Mientras Hawái enfrenta desastre natural, el gobierno despliega agentes migratorios en terminales aéreas bajo pretexto de eficiencia

En medio del caos administrativo que genera un cierre parcial del gobierno federal, la administración ha tomado una decisión que revela sus verdaderas prioridades: desplegar agentes de ICE —la agencia de Inmigración y Control de Aduanas— en los aeropuertos del país para ayudar a la Administración de Seguridad del Transporte a manejar las filas mientras, simultáneamente, aplican la ley de inmigración.

Tom Homan, el "czar fronterizo" designado para coordinar la política migratoria, confirmó públicamente el despliegue. La justificación oficial es práctica: aliviar los retrasos causados por la falta de presupuesto. Pero cualquiera que entienda cómo funciona esta agencia sabe que no se trata de eficiencia administrativa. Se trata de convertir cada punto de entrada al país en una operación de control migratorio.

Esto significa que mientras esperas en la fila de seguridad de un aeropuerto de Dallas, Los Ángeles o Miami, no solo habrá oficiales de TSA revisando tu identificación y tu equipaje. Habrá agentes de ICE observando, identificando, potencialmente deteniendo a personas basándose en su estatus migratorio. Una familia latina esperando para viajar a un funeral. Un trabajador sin papeles que finalmente había ahorrado para visitar a sus hijos en otro estado. Un estudiante indocumentado volando a una entrevista de trabajo.

La Corte Suprema de Estados Unidos estableció hace años que los aeropuertos son espacios donde se puede hacer "screening" de seguridad. Lo que la administración está haciendo ahora es usar esa autoridad como coartada para una operación de inmigración encubierta.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, ha señalado el problema. Padilla, quien creció en una familia de trabajadores migrantes y cuya madre llegó a Estados Unidos sin documentación, ha criticado directamente estas medidas. No es solo una cuestión de derechos —aunque lo es. Es una cuestión de cómo el gobierno federal está usando la crisis administrativa para normalizar algo que hace apenas unos años hubiera generado escándalo: la militarización de los puntos de transporte civil.

Y mientras esto ocurre en los aeropuertos, hay otro desastre que debería estar ocupando toda la atención federal: Hawái acaba de experimentar sus peores inundaciones en dos décadas. El gobernador Josh Green ha reportado daños iniciales estimados en mil millones de dólares. Miles de personas han sido evacuadas en Oahu y Maui. Hay familias que han perdido sus hogares, sus negocios, sus vidas tal como las conocían.

Mil millones de dólares. Peores inundaciones en veinte años. Y la administración federal está más preocupada por desplegar agentes de inmigración en aeropuertos que por coordinar una respuesta de emergencia efectiva.

Esto no es coincidencia. Es prioridades. Es donde el gobierno elige poner sus recursos, su atención, su energía política.

La Ley SAVE, que los republicanos han impulsado como parte de esta agenda más amplia, busca reformar las elecciones federales usando como pretexto la verificación de ciudadanía. Padilla ha señalado correctamente que esto no se trata de seguridad electoral —la fraude electoral de no ciudadanos es estadísticamente insignificante— sino de crear obstáculos para que la gente vote. Es la misma lógica: usar una crisis como pretexto para un objetivo político más amplio.

Lo que estamos viendo es una convergencia de políticas que, tomadas juntas, pintan un cuadro claro: el gobierno está decidiendo que el control migratorio y la restricción del voto son más urgentes que responder a desastres naturales.

En los aeropuertos, en las fronteras, en los puntos de entrada, la realidad es más simple y más brutal que cualquier comunicado de prensa. Es una familia que no puede viajar porque tiene miedo. Es un trabajador que reduce sus movimientos porque teme ser identificado. Es la normalización gradual de que el Estado pueda intervenir en tus movimientos basándose en quién eres, de dónde viniste, cuál es tu estatus legal.

Mientras Hawái se recupera de mil millones de dólares en daños, mientras familias pierden todo en inundaciones, la administración sigue adelante con su agenda de control y restricción. Esto no es eficiencia. Es una declaración de intenciones.

Por Martin Salazar