La votación de madrugada del viernes busca resolver el cierre parcial que paralizó aeropuertos. Pero la ausencia de dinero para deportaciones abre un debate sobre prioridades.

A las primeras horas del viernes 27 de marzo, el Senado aprobó un proyecto de ley que financiaría la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. La votación llega después de 40 días de cierre parcial que dejó a decenas de miles de trabajadores federales sin salario y a millones de viajeros atrapados en filas de seguridad que se extendían hasta fuera de los aeropuertos.

Pero hay un detalle que marca la política estadounidense en este momento: el proyecto no incluye fondos para el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE.

Para entender qué significa esto, hay que empezar por lo que vieron los viajeros en los últimos 40 días. En el Aeropuerto Internacional de Miami, trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) sin pago estaban filtrando a 60,000 pasajeros diarios con uniforme mojado de sudor, sin poder pedir un día de descanso. En Los Ángeles, algunas filas de seguridad tomaban más de dos horas. Controladores aéreos llamaban enfermo porque no podían sostener sus familias con promesas de pago futuro. Era caos que afectaba directamente a trabajadores de otros sectores: el turismo perdía reservas, las aerolíneas perdían ingresos, pequeños negocios alrededor de los aeropuertos veían desaparecer clientes.

Ese cierre ocurrió porque el presidente y el Congreso no se ponían de acuerdo en los presupuestos. La Casa Blanca exigía fondos específicos para programas de inmigración. El Senado, con mayoría demócrata, resistía. Mientras ambos lados negociaban, fueron los trabajadores quienes pagaron el precio: vigilantes de seguridad en aeropuertos que ganan en promedio $38,000 al año, o sea, $1,580 mensuales antes de impuestos, trabajando sin cobrar.

La aprobación del viernes es parcial. Financia la mayoría del DHS —incluyendo TSA, Aduanas y Protección de Fronteras, y la Guardia Costera—, pero deliberadamente excluye a ICE, la agencia responsable de detenciones y deportaciones.

Este detalle no es accidental. Es una línea divisoria en la política migratoria estadounidense.

ICE ejecuta redadas en hogares, lugares de trabajo y comunidades. Opera más de 200 centros de detención. Deportó a 662,566 personas en 2019, año pico durante la administración anterior. Sus operaciones son financieramente intensivas: mantener a una persona en detención cuesta aproximadamente $122 por día, según reportes del Departamento de Justicia. Una persona detenida durante 90 días representa $11,000 en costos.

Al no incluir fondos para ICE, el Senado está diciendo algo político: que el financiamiento de detenciones y deportaciones no es prioridad de la mayoría legislativa. Es un contraste notable. Mientras se garantiza el dinero para revisar equipaje en aeropuertos —proteger el flujo de viajeros legales—, se niega el dinero para operaciones que afectan a inmigrantes, muchos de ellos trabajadores de la economía informal que nunca han estado en un aeropuerto.

Para miles de familias migrantes, esta decisión es material. Una persona indocumentada que vive con temor a una redada, que trabaja en la construcción, en servicios domésticos, en agricultura, sabe que sin fondos para ICE hay menos riesgo de detención. Para sus patrones, es lo opuesto: menos vigilancia de condiciones laborales, salarios, horarios.

Para trabajadores estadounidenses de mostrador en los aeropuertos que por fin podrán regresar a sus escritorios, la votación es alivio inmediato. Para restaurantes y hoteles que dependen del turismo, es promesa de normalidad. Pero los números de fondo no cambian: 44 millones de personas en Estados Unidos viven en pobreza, 2.1 millones están bajo supervisión de ICE, y millones más viven en la incertidumbre.

La pregunta ahora es qué sucede con ICE. ¿El Congreso aprobará un financiamiento separado? ¿El presidente ejercerá veto? ¿O se abre una ventana, aunque pequeña, donde las comunidades migrantes respiran un poco más?

Por ahora, los trabajadores de TSA pueden contar con salarios nuevamente. Eso es ganancia real. Pero el debate más profundo —para quién es la política migratoria, a quién protege, a quién controla— apenas comienza.

Por Luis Ramos