un problema más grande: la falta de coordinación entre los poderes del Estado en materia de política económica. El ejecutivo implementa, el legislativo observa, los tribunales corrigen.

Mientras tanto, el dinero de los contribuyentes flota entre instituciones, a veces gastado, a veces recuperado, siempre de manera desordenada.

La Corte Comercial hizo lo que debía hacer. Lo legal es que si un arancel es revocado, el dinero se devuelva. Pero que esta situación se repita una y otra vez sugiere que alguien en el gobierno necesita un curso intensivo de revisión legal antes de tocar la política comercial.

Por Fernando Lopez