Trump destituyó a Noem, el Congreso le dio carta blanca contra Irán y los aranceles siguen golpeando a quienes menos pueden. Pero la cobertura siguió el show, no las consecuencias.

María Guadalupe Tun Cuc cruzó el río Suchiate por primera vez en 2019 con sus dos hijos y una bolsa de plástico que contenía, según me contó en una mesa de un comedor de paso en Tapachula, «lo que cabe cuando ya no puedes quedarte». Guatemalteca, hablante de q'anjob'al, había sobrevivido dos temporadas de sequía consecutivas que liquidaron su milpa y la dejaron debiendo dinero a un prestamista local que no aceptaba extensiones de plazo. Llegó a la frontera sur de México creyendo que lo más difícil ya había pasado. Le esperaban meses de detención en una estación migratoria, un proceso de solicitud de refugio que nunca concluyó formalmente y, eventualmente, la deportación. Hoy, según sé por una organización que la acompañó, sigue en Guatemala, en la misma comunidad, con la misma deuda, con hijos más grandes y opciones más pequeñas.

Pienso en ella cada vez que leo una nota sobre cambios en el gabinete migratorio de Estados Unidos. No porque su historia sea un símbolo —las personas no son símbolos— sino porque entre las oficinas donde se toman esas decisiones y los cuerpos donde se ejecutan existe una distancia que el periodismo convencional rara vez recorre.

Esta semana, Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Los titulares se escribieron solos: drama, caída, traición, juego de sillas. Lo que los titulares no dijeron con la misma claridad es que el mecanismo que Noem administró —y que su sucesor administrará— no cambia de nombre cuando cambia el rostro.

El DHS deportó, bajo la gestión de Noem, a más de 139,000 personas en los primeros cuatro meses del año fiscal 2025, según datos del propio departamento. Las operaciones en ciudades santuario se intensificaron. Los vuelos de deportación a países como El Salvador, Guatemala y Honduras se convirtieron en un instrumento de presión diplomática, no solo de política migratoria. Y cuando el gobierno de El Salvador, bajo Nayib Bukele, acordó recibir deportados de terceras nacionalidades —incluidos ciudadanos que nunca habían pisado suelo salvadoreño— el DHS fue el brazo ejecutor de ese acuerdo. Noem firmó. Noem cayó. El acuerdo sigue en pie.

Eso es el mecanismo: la política migratoria de la administración Trump no descansa en una sola funcionaria. Descansa en una arquitectura legal, presupuestal y operativa que se construyó durante décadas y que Trump ha llevado a su expresión más agresiva. El Título 42, los Protocolos de Protección a Migrantes, los acuerdos de tercer país seguro, la militarización de la frontera: ninguno de estos instrumentos nació con Noem ni muere con ella. La secretaria era intercambiable. La política no.

Mientras la prensa cubría la destitución como si fuera un episodio de telerrealidad, el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente para actuar militarmente contra Irán sin declaración formal de guerra. Cuatro senadores demócratas votaron con la mayoría republicana. El titular debería haber sido ese: la fractura en la oposición ante una autorización que expande, una vez más, los poderes de guerra del Ejecutivo. En cambio, los algoritmos prefirieron la foto de Noem saliendo de su despacho.

La autorización al ejecutivo para actuar contra Irán no es un asunto lejano. Es un asunto de dinero público, de precedente constitucional y de consecuencias regionales que incluyen el precio del petróleo, la estabilidad de mercados emergentes y, eventualmente, el costo de vida de personas que ya están pagando caro los aranceles que la misma administración impuso esta primavera.

Esos aranceles —elevados unilateralmente por Trump en medio de negociaciones comerciales que no concluyeron— golpearon con mayor dureza a estados donde la manufactura y la agricultura dependen de cadenas de suministro transfronterizas. Michigan, Ohio, Texas, California: estados con industrias que importan insumos y exportan productos, cuyos trabajadores no diseñaron la política comercial pero sí pagan sus costos. Mientras el Partido Republicano peleaba internamente —un escándalo personal en Texas, una destitución en Washington, una grieta legislativa en el Senado— los aranceles seguían acumulando su efecto sobre nóminas, precios y márgenes de pequeñas empresas que no tienen lobistas en Capitol Hill.

La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional es esta: ¿a quién le conviene que el show tape la política?

No es una pregunta conspirativa. Es una pregunta estructural. Cuando los medios dedican sus recursos a seguir el drama del gabinete —quién sube, quién cae, quién tuiteó qué— están tomando una decisión editorial que tiene consecuencias. Esa decisión deja sin cobertura la audiencia de presupuesto donde se recortaron fondos a programas de asistencia legal para migrantes. Deja sin cobertura la reunión donde se negoció el acuerdo con El Salvador. Deja sin cobertura a los trabajadores de la planta automotriz en Detroit que llevan tres meses con horas reducidas porque los aranceles al acero encarecieron la producción.

El carrusel del drama político no es un accidente del ciclo de noticias. Es la forma en que la política de poder se hace invisible: se cubre el personaje, no la decisión; se cubre la caída, no el sistema que la produjo.

Kristi Noem fue secretaria del DHS durante un período en el que las deportaciones masivas se normalizaron, en el que familias fueron separadas en operativos que su propio departamento ejecutó, en el que personas solicitantes de asilo fueron enviadas a países que no eran los suyos bajo acuerdos que ningún parlamento debatió públicamente. Su salida del cargo no revierte ninguna de esas consecuencias. Su sucesor —quien sea— hereda una maquinaria diseñada para funcionar independientemente del nombre en la puerta.

María Guadalupe Tun Cuc no sabe quién es Kristi Noem. No tiene por qué saberlo. Lo que sabe es que cuando intentó cruzar la frontera, había una política esperándola. Una política con recursos, con personal, con procedimientos. Una política que no tiene rostro en los titulares pero que tuvo consecuencias concretas en su vida.

Esa política sigue vigente. El show continúa. Y mientras discutimos quién reemplaza a quién en el carrusel de Washington, en algún comedor de paso en Tapachula hay alguien más llenando un formulario que probablemente no llegará a ninguna parte.

No lo digo para producir lástima. Lo digo porque la distancia entre esa mesa y esa oficina es exactamente la distancia que el periodismo tiene la obligación de recorrer. Y que esta semana, una vez más, decidió no recorrer.

Por Carmen Delgado