Mientras el Estado se paraliza por falta de fondos, una sola agencia opera sin interrupciones. La pregunta es por qué.

Yadira lleva dieciséis años viviendo en Phoenix. Tiene dos hijos nacidos en Arizona, un trabajo en una lavandería industrial y una orden de supervisión migratoria que la obliga a reportarse cada tres meses. El martes pasado viajó desde el Aeropuerto Internacional Sky Harbor para visitar a su madre enferma en Guadalajara. En la fila de documentación, antes de llegar al mostrador de la aerolínea, dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— le solicitaron sus documentos. No había cometido ningún delito. No había ninguna orden judicial con su nombre. Había, simplemente, una fila. Y agentes con autorización para operar dentro de los terminales de los aeropuertos estadounidenses.

Yadira no fue detenida ese día. Pero su nombre quedó registrado. Y ella lo sabe.

El gobierno federal de Estados Unidos entró en un cierre parcial —lo que en inglés se llama shutdown— después de que el Congreso no lograra aprobar un presupuesto antes de la fecha límite. Las consecuencias inmediatas fueron predecibles y documentadas: cientos de miles de trabajadores federales fueron enviados a casa sin pago, los servicios de inspección en aeropuertos se redujeron drásticamente y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reportó ausencias masivas entre su personal, porque los agentes, obligados a trabajar sin salario, comenzaron a llamar enfermos en proporciones históricas.

Los aeropuertos, que mueven a más de dos millones de pasajeros diarios en todo el país, operaron con filas de hasta cuatro horas. Algunos vuelos se retrasaron. La infraestructura de inspección crujió.

Pero ICE no paró.

Mientras la TSA perdía personal por la falta de pago, mientras los controladores aéreos —también trabajadores federales— operaban al límite, mientras los programas de asistencia alimentaria enfrentaban incertidumbre sobre sus fondos, ICE mantuvo operaciones activas en los terminales. Sus agentes continuaron apostados en filas de documentación, en zonas de llegadas internacionales, en los corredores donde se mezclan turistas, trabajadores transfronterizos y familias que viajan por razones que ningún agente conoce antes de preguntar.

La razón no es un misterio burocrático. ICE fue clasificada, junto con la Patrulla Fronteriza y el Servicio Secreto, como agencia de operaciones esenciales. Eso significa que sus agentes trabajan aunque no haya presupuesto aprobado. Significa, en términos prácticos, que el Estado puede paralizarse en sus funciones de bienestar —supervisión ambiental, servicios sociales, inspección alimentaria— pero no en sus funciones de control migratorio.

Esa jerarquía no es accidental. Es una decisión política.

Desde 2017, ICE amplió de manera sostenida sus operaciones en aeropuertos, espacios que históricamente se consideraban zonas de menor riesgo para personas con estatus migratorio irregular. El razonamiento de la agencia, expuesto en documentos internos filtrados y reportados por organizaciones como el American Civil Liberties Union (ACLU), es sencillo: los aeropuertos concentran personas con identidades verificables, con documentos en mano, en filas ordenadas. Son, en términos operativos, ambientes controlados.

Para ICE, un aeropuerto es una zona de captura eficiente.

Para Yadira, es el lugar donde supo que su nombre ya estaba en una lista.

La expansión de estas operaciones se aceleró bajo la segunda administración de Donald Trump, que desde su primer día en el cargo firmó órdenes ejecutivas ampliando las categorías de personas consideradas prioritarias para deportación. Ya no se trata solo de personas con antecedentes penales graves. La prioridad ahora incluye a quienes hayan cometido cualquier infracción, incluso civil, y a quienes los agentes consideren un riesgo potencial —una categoría lo suficientemente vaga como para abarcar a casi cualquier persona sin documentos en regla.

El Departamento de Seguridad Nacional no publica datos desagregados sobre detenciones en aeropuertos. No existe un registro público de cuántas personas son identificadas, interrogadas o detenidas en terminales aéreos. La transparencia que sí existe para otros programas federales —número de beneficiarios, gasto por agencia, resultados verificables— no aplica aquí. Y el cierre de gobierno, que paralizó las funciones de supervisión del Congreso sobre varias dependencias, redujo aún más la posibilidad de escrutinio externo.

Un Estado que no puede pagar a sus inspectores de alimentos sí puede financiar agentes en los aeropuertos. Un Estado que suspende programas de vivienda sí mantiene activo el sistema de detención migratoria, que según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes cuesta en promedio 141 dólares por persona detenida por día. En 2024, ICE mantuvo a más de 37,000 personas bajo detención en promedio diario.

La pregunta que la cobertura convencional no hace es esta: ¿qué significa que el único servicio federal que no se interrumpe durante un cierre de gobierno sea aquel cuya función principal es la vigilancia y detención de personas por su condición migratoria?

No es una pregunta retórica. Tiene una respuesta institucional concreta: refleja la jerarquía de valores que el Estado ha codificado en su propia estructura de emergencia. Lo esencial, en esa lógica, no es alimentar a las familias, ni garantizar la seguridad aérea con personal pagado y descansado, ni mantener la supervisión ambiental que protege el agua que se bebe. Lo esencial es que el aparato de control sobre los cuerpos de las personas migrantes no se detenga.

Lo esencial, en términos presupuestales, es la cacería.

Esto ocurre mientras Robert Mueller, el fiscal que investigó la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y las posibles obstrucciones de la primera administración Trump, acaba de morir. Su trabajo produjo 37 acusaciones formales y reveló la fragilidad de las instituciones de supervisión frente al poder ejecutivo. La pregunta que Mueller dejó sin respuesta definitiva —¿puede el Estado de derecho contener a un ejecutivo que actúa como si las reglas no aplicaran?— sigue vigente. Y en los aeropuertos, mientras las filas crecen y los agentes de la TSA trabajan sin cobrar, ICE responde esa pregunta con su simple presencia.

Yadira llegó a Guadalajara. Visitó a su madre. Regresó a Phoenix.

En el vuelo de regreso, me contaron, no durmió.

No porque tuviera miedo de que la detuvieran en el aeropuerto mexicano. Sino porque sabía que en el estadounidense, donde sus hijos la esperaban, su nombre ya estaba registrado en una base de datos cuyas reglas de uso nadie le ha explicado, cuyos criterios de activación nadie ha publicado y cuyo funcionamiento ningún supervisor del Congreso puede revisar mientras el gobierno permanezca cerrado.

Eso es lo que significa operar sin interrupción cuando todo lo demás se para: que el Estado elige, con precisión, qué tipo de miedo nunca descansa.

Por Carmen Delgado