Tornados en el Medio Oeste dejan seis muertos mientras Canadá y Estados Unidos reanudan conversaciones sobre USMCA, ignorando la crisis climática
Esta semana, dos noticias se cruzaron en los cables de prensa norteamericana sin que nadie pareciera notar la contradicción fundamental que revelan sobre las prioridades de los gobiernos de la región.
En Washington, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, se sentaba a la mesa para reanudar negociaciones sobre el futuro del USMCA después de una pausa de varios meses. Mientras tanto, en Michigan y Oklahoma, tornados devastadores cobraban la vida de seis personas, incluyendo a un niño de apenas 12 años. Árboles arrancados de raíz, líneas de energía destruidas, techos volados de casas, vidas interrumpidas.
La ironía es brutal: los gobiernos de Norteamérica están negociando un tratado comercial que, en su forma actual, perpetúa un modelo económico que acelera la crisis climática. Mientras tanto, la gente muere en tornados cada vez más violentos.
El patrón que nadie quiere ver
No es la primera vez que ocurre esto. Hace años que los meteorólogos advierten sobre el aumento en la intensidad de los eventos climáticos extremos en Estados Unidos. El fenómeno no es nuevo, pero sí lo es su frecuencia y su violencia. Y sin embargo, cuando se sientan a negociar acuerdos comerciales que moldearán la economía de tres países durante las próximas décadas, el clima brilla por su ausencia de la agenda.
El USMCA, que entró en vigor en 2020 como sustituto del TLCAN, incluye un capítulo ambiental. Suena bien en el papel. Pero cualquiera que haya seguido las negociaciones sabe la verdad: esos compromisos ambientales son letra menuda comparados con las garantías que el tratado otorga a los inversionistas corporativos. Las corporaciones pueden demandar a gobiernos si consideran que una política ambiental afecta sus ganancias. Los gobiernos no tienen ese poder.
Ahora, cuando se reanuda la conversación, la pregunta inevitable es: ¿qué está sobre la mesa? ¿Se están discutiendo mecanismos reales para que el comercio trinacional no continúe externalizando los costos ambientales hacia las comunidades más vulnerables? ¿O simplemente se está negociando cómo continuar el mismo modelo, pero con pequeños ajustes cosméticos?
Lo que no dicen en Washington
Mientras Dominic LeBlanc estaba en Washington, nadie en la sala mencionó probablemente a los 3,200 habitantes de Michigan y Oklahoma que acababan de perder sus hogares. Nadie mencionó al niño de 12 años. Nadie preguntó cuánto costará reconstruir la infraestructura destruida, o cuántas familias enfrentarán crisis financieras por pérdidas no aseguradas.
Y sin embargo, esas pérdidas son una consecuencia directa de un modelo de desarrollo económico que prioriza el crecimiento sin límites sobre la sostenibilidad ambiental. El USMCA fue diseñado para profundizar ese modelo, no para cuestionarlo.
La historia de la frontera norte entre México y Estados Unidos es también la historia de cómo el comercio sin regulación ambiental ha devastado comunidades enteras. En el Valle del Río Grande, en Reynosa, en Ciudad Juárez, en el desierto de Sonora: hay pueblos construidos sobre acuíferos contaminados, con tasas de cáncer por encima de la media nacional, con ríos que ya no son ríos sino canales de desecho industrial. Son las externalidades del modelo.
La pregunta incómoda
Cuando Canadá, México y Estados Unidos se sienten a renegociar los términos del comercio trinacional, deberían estar respondiendo una pregunta fundamental: ¿para quién es este acuerdo? ¿Para los inversionistas corporativos que pueden predecir ganancias estables a lo largo de una década? ¿O para la gente que vive en Michigan y Oklahoma, que enfrenta tornados cada vez más violentos en primaveras cada vez más impredecibles?
No es un planteamiento radical. Es una pregunta que cualquier gobierno que se llame a sí mismo progresista debería estar respondiendo. En México, la administración actual ha hablado de una "transformación" que pone a la gente en el centro de las decisiones. Canadá se presenta como líder en política ambiental. Estados Unidos tiene un presidente que, al menos retóricamente, ha reconocido la crisis climática.
Y sin embargo, cuando se sientan a negociar los términos del comercio que gobernará sus economías, el clima desaparece de la conversación.
Hay seis personas muertas en Michigan y Oklahoma que merecen más que eso. Hay comunidades fronterizas que llevan generaciones viviendo las consecuencias del comercio sin regulación que merecen que sus gobiernos, cuando se sienten a negociar, realmente piensen en ellas.
Esta semana, mientras Dominic LeBlanc estaba en Washington, la pregunta que debería haber estado en la mesa era simple: ¿va a ser este un tratado para la gente, o continuaremos patrocinando a las corporaciones mientras la gente enfrenta tornados más violentos?
Los muertos en Michigan y Oklahoma merecen que esa conversación suceda.
Por Martin Salazar