Lo que sucede en las terminales aéreas de Estados Unidos ya no es turbulencia administrativa: es la arquitectura de un Estado que elige a quién protege y a quién persigue

Una mujer con dos maletas de ruedas y un niño sujeto de la mano. Lleva tres horas en la fila del control migratorio del aeropuerto internacional. El agente delante de ella no revisa documentos: observa caras. Ella lo sabe. Todos en la fila lo saben. Nadie dice nada. Eso también es parte del sistema.

Hay lugares que una sociedad construye para moverse y lugares que construye para detenerse. Los aeropuertos fueron diseñados, al menos en teoría, para lo primero. Pero lo que está ocurriendo en las terminales aéreas de Estados Unidos durante este cierre de gobierno —el llamado shutdown— revela algo más profundo que una crisis presupuestal: revela cómo el Estado decide, en momentos de fractura, qué funciones son prescindibles y cuáles son sagradas.

Los controladores de tráfico aéreo trabajan sin cobrar. Los inspectores de seguridad reportan bajas por enfermedad en números que no son coincidencia — cuando no te pagan, el cuerpo encuentra la manera de protestar. Las filas en los aeropuertos se extienden hasta doblar pasillos. El sistema que mueve millones de personas cada semana cruje, se detiene, improvisa. Y sin embargo, hay una categoría de agentes federales que sí están trabajando con plena energía, con recursos, con presencia reforzada: los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

Mientras el Estado se declara paralizado, la maquinaria de deportación no descansa.

Eso no es una paradoja. Es una declaración de prioridades.

El sociólogo alemán Max Weber definió al Estado moderno como la institución que detenta el monopolio legítimo de la violencia. La definición es fría, pero útil: nos dice que el Estado no es neutro, que su poder se ejerce siempre en alguna dirección. La pregunta que esa definición no responde es: ¿en dirección a quién?

Cuando un gobierno cierra —cuando deja de pagar salarios, de operar servicios, de mantener la vigilancia que garantiza derechos— la respuesta se vuelve visible. No en los discursos. En los aeropuertos.

Lo que está ocurriendo en las terminales estadounidenses es la superposición de dos lógicas estatales que normalmente conviven sin que nadie las confronte: la lógica del servicio público, que en teoría protege a todos por igual, y la lógica del control, que en la práctica distingue cuerpos, documentos, acentos, apellidos. El cierre de gobierno hace trizas la ilusión de que ambas lógicas son la misma cosa.

El agente de seguridad que no cobra y llama enfermo representa la primera. El agente de ICE que patrulla las filas buscando migrantes sin papeles representa la segunda. En condiciones normales, los dos usan uniforme federal. En condiciones de crisis, solo uno sigue ahí.

Hay algo que la gente que cruza esas filas experimenta y que es difícil de nombrar con precisión. No es exactamente miedo, aunque el miedo está presente. No es exactamente humillación, aunque la humillación también. Es algo más parecido a la conciencia de que el espacio que pisas no fue construido para ti, aunque lleves años pagando impuestos, aunque tengas visa, aunque hayas nacido a cien kilómetros de ahí.

Es la sensación de ser un dato en un sistema que no te ve como persona sino como variable: documentado o indocumentado, riesgo o no riesgo, caso o no caso. El aeropuerto —ese no-lugar que el antropólogo Marc Augé describió como espacio sin identidad ni historia— se convierte en el escenario perfecto para ejercer ese tipo de poder: nadie es de ahí, todos están de paso, nadie tiene derechos locales, todo el mundo está en tránsito y por lo tanto en una zona gris de protección legal.

Operar en aeropuertos no es una táctica nueva de ICE, pero su visibilización deliberada en este momento sí tiene una función: la intimidación no necesita detenerte a ti. Necesita que tú veas cómo detienen al de junto.

En este mismo período murió Robert Mueller, el fiscal especial que durante casi dos años investigó la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los vínculos de Donald Trump con ese proceso. Su muerte pasó casi inadvertida en los grandes titulares, sepultada bajo el ruido del cierre de gobierno. Pero hay una ironía que vale la pena señalar: Mueller fue la encarnación de la idea de que existen instituciones republicanas capaces de actuar con independencia del poder político. Su investigación fue, guste o no, la última vez que esa idea pareció creíble.

Hoy, mientras el gobierno está paralizado porque el Congreso no aprobó el presupuesto, mientras los trabajadores federales hacen fila en los bancos de alimentos, mientras los aeropuertos colapsan por falta de personal pagado, la administración Trump refuerza la presencia de ICE en los mismos aeropuertos que se caen a pedazos. Las instituciones que protegen derechos se desfinancian. Las que ejercen control se mantienen intactas.

No es desorden. Es una forma de orden.

La pregunta que se queda flotando, la que no tiene respuesta cómoda, es esta: ¿qué es un Estado que funciona a medias?

No es que el Estado haya fallado. Es que está funcionando exactamente como fue rediseñado para funcionar. Un Estado que deja de pagar a sus trabajadores de salud, seguridad aérea y servicios sociales, pero mantiene operativa su maquinaria de control migratorio, no está en crisis. Está ejerciendo una elección.

Y esa elección tiene nombre. Tiene cara. Tiene la cara de la mujer con las dos maletas y el niño sujeto de la mano, parada en una fila que avanza demasiado despacio, en un aeropuerto que debería ser un lugar de paso y se ha convertido en un lugar de caza.

Lo que ocurre ahí no es turbulencia. Es política. Y la política, al final, siempre se puede leer en los cuerpos de quienes la padecen.

Por Roberto Medina