La administración busca fondos sin precedentes para operaciones militares mientras Japón es el primer aliado en visitar la Casa Blanca bajo esta sombra

En la Oficina Oval, mientras se prepara la primera visita de un aliado importante desde que lanzó su petición más agresiva, Donald Trump está pidiendo al Congreso 200 mil millones de dólares para financiar operaciones de guerra en Irán.

Es una cifra que rebasa cualquier presupuesto militar previo para una sola región. Para ponerlo en contexto: es más de lo que Estados Unidos gasta anualmente en educación superior. Es el equivalente a lo que necesitarían cien ciudades medianas en Estados Unidos para reconstruir su infraestructura de agua. Es dinero que podría transformar la salud pública de un país entero. Pero Trump lo ve como necesario para una guerra que aún no ha empezado oficialmente.

La administración no solo pide el dinero. También analiza desplegar tropas terrestres. No son drones, no son ataques aéreos limitados — son soldados estadounidenses en territorio iraní, como sucedió en Irak hace dos décadas. Como sucedió en Afganistán hace tres. Como sucedió en Vietnam hace cincuenta años.

Esta semana, la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, será la primera aliada en pisar la Casa Blanca desde que Trump comenzó a presionar internacionalmente. No es una visita de cortesía. Trump necesita que Japón, que controla rutas comerciales críticas, ayude a patrullar el Estrecho de Ormuz. Necesita que otros países paguen la factura. Necesita que otros países carguen con las consecuencias.

Esto es lo que sucede cuando la política exterior se convierte en una transacción comercial sin principios. Japón no quiere una guerra en Irán. Sus ciudadanos no votaron por ello. Pero Trump necesita sus barcos, su dinero, su cobertura política. Así que ahora Takaichi tiene que sentarse en la Casa Blanca y negociar cómo su país va a contribuir a una escalada que ninguno de sus aliados pidió.

Mientras tanto, en Illinois, hay otra batalla menos visible pero igual de reveladora sobre quién tiene poder en Estados Unidos y quién decide las políticas públicas.

Planned Parenthood de Illinois acaba de pagar 500 mil dólares en un acuerdo con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. La investigación encontró que sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión — iniciativas que se supone protegen a trabajadores de discriminación — violaron leyes federales de derechos civiles.

Déjalo claro: no hay contradicción en que una organización de derechos reproductivos cometa violaciones de derechos laborales. Las instituciones son complejas. La gente que lucha por justicia en un frente puede ser injusta en otro. Eso es una realidad que los medios corporativos prefieren ignorar porque rompe narrativas binarias.

Pero aquí hay algo más importante. Este acuerdo ocurre mientras la derecha utiliza casos como este para atacar todos los programas de diversidad en el país. Algunos de esos ataques son justos — hay organizaciones que implementan políticas mal diseñadas que, en lugar de proteger, pueden vulnerar. Otros son politería pura: ataques organizados contra cualquier programa que reconozca que la discriminación existe y que requiere intervención activa.

Luego está AIPAC, el grupo de presión pro-Israel estadounidense, evaluando sus resultados en Illinois después de gastar enormes cantidades de dinero en primarias locales. Ganó en dos contiendas pero no logró su resultado preferido en dos distritos donde invirtió más recursos.

Es su primer examen de mitad de término. Es el momento de reevaluar si lanzarse a competencias locales funciona, si el dinero que gasta realmente traduce poder político. AIPAC históricamente ha tenido influencia desproporcionada en política exterior estadounidense. Pero Illinois muestra algo interesante: que incluso grupos con fondos casi ilimitados no pueden ganar todas las batallas, especialmente cuando hay comunidades organizadas que se oponen.

Estas tres historias cuentan la misma cosa sobre Estados Unidos en 2025. El poder sigue concentrado — en manos de presidentes que pueden pedir 200 mil millones sin parpadear, en manos de grupos de presión que gastan millones en política local, en manos de corporaciones que pueden negociar con agencias federales.

Pero hay grietas. Hay lugares donde el dinero no lo compra todo. Hay aliados que se sienten incómodos. Hay comunidades que votan diferente a lo que los grandes gastos predicen.

Todos estos movimientos ocurren simultáneamente. Trump negocia con Japón. Planned Parenthood paga sus multas. AIPAC repiensa su estrategia. Y en Queens, en el sur de Los Ángeles, en Chicago, en pueblos cuyo nombre nadie en Washington pronuncia correctamente, las personas están viendo exactamente quién tiene poder en este país y quién sigue esperando que alguien escuche.

Por Diana Torres