La retirada de Gonzales expone fracturas republicanas; 24 estados demandan los nuevos gravámenes que afectarán trabajadores y pequeños negocios

En la misma semana en que el Partido Republicano vuelve a enfrentar escándalos internos que erosionan su credibilidad, la administración Trump ha intensificado una política arancelaria que promete golpear directamente a trabajadores y pequeños negocios en todo el país. Es una contradicción reveladora: mientras los republicanos pierden legisladores por conducta cuestionable, el presidente apunta a los estados con una batería de gravámenes que los demócratas y gobiernos locales ya están desafiando en cortes federales.

El síntoma y el síncope

El jueves pasado, Tony Gonzales, representante republicano por Texas, anunció su retiro de la contienda electoral tras admitir una relación extramaritales con un exmiembro de su equipo. La noticia no sorprendería si no fuera por lo que revela: líderes republicanos de alto nivel prácticamente lo expulsaron de la carrera. Para un partido que hace poco exigía "lealtad" absoluta y apostaba por una imagen de fortaleza, este episodio expone grietas profundas.

Pero hay algo más preocupante que el escándalo personal de Gonzales. Su retiro ocurre en el mismo momento en que 24 estados —gobernados por demócratas, republicanos y gobiernos divididos— presentan demandas contra la administración Trump para bloquear nuevos aranceles globales impuestos el 5 de marzo.

Los aranceles: cuando la venganza judicial se convierte en política

Estos nuevos gravámenes reemplazan unos que la Corte Suprema había anulado. Traduciendo el tecnicismo: Trump perdió en corte, y en lugar de aceptar el fallo, simplemente emitió nuevos aranceles con una redacción ligeramente diferente. Es la definición de una jugada política que ignora los límites institucionales.

Los estados demandantes argumentan que los nuevos aranceles son ilegales. Pero legales o no, sus consecuencias reales serán para la gente que trabaja.

Piensa en una pequeña fábrica de electrodomésticos en Ohio. Sus costos de materias primas importadas suben 15, 20, 30 por ciento. ¿Quién paga eso? No el dueño de la fábrica. Lo paga el trabajador en forma de despidos, recortes salariales, pérdida de beneficios. Y el consumidor, que ve subir los precios en las tiendas.

Los aranceles son, en esencia, un impuesto invisible que recae sobre los hombros de trabajadores que ya están apretados por inflación, vivienda cara, salarios que no suben al ritmo de los costos.

El desastre para la agricultura de frontera

En Texas y otros estados fronterizos, donde la economía depende críticamente del comercio bilateral con México, estos aranceles son especialmente devastadores. Los agricultores del Valle Imperial en California, los productores de cítricos en el Valle del Río Grande en Texas, los ganaderos de Sonora que venden en Arizona: todos viven en una economía integrada que estos gravámenes fragmentan.

Un arancel a productos mexicanos no es un castigo a México. Es un castigo a comunidades binacionales que llevan décadas construyendo cadenas de suministro que funcionan porque son fluidas, porque cruzan la frontera sin fricciones innecesarias.

Cuando Trump impone aranceles "para castigar" a México, en realidad está castigando a trabajadores estadounidenses cuyo empleo depende de ese comercio.

El contraste:

Esta semana también se conmemora la vida de Jesse Jackson, el líder de derechos civiles cuyo legado fue precisamente el de insistir en que la política económica debe servir a las mayorías, no a los intereses especiales. Ex presidentes Clinton, Obama y Biden asistirán al servicio en Chicago.

Es un momento para recordar lo que está en juego. Jackson luchó porque los trabajadores, los negros, los pobres, tuvieran voz en las decisiones que los afectaban. Su legado se enfrenta hoy a una administración que toma decisiones arancelarias sin consultar a los trabajadores que las pagarán, que impone políticas que benefician a grandes corporaciones multinacionales sobre la estabilidad de comunidades enteras.

Hacia adelante

La retirada de Gonzales es un síntoma de descomposición republicana. Pero los aranceles de Trump son el síncope: la crisis verdadera.

Tanto demócratas como republicanos en 24 estados están yendo a corte porque entienden que esto afecta a sus votantes, sus trabajadores, sus economías locales. La frontera México-Estados Unidos, que ya vive constantemente las consecuencias de decisiones tomadas en Washington, volverá a ser el primero en sufrir las consecuencias de una política que confunde la venganza judicial con la estrategia económica.

La pregunta no es si estos aranceles son legales. La pregunta es: ¿para quién son buenos? Y la respuesta, como siempre, recae sobre los hombros de quienes menos voz tienen para evitarlo.

Por Martin Salazar