El Senado confirma a Markwayne Mullin en medio del cierre parcial del gobierno estadounidense
Markwayne Mullin, senador republicano de Oklahoma, fue confirmado ayer por el Senado estadounidense como secretario de Seguridad Nacional, asumiendo el cargo en medio de una crisis presupuestaria que ha dejado a aproximadamente 100 mil empleados del departamento trabajando sin recibir pago.
La confirmación de Mullin, que reemplaza a Kristi Noem, ocurre en un momento particularmente delicado. No es solo un cambio administrativo — es un cambio de mando mientras decenas de miles de personas que protegen fronteras, procesan documentos migratorios, e inspecciona puntos de entrada mantienen sus puestos sin salario. Imagínate tu empleo: llegar cada día a trabajar, cumplir con tus responsabilidades, y saber que el dinero para pagar la renta, la comida, los medicamentos de tus hijos, no llegará mientras políticos en Washington negocian presupuestos.
Ese es el contexto real en el que Mullin comienza su gestión. El cierre parcial del gobierno federal es una herramienta presupuestaria que se ha normalizado peligrosamente en Estados Unidos. Mientras los legisladores no alcanzan acuerdos sobre financiamiento, agencias enteras quedan en una especie de limbo: sus trabajadores van a oficinas, cumplen funciones esenciales, pero sus nóminas quedan suspendidas. Es una transferencia de costos hacia los trabajadores públicos — personas que no votaron por este presupuesto, que no tienen control sobre si sus agencias reciben fondos, pero que cargan con las consecuencias.
Los 100 mil empleados de Seguridad Nacional que trabajan sin pago no son gerentes corporativos que pueden absorber una semana o dos sin salario. Son guardias fronterizos en Texas, Arizona y California. Son procesadores de permisos de trabajo y visas que atienden miles de solicitudes diarias. Son inspectores de aduanas, agentes de control migratorio, personal administrativo. Muchos viven en ciudades donde el costo de vida es alto — precisamente porque trabajan en puntos fronterizos o grandes centros urbanos.
Para Mullin, la herencia que recibe es compleja. Asume el liderazgo de un departamento en crisis de recursos humanos y presupuestaria. Sus primeras decisiones no serán sobre estrategia o política pública — serán sobre gestión de crisis, sobre cómo mantener operaciones esenciales con un equipo que está bajo estrés financiero.
La confirmación de Mullin también refleja la composición actual del poder en Washington. Es un republicano confirmando a un republicano durante una administración republicana. El Partido Republicano controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pero aún así no ha logrado aprobar un presupuesto regular. Esto no es falta de poder legislativo — es una decisión política. Los cierres parciales se han convertido en una táctica de negociación, en un juego presupuestario donde los trabajadores públicos son los rehenes.
Desde la perspectiva de trabajadores y familias que dependen del salario de estos 100 mil empleados federales, lo que importa no es quién ocupa la silla de secretario, sino cuándo se resuelve el cierre. Una semana sin salario para un trabajador de frontera significa decidir si pagar la hipoteca o el seguro médico. Dos semanas significa atrasos en tarjetas de crédito. Un mes significa crisis real.
Mullin, quien anteriormente fue empresario en Oklahoma antes de llegar al Senado, tendrá que navegar esta crisis desde el primer día. Su capacidad para gestionar será probada inmediatamente no por su ideología, sino por su habilidad para mantener operaciones mientras el cierre continúa.
Lo que debe quedar claro es esto: mientras se celebra una confirmación, hay 100 mil personas que están trabajando, cumpliendo funciones de seguridad nacional, procesando migrantes en puntos de entrada, protegiéndote si viajas por aire o tierra, y no saben cuándo volverán a recibir un cheque de nómina. Ese es el contexto real de este cambio administrativo. Ese es el costo que pagan trabajadores públicos por los enfrentamientos políticos en Washington.
Por Luis Ramos