Trabajadores de aeropuertos enfrentaban otro cheque sin pagar. La orden ejecutiva es temporal mientras negocian una solución permanente de financiamiento.

Cuando María García se levantó el jueves 26 de marzo, no sabía si podría pagar la renta el viernes. Lleva tres años como agente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Su sueldo no es abundante — alrededor de $38,000 anuales — pero es predecible. O lo era, antes de que el Congreso entrara en un impasse de financiamiento que dejó a decenas de miles de trabajadores federales sin cobrar.

El viernes 27 de marzo, María y otros 50,000 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) enfrentaban otro cheque no pagado. Es el cuarto fin de semana seguido que viven en incertidumbre. Algunos han recurrido a despensas de emergencia. Otros han dejado de pagar servicios. El estrés, según reportes de los mismos trabajadores, es tangible.

Fue entonces cuando Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para que se pagara a los agentes de TSA mientras el Senado seguía negociando una oferta final para resolver la crisis de financiamiento federal.

La medida suena como un alivio. Y lo es, temporalmente. Pero detrás de esa orden ejecutiva hay una pregunta que pocos en los medios están formulando: ¿por qué un trabajador federal en Estados Unidos, en el año 2025, tiene que depender de una orden ejecutiva para recibir un sueldo que ya ganó?

La crisis que nadie quería resolver

Esta no es una situación nueva. El cierre parcial del gobierno — causado por el fracaso del Congreso en aprobar presupuestos — es ahora un patrón que se repite cada pocos meses. En 2019, hubo un cierre de 35 días. En 2021, otro. Y ahora, en 2025, otra vez.

Los trabajadores del TSA son solo la cara más visible. Hay 380,000 empleados federales sin pagar en total. Pero los agentes de seguridad de aeropuertos generaron titulares especiales porque sus ausencias afectan directamente los viajes: filas más largas, posibles demoras, caos potencial en puntos de acceso críticos de infraestructura nacional.

So el gobierno no puede funcionar sin dinero. Los republicanos y demócratas usan esos cierres como palanca en negociaciones sobre qué se incluye en los proyectos de presupuesto. Es política de tomar rehenes. Y los rehenes siempre son trabajadores.

La orden ejecutiva: un parche, no una solución

La orden de Trump resuelve el problema inmediato para el TSA. Los agentes tendrán dinero el viernes. Pueden pagar renta. Pueden comprar comida. Eso importa.

Pero es crucial entender lo que esta orden ejecutiva representa: un reconocimiento de que el sistema está roto, y una solución que esquiva el problema en lugar de resolverlo.

Una orden ejecutiva es temporal. Necesita de un acto del Congreso para ser permanente. Mientras los senadores "revisan una oferta final", el financiamiento sigue sin estar asegurado. Si no llegan a un acuerdo, los agentes de TSA estarán nuevamente en la misma situación en semanas.

Es decir: Trump está usando dinero de emergencia para resolver lo que debería ser una función básica del Congreso. Cualquier otro empleador que no pudiera pagar a sus trabajadores sería considerado insolvente. El gobierno de Estados Unidos es oficialmente insolvente en capacidad de funcionar.

Quien paga el costo real

La orden ejecutiva es politicamente conveniente. Trump puede decir que actuó. Mientras tanto, los trabajadores y sus familias cargan el peso psicológico y financiero de semanas sin certeza.

María, la agente de TSA que mencionamos, no puede planificar. No sabe si puede incurrir en deuda. Algunos de sus colegas han buscado empleos secundarios — trabajos de fin de semana que, en teoría, están prohibidos por sus contratos federales pero que asumen por necesidad. Otros han pedido dinero prestado a familiares. El estrés afecta el desempeño laboral. Y sí, afecta la seguridad: agentes cansados, estresados y preocupados por pagar sus cuentas no son agentes en su mejor forma.

Qué está en juego ahora

El Congreso tiene que aprobar un presupuesto que cubra los meses que faltan del año fiscal. Eso debería haber pasado hace meses. Que no haya pasado no es un accidente político — es una elección deliberada de una clase política que ha normalizado el caos presupuestario.

Los trabajadores federales y sus familias merecen un gobierno que funcione. No merecen orden ejecutivas de emergencia. Merecen un Congreso que cumpla con su responsabilidad constitucional básica: financiar el gobierno.

Mientras los senadores negocian, hay 50,000 agentes de TSA que finalmente podrán pagar lo que ganaron. Es un alivio real. Pero el sistema que los dejó sin pagar sigue intacto, listo para volver a fallar.

Por Gabriela Cruz