Su muerte se suma a una escalada de fallecimientos bajo las políticas restrictivas de Trump. Preguntas sin respuesta sobre qué sucedió en las instalaciones de inmigración.

Royer Perez-Jimenez tenía 16 años cuando murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. No fue en un país en guerra. No fue en una cárcel de máxima seguridad por delitos graves. Fue en una instalación migratoria estadounidense, en medio de una política que ha convertido la detención de migrantes en una máquina de dolor.

Su caso no es el primero. No será el último si las cosas continúan como están. Pero cada muerte tiene un nombre, una familia que espera respuestas que raramente llegan.

Las preguntas que nadie responde

Los datos son claros: bajo la administración Trump, las muertes de migrantes en custodia migratoria se han multiplicado. No se trata de coincidencia. Se trata de consecuencias predecibles de políticas deliberadas.

Cuando un gobierno decide que los migrantes son una amenaza que debe ser disuadida a toda costa, cuando los recursos para atender a personas detenidas se consideran un gasto innecesario, cuando los protocolos de salud se flexibilizan en nombre de la "disuasión", las muertes no son accidentes. Son resultado.

Royer Perez-Jimenez llegó a Estados Unidos buscando lo que buscaban sus padres cuando decidieron permitir que viajara: una oportunidad. Lo que encontró fue un sistema que no estaba diseñado para su bienestar, sino para su contención.

Un patrón que se repite

Desde 2017, el número de muertes de migrantes bajo custodia federal ha aumentado significativamente. Las causas varían en el registro oficial: condiciones médicas no tratadas, acceso limitado a medicamentos, falta de vigilancia médica adecuada, negligencia.

Pero hay un hilo conductor: la mayoría de estas muertes ocurren en contextos donde los recursos están deliberadamente limitados, donde la velocidad de procesamiento se prioriza sobre el bienestar, donde el presupuesto para salud está bajo presión para disuadir futuras migraciones.

No es así en todos lados. Otros países detienen migrantes. Otros países tienen sistemas restrictivos. Pero no todos tienen una tasa de mortalidad como la que Estados Unidos registra. Eso sugiere que esto no es inevitable. Es una elección política.

Lo que sabemos y lo que no

Las autoridades estadounidenses proporcionarán un comunicado. Dirán que investigan. Algunos funcionarios quizá expresarán condolencias. Pero la experiencia histórica en estos casos es clara: las investigaciones se cierran lentamente, las responsabilidades se difuminan entre agencias, y las familias nunca obtienen claridad sobre qué sucedió exactamente.

Eso no es coincidencia. Es la forma en que funciona el sistema: cuando la muerte ocurre en los márgenes, cuando la víctima es alguien cuya vida el gobierno no priorizó, la investigación se mueve lentamente. Cuando la víctima es un migrante menor de edad, mucho más lentamente.

Royer Perez-Jimenez era un adolescente. Todavía estaba formándose. Tenía derechos bajo la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado que Estados Unidos ha firmado. Tenía derecho a protección especial por su edad y estatus. Esos derechos, aparentemente, no significan mucho cuando estás bajo custodia del ICE.

La política detrás de la tragedia

No podemos entender esta muerte fuera del contexto de las políticas migratorias de Trump. Desde el primer día, la retórica ha sido clara: los migrantes son una invasión, una amenaza, algo de lo que defenderse. Las políticas que siguieron no fueron coincidentes con esa retórica. La separación de familias. La reducción de asilo. El aumento de detenciones. El endurecimiento de las condiciones.

Cada una de esas decisiones tuvo un propósito: desincentivar la migración mediante el dolor. El castigo colectivo como política de estado.

Y dentro de esa lógica, la muerte de un adolescente mexicano en una instalación migratoria no es un fracaso del sistema. Para algunos en el gobierno, es una confirmación de que el sistema está funcionando como fue diseñado: es costoso, es peligroso, es sufrimiento. Quizá la próxima familia pensará dos veces antes de intentar cruzar.

Esa es la lógica. Es la lógica de quien ve a los migrantes como números a desincentivizar, no como personas con derecho a dignidad y seguridad.

Lo que está en juego

La muerte de Royer Perez-Jimenez es un llamado a tres cosas urgentes:

Primero, investigación independiente e inmediata. Queremos saber qué sucedió exactamente en esa instalación. No investigaciones internas. Investigación pública, con acceso de la familia y organizaciones independientes.

Segundo, cambios en las políticas de detención. No puede ser que menores de edad bajo custodia federal mueran. Los estándares de salud, nutrición y seguridad deben establecerse ahora, no después de más muertes.

Tercero, una reflexión nacional sobre qué estamos haciendo. Los migrantes llegan porque las condiciones en sus países los empujan hacia el norte. Algunos de esos países enfrentan violencia y pobreza parcialmente causadas o exacerbadas por políticas estadounidenses de décadas. La respuesta no puede ser solo cerrar las puertas. Debe incluir inversión, diálogo, y políticas que traten a los migrantes como seres humanos, no como amenazas.

Royer Perez-Jimenez no volverá a casa. Su familia volverá a México sin él. Su nombre se sumará a una lista que crece.

Por Gabriela Cruz