Un análisis revela cómo la administración redujo miembros y concentró poder para acelerar deportaciones sin garantías legales

En las oficinas de apelación migratoria de Washington, algo silencioso pero devastador está ocurriendo. Donald Trump ha reducido deliberadamente el número de miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración —el tribunal administrativo donde miles de inmigrantes defienden sus casos antes de ser deportados— y ha llenado los lugares vacantes con jueces de su propia designación. El resultado es una concentración de poder sin precedentes en un órgano que controla el destino de familias.

Un análisis de NPR expone esta operación: mientras Trump recortaba plazas en la Junta, aseguraba que sus designados ocuparan prácticamente todas las posiciones disponibles. No es burocracia invisible. Es ingeniería institucional para garantizar que sus politicas migratorias — basadas en deportación masiva — encuentren legitimidad legal.

El tribunal que decide quién se queda y quién se va

La Junta de Apelaciones de Inmigración no es un órgano menor. Es el último recurso para decenas de miles de inmigrantes cada año. Cuando alguien enfrenta una orden de deportación, puede apelar ante esta Junta. Un abogado presenta argumentos. Se revisan pruebas. La Junta decide si la expulsión es legal o si existen protecciones que el gobierno ignoró.

O al menos, eso debería ocurrir en teoría.

En la práctica, bajo Trump, lo que está sucediendo es diferente. La Junta ha sido sistemáticamente achicada. Puestos que históricamente existieron fueron eliminados. Y cada vacante fue llenada por un juez alineado con la ideología trumpista de tolerancia cero hacia la migración.

Esto no es accidental. Es una estrategia deliberada de politización judicial.

Menos jueces, menos protecciones

Por qué importa el número de miembros? Porque menos jueces significa menos carga de trabajo por persona, lo que históricamente ha permitido a las administraciones exigir fallos más rápidos y menos cuidadosos. Cuando una Junta está sobrecargada, los casos se retrasan. Cuando está achatada, se acelera todo.

Pero hay algo más profundo: la composición ideológica.

Una Junta con jueces designados por Trump — muchos de ellos sin experiencia previa en derecho migratorio, según reportes — tiende a fallar de formas predecibles. No necesita que Trump llame a cada juez y le diga qué hacer. La ideología ya está ahí, incorporada en la selección.

Un inmigrante que apela una deportación ante una Junta llenada de jueces trumpistas enfrenta probabilidades mucho menores de que se escuche realmente su caso. Las protecciones del debido proceso — el derecho a ser oído, a presentar evidencia, a que alguien imparcial revise tu caso — se evaporan cuando el sistema está diseñado para deportar, no para juzgar.

El debido proceso en tiempos de Trump

El debido proceso no es un lujo. Es un principio fundamental. Significa que antes de que el gobierno te expulse del país, tienes derecho a una audiencia justa ante un juez neutral. Significa que tu caso no es predeterminado.

Pero cuando Trump reduce el tamaño de la Junta y la llena con sus designados, el debido proceso se convierte en ficción.

Considérese el caso de miles de inmigrantes con casos pendientes: personas con raíces en el país, con trabajo, con familia, que enfrentan deportación. Bajo una Junta equilibrada, algunos de sus casos tendrían posibilidad de éxito. Sus abogados podrían argumentar que la expulsión violaría derechos humanitarios o que existen protecciones legales aplicables.

Bajo una Junta de Trump, esos argumentos caen en oídos diseñados para no escuchar.

Historias de un sistema quebrado

Esto tiene rostro. Es la madre que enfrenta deportación después de 15 años trabajando como empleada doméstica. Es el padre de dos ciudadanos estadounidenses que será separado de su familia. Es el joven que llegó cuando era niño y no conoce otro país, cuyo abogado le explicará que ante esta Junta sus opciones son, realmente, ninguna.

No es que Trump haya inventado la represión migratoria. Administraciones anteriores también deportaron. Pero Trump la perfeccionó institucionalmente. Não solo cambió la politica — cambió el sistema legal para que la politica fuera irreversible, para que ganara legitimidad judicial.

Lo que está en juego

Esta es la razón por la que importa quién controla las instituciones. No es solo "presidencialismo". Es que las decisiones sobre quién se queda y quién se va — decisiones que afectan a familias, a comunidades, a vidas — ya no se toman en un marco neutral. Se toman en un marco diseñado de antemano para decir "sí" a la deportación.

En los años por venir, cuando miles de inmigrantes apelen sus casos ante esta Junta achicada y llena de jueces trumpistas, recordarán que el sistema no falló. Funcionó exactamente como fue diseñado.

Y eso es lo más aterrador.

Por Fernando Lopez