Mientras Trump impulsa leyes más restrictivas, crece el número de migrantes que mueren bajo custodia estadounidense. Un caso que expone la brutalidad del sistema.

Royer Perez-Jimenez tenía toda una vida por delante. Era adolescente, mexicano, y cruzó la frontera buscando lo que millones buscan: oportunidad, seguridad, un futuro diferente. Lo que encontró fue una jaula de inmigración estadounidense. Y no salió vivo.

Su muerte, ocurrida mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no es un accidente aislado. Es el síntoma más visible de una política migratoria que ha dejado de ser selectiva para convertirse en punitiva. Bajo la actual administración Trump, con su énfasis obsesivo en la deportación y el endurecimiento de fronteras, las muertes de migrantes en custodia se han multiplicado.

El sistema que mata

Cuando un adolescente muere en custodia estatal, la pregunta obligatoria es: ¿bajo qué condiciones? ¿Qué negligencia, qué falta de atención médica, qué hacinamiento permitió que un joven mexicano no saliera vivo de una instalación del gobierno estadounidense?

Estas preguntas importan porque exponen la realidad detrás de la retórica trumpista sobre "seguridad fronteriza" y "ley y orden". La seguridad fronteriza estadounidense, tal como se ejecuta hoy, mata. No es accidental. Es sistémico.

Desde que Trump asumió el cargo, la administración ha intensificado la campaña de deportaciones masivas. No solo ha aumentado los arrestos —ha aumentado las detenciones prolongadas, ha desmantelado los procesos de debido proceso, ha convertido las instalaciones de inmigración en cárceles de facto. Y en esas cárceles, las personas se enferman. Se mueren.

Royer Perez-Jimenez es un número más en una estadística que crece cada semana. Pero para alguien en México, es un hijo. Es un hermano. Es una vida que no volverá.

La represión política como distracción

Mientras las muertes bajo custodia migratoria se acumulan, los republicanos avanza con una estrategia política complementaria: cambiar quién puede votar.

Varios estados republicanos están aprobando versiones locales de la Ley SAVE, respaldada por Trump, que introduce nuevos requisitos de prueba de ciudadanía para votar. La narrativa oficial es clara: "proteger la integridad electoral". La realidad es más sombría.

Esta legislación no surge de la nada. Viene acompañada de la retórica antimigrante más feroz en décadas. Viene acompañada de imágenes de migrantes presentados como invasores. Viene acompañada de historias como la de Royer Perez-Jimenez: la de un adolescente que murió en custodia estatal mientras el gobierno buscaba nuevas maneras de mantener a inmigrantes fuera del sistema político.

El mensaje es doble: primero, te perseguimos; segundo, nos aseguramos de que ni tu voz ni la de otros como tú tenga poder político. Es represión migratoria y represión electoral en el mismo acto.

Lo que pasa en la frontera no es independiente de lo que pasa en las urnas. Son dos caras de la misma moneda: un proyecto político de exclusión.

Mientras tanto, los demócratas avanzan

En Illinois, Juliana Stratton ganó la primaria del Senado Demócrata con apoyo significativo del gobernador JB Pritzker. Su victoria es historicamente importante: será otra senadora demócrata mujer negra en una cámara que durante décadas fue territorio exclusivo de hombres blancos.

Pero el contraste es insoportable. Mientras una mujer negra progresista gana una victoria electoral en el norte industrial, adolescentes migrantes mueren en cárceles federales en el sur.

Esta es la realidad política estadounidense hoy: dos proyectos coexisten, frecuentemente dentro del mismo partido. El proyecto progresista de expansión de derechos políticos para minorías históricamente excluidas. Y un proyecto de represión migratoria que afecta desproporcionadamente a personas del sur global.

Stratton representa un avance. Pero ese avance significa poco si su propio país está matando adolescentes mexicanos en instalaciones de inmigración.

La pregunta que nadie quiere responder

¿Por qué murió Royer Perez-Jimenez? ¿Falta de atención médica? ¿Negligencia? ¿Hacinamiento? ¿Violencia?

La respuesta importa porque revela si estamos hablando de un caso aislado o de una política de facto. Porque si es aislado, puede arreglarse. Si es sistémico, significa que el gobierno estadounidense ha decidido, de manera explícita o implícita, que los migrantes no merecen protección ni siquiera en custodia estatal.

La muerte de Royer Perez-Jimenez no es un accidente migratorio. Es un acto político. Y mientras los republicanos aprueban leyes cada vez más represivas, y mientras algunos demócratas celebran victorias políticas en estados progresistas, adolescentes mexicanos siguen muriendo en jaulas de hormigón.

Esta es la guerra migratoria estadounidense. No se libra en editoriales. Se libra en cárceles. Y sus víctimas no pueden votar.

Por Alejandra Flores