Mientras Trump reconfigura el poder en Washington, cien mil familias canadienses aprenden que las guerras comerciales no se libran en los despachos

Miriam Okonkwo llegó a Toronto hace once años desde Lagos. Trabajó primero en limpieza de hoteles, luego en una línea de ensamblaje de autopartes en Oshawa, Ontario. No es una historia excepcional: es la historia de decenas de miles de trabajadores migrantes que sostienen la manufactura canadiense con sus manos y sus turnos de doce horas. En febrero de este año, la planta donde trabajaba Miriam anunció una reducción de personal. En marzo, su nombre estaba en la lista. Le dijeron que era por "ajustes de mercado". Nadie le explicó que esos ajustes tenían nombre y apellido: Donald Trump, y un arancel del 25 por ciento sobre las exportaciones canadienses al mercado estadounidense.

Canadá perdió cien mil empleos en dos meses. Dos meses. La cifra aparece en los reportes de Statistics Canada con la frialdad que tienen todos los datos cuando se convierten en estadística: el desempleo subió del 6.6 al 6.9 por ciento entre febrero y marzo de 2025. El sector manufacturero fue el más golpeado. Pero detrás de ese 0.3 por ciento hay cien mil Miriam Okonkwo que llegaron un día al trabajo y ya no tenían trabajo adonde llegar.

Esto no es un accidente. Es una decisión de política exterior ejecutada como si fuera una palanca de mercado.

El mecanismo

Los aranceles que la administración Trump impuso a Canadá en el arranque de 2025 no surgieron de un análisis económico. Surgieron de una lógica de coerción: presionar a un socio comercial para extraerle concesiones en migración, en seguridad fronteriza, en el terreno donde Washington quiere jugar. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá —el T-MEC, heredero del TLCAN— supuestamente protege el libre comercio entre los tres países. Pero los tratados, se sabe, son tan fuertes como la voluntad política de quien los firma, y la administración Trump ha demostrado que los marcos jurídicos son instrumentos cuando convienen y obstáculos cuando no.

El efecto sobre Canadá fue inmediato y medible. Las exportaciones canadienses de autopartes, aluminio, acero y madera hacia Estados Unidos enfrentan ahora un sobrecosto que las vuelve menos competitivas. Las empresas, que operan con márgenes estrechos en sectores intensivos en mano de obra, respondieron de la manera más predecible: reduciendo planilla. No reubicando producción, no invirtiendo en automatización, no explorando mercados alternativos a mediano plazo. Recortando trabajadores. Es la respuesta más rápida, más barata y más invisible políticamente, porque el costo no lo absorbe la empresa ni el accionista: lo paga Miriam.

Este es el mecanismo central que la cobertura convencional suele enterrar bajo el lenguaje técnico: los aranceles son un impuesto que rara vez pagan quienes los impulsan. Lo pagan los consumidores con precios más altos. Lo pagan los trabajadores con empleos que desaparecen. Lo pagan las comunidades que dependían de esa manufactura.

La cadena de responsabilidad

En Washington, mientras Canadá procesaba la pérdida de esos cien mil empleos, ocurría algo que los medios cubrieron como un asunto de organigrama: Marco Rubio acumulaba simultáneamente los cargos de Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, una concentración de poder en política exterior sin precedentes recientes en la historia estadounidense. Dos roles que históricamente generaban tensión institucional —y que esa tensión cumplía una función de contrapeso— ahora residen en la misma persona, bajo la misma lealtad al mismo presidente.

No es un dato menor. La política arancelaria que destruyó el empleo de Miriam en Oshawa no se diseña en el vacío: se diseña en el cruce entre la política comercial, la política exterior y la política de seguridad. Que una sola figura controle ese cruce significa que hay menos fricción institucional para frenar decisiones que tienen consecuencias devastadoras para millones de personas fuera de las fronteras estadounidenses. Significa que la pregunta "¿a quién beneficia esto?" tiene menos voces dentro del gobierno para responderse honestamente antes de ejecutarse.

La respuesta, en el caso de los aranceles canadienses, no es misteriosa: beneficia a ciertos sectores industriales estadounidenses que compiten con la producción canadiense, beneficia a la narrativa política de un presidente que construyó su marca sobre el proteccionismo, y no beneficia en nada —en absolutamente nada— a Miriam Okonkwo ni a los noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve trabajadores que perdieron su empleo junto a ella.

La pregunta incómoda

Hay una pregunta que la cobertura de esta guerra comercial sistemáticamente evita: ¿por qué cuando hablamos de aranceles hablamos de porcentajes y no de personas?

Los medios especializados en economía publican análisis sobre el impacto en el PIB canadiense, sobre las negociaciones bilaterales, sobre los sectores afectados en términos de volumen exportado. Es periodismo legítimo. Pero es un periodismo que opera en la capa donde los números no tienen cara. Cien mil empleos perdidos es un titular. Miriam Okonkwo perdiendo su empleo en Oshawa es una historia. Y las historias son las que explican por qué las decisiones que se toman en despachos con alfombra y aire acondicionado se sienten de forma tan diferente dependiendo de en qué cuerpo aterrizan.

La pregunta incómoda es esta: ¿quién rinde cuentas por esos cien mil empleos? No en abstracto. Concretamente. ¿Ante qué instancia, ante qué proceso, ante qué consecuencia política responde una administración que diseña una política de coerción comercial y externaliza su costo humano a trabajadores de otro país que no tienen voto en las elecciones que determinan su vida económica?

La respuesta, hoy por hoy, es que nadie rinde cuentas. El T-MEC tiene mecanismos de resolución de disputas pensados para proteger inversiones, no trabajadores. Canada puede presentar una queja formal. Puede activar retaliaciones arancelarias propias, que ya activó parcialmente, y que a su vez encadena otra ronda de costos que alguien más abajo en la pirámide económica termina pagando. El ciclo es conocido. El resultado es conocido. Y sin embargo se repite.

El cierre que no absuelve

Miriam Okonkwo está buscando trabajo. Lleva seis semanas enviando currículums. En Oshawa, la manufactura que absorbía mano de obra como la suya está contrayéndose. Le dijeron que quizás en el verano haya algo en logística. Mientras tanto, el seguro de desempleo —uno de los pocos amortiguadores que el Estado de bienestar canadiense todavía ofrece— la mantiene a flote, por ahora.

En Washington, Marco Rubio despacha desde dos oficinas. En Mar-a-Lago, el presidente que diseñó esta política anuncia que la economía estadounidense va por buen camino.

Somebody has to pay the price, dice el dicho en inglés. Siempre hay alguien que paga el precio. Lo que el dicho no dice es que ese alguien casi nunca es quien tomó la decisión.

Eso no es una fuerza de la naturaleza. Es una elección política. Y las elecciones políticas tienen autores.

Por Carmen Delgado