El cierre del gobierno estadounidense no es un accidente administrativo. Es una política que decide quién merece circular libremente y quién no.

Mayra tiene cuarenta y tres años y lleva diecinueve viviendo en Phoenix. Llegó desde Puebla cuando su hija mayor tenía dos años y la menor todavía no había nacido. Paga impuestos, trabaja en una lavandería industrial, habla un inglés funcional y conoce de memoria las rutas del autobús porque nunca tuvo licencia de conducir. El miércoles pasado tuvo que ir al aeropuerto O'Hare a recibir a su madre, que venía de visita por primera vez en once años. Mayra no pasó por ningún control migratorio. Mayra es ciudadana estadounidense desde 2019. Pero cuando vio los agentes de ICE apostados en la terminal, con chalecos que decían POLICE en letras grandes, revisando documentos a personas que ni siquiera habían abordado un vuelo internacional, algo se contrajo en su pecho. "Supe que no era para mí", le dijo a una amiga esa noche. "Pero también supe que podría serlo."

Esa contracción en el pecho de Mayra no es paranoia. Es memoria. Es información.

Lo que ocurre esta semana en los aeropuertos de Estados Unidos es una convergencia de tres decisiones políticas que, tomadas por separado, podrían analizarse de forma aislada. Juntas, forman algo diferente: un sistema. El gobierno federal lleva días paralizado por falta de presupuesto aprobado, lo que significa que miles de agentes de seguridad aeroportuaria trabajan sin cobrar, que los organismos de supervisión están desactivados y que la rendición de cuentas —ya de por sí frágil— ha quedado en suspenso. Al mismo tiempo, la administración Trump ha desplegado agentes de ICE en terminales de todo el país, no en los puertos de entrada internacionales donde su presencia tiene al menos un marco legal reconocible, sino en las áreas domésticas, entre familias que esperan vuelos a Dallas o a Miami. Y en paralelo, el negocio de los hoteles que rodean la Casa Blanca sigue generando millones de dólares para el propietario del Ejecutivo, sin que nadie con autoridad real investigue la contradicción.

Semilla News no afirma que estas tres cosas sean parte de un plan coordinado y consciente. Lo que sí afirmamos, con base en lo que hemos documentado esta semana, es que el resultado práctico es el mismo que si lo fuera: un espacio público —el aeropuerto, ese lugar donde la gente común viaja para ver a su familia, para trabajar, para empezar algo nuevo— se ha convertido en un punto de control selectivo, donde el miedo circula de forma desigual según el color de piel, el acento y el tipo de documento que uno lleva en el bolsillo.

El cierre del gobierno tiene consecuencias concretas que afectan a todos: vuelos retrasados, filas que se duplican, personal de seguridad agotado y sin paga que tiene que decidir, en tiempo real, si aplica el protocolo o si lo omite porque no hay nadie supervisando. Eso es peligroso para cualquier persona que viaja. Pero la presencia simultánea de ICE en esas mismas terminales no es un problema universal. Es un problema dirigido. Los agentes no están revisando documentos de forma aleatoria. Las denuncias documentadas esta semana, los testimonios recogidos por organizaciones de derechos civiles, apuntan a un patrón que no es nuevo pero que ahora opera en un contexto donde la vigilancia institucional ha sido desmantelada justo cuando más se necesitaría.

Hay una pregunta que este medio no puede eludir: ¿qué tiene que ver la muerte de Robert Mueller con todo esto? Mueller fue el fiscal que investigó la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y que documentó, con la precisión burocrática que lo caracterizaba, una serie de conductas del entonces candidato y luego presidente Trump que en cualquier otra administración habrían tenido consecuencias institucionales severas. Su informe no produjo consecuencias penales. Produjo, en cambio, una narrativa que Trump convirtió en victoria: la de que el sistema intentó destruirlo y fracasó. La muerte de Mueller esta semana cierra un capítulo, pero no lo resuelve. Lo que Mueller investigó —la disposición de un gobierno a doblar las reglas cuando le conviene, la fragilidad de las instituciones cuando enfrentan a alguien que no respeta las convenciones— sigue completamente vigente. El aeropuerto sin supervisión es, en cierta forma, el heredero de ese informe ignorado.

Lo que es genuinamente difícil en todo esto —y Semilla News no pretende que no lo sea— es la pregunta sobre qué hacer. No desde la comodidad del análisis, sino desde la posición de alguien como Mayra, que necesita seguir yendo al aeropuerto, que no puede mudarse, que no puede dejar de existir en espacios públicos. Las respuestas fáciles —"que se organicen", "que voten", "que denuncien"— son verdaderas y son insuficientes al mismo tiempo. Organizarse cuesta tiempo que muchas personas no tienen. Votar no resuelve lo que pasa la semana próxima. Denunciar, cuando los organismos de supervisión están desactivados por el cierre del gobierno, es hablarle a una línea que nadie contesta.

Lo que sí podemos decir, desde este medio, es que nombrar lo que ocurre es el primer paso que nadie puede saltarse. Cuando el miedo se instala en un espacio público, su primera herramienta es la normalización: la idea de que esto siempre fue así, de que es razonable, de que quienes se asustan es porque tienen algo que esconder. Rechazar esa normalización no requiere recursos que la mayoría no tiene. Requiere, solamente, no cerrar los ojos.

Mayra encontró a su madre en la sala de llegadas. Se abrazaron durante un rato largo. Salieron juntas del aeropuerto sin que nadie las detuviera. Esa noche, mientras calentaba la cena, Mayra pensó en la mujer a la que sí detuvieron, tres filas más atrás, cuya historia no conoce y probablemente nunca va a conocer.

Ese pensamiento también es un acto político. Quizás el más honesto de todos.

Por Isabel Vega