Cuando el gobierno comparte tu voto con quien te puede deportar, la democracia deja de ser un derecho y se convierte en una trampa
Marisol lleva dieciséis años pagando impuestos en Georgia. Tiene número de identificación fiscal, renta un departamento, manda a sus hijos a la escuela pública del barrio. Nunca votó — no puede, no es ciudadana — pero su nombre aparece en el padrón del condado porque en varios estados del sur el proceso de registro vehicular transfiere datos automáticamente a las listas electorales sin verificación de estatus migratorio. Ella no lo sabe. El Departamento de Justicia, ahora sí.
Esta semana se confirmó lo que organizaciones de derechos civiles venían advirtiendo desde enero: la administración Trump autorizó que el Departamento de Justicia comparta datos del padrón electoral federal con el Departamento de Seguridad Nacional para, según el comunicado oficial, "verificar la ciudadanía de los votantes registrados". El eufemismo es limpio. El mecanismo, no.
El mecanismo: cómo se construye una base de datos para deportar
Los registros electorales en Estados Unidos contienen, dependiendo del estado, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, número de licencia de conducir o de seguro social parcial, y en algunos casos origen étnico autodeclarado. No son bases de datos de ciudadanía — son bases de datos de participación cívica. Cruzarlas con los registros migratorios del Departamento de Seguridad Nacional no produce una lista de fraude electoral. Produce una lista de personas indocumentadas con dirección verificada.
El Proyecto Brennan de Justicia documentó en 2023 que al menos 40,000 personas no ciudadanas aparecen en padrones electorales de todo el país, la mayoría por errores administrativos en el proceso de registro automático — el llamado Motor Voter — y no por intención de cometer fraude. De ese universo, los casos de voto efectivo de personas no ciudadanas detectados entre 2000 y 2022 suman menos de 50 en total, según el mismo estudio. El fraude que justifica la medida es estadísticamente irrelevante. La base de datos que se construye, no.
Lo que el gobierno llama "verificación" es, operativamente, un cruce de información que permite a los agentes de inmigración localizar personas que nunca cometieron ningún delito pero cuyo nombre quedó atrapado en un sistema administrativo que no fue diseñado para distinguir entre residente y ciudadano.
La cadena de responsabilidad
El fiscal general Pam Bondi firmó el memorándum que autoriza el intercambio de datos. La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem recibe esa información y determina su uso operativo. El presidente Trump lleva meses exigiendo públicamente una "limpieza" de los padrones electorales — lo hizo en declaraciones a la prensa en marzo, en su cuenta de Truth Social al menos cuatro veces desde enero, y en la orden ejecutiva sobre integridad electoral que firmó el 25 de enero de 2025, misma que instruyó al Departamento de Justicia a coordinar con agencias federales para "verificar la elegibilidad de los votantes".
No hay ambigüedad en la cadena. La orden vino de arriba, la ejecutó el fiscal general, y el receptor de los datos es la agencia que en este momento tiene desplegados operativos de deportación masiva en doce estados. Llamarlo de otra forma sería un eufemismo que este espacio no puede permitirse.
Mientras esto ocurre, los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte — la TSA, los mismos que revisan maletas y documentos en cada aeropuerto del país — llevan más de un mes sin cobrar su salario completo por el cierre parcial del gobierno federal, que los republicanos en el Senado se negaron a resolver esta semana al bloquear la votación sobre el presupuesto. El gobierno tiene dinero para cruzar bases de datos migratorias. No tiene, o no quiere tener, dinero para pagar a los trabajadores que hacen funcionar sus propios aeropuertos.
La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional
¿Por qué ahora?
La respuesta corta es: porque pueden. El Congreso está controlado por republicanos que no han presentado ninguna moción para limitar el intercambio de datos entre agencias. La Corte Suprema tiene mayoría conservadora. Y la presión de la guerra con Irán — que ha disparado el precio de la gasolina y erosionado el apoyo popular a Trump según las encuestas de Gallup de esta semana — genera la necesidad de una narrativa de control interno que distraiga de la narrativa de caos externo.
Pero la pregunta más larga es esta: ¿qué sucede con el derecho al voto cuando el acto de registrarse para votar puede convertirse en evidencia para una deportación?
No es una pregunta abstracta. Es la pregunta que ya se están haciendo las organizaciones de base en estados como Texas, Florida y Georgia, donde las campañas de registro de nuevos ciudadanos naturalizados han empezado a reportar, según documentó The Guardian esta semana, que la gente tiene miedo de ir a registrarse. No porque no tengan derecho. Sino porque el vecino, el primo, el compañero de trabajo que no tiene papeles podría quedar expuesto si alguien en la oficina del condado comete un error administrativo y lo incluye en la lista.
El miedo no necesita ser racional para ser efectivo. La supresión del voto no siempre ocurre en la casilla. A veces ocurre en la conversación de la cocina, cuando alguien decide que no vale la pena el riesgo.
Lo que queda
Hay una fotografía que circuló esta semana en redes sociales — no verificable como símbolo, pero sí como dato — que muestra la fila de personas esperando en una oficina de registro electoral en Atlanta. Son familias enteras. Padres que se naturalizaron recientemente, hijos nacidos aquí, abuelos que llevan décadas esperando este momento. Registrarse para votar es, para muchas de esas familias, el acto que marca el fin de la incertidumbre.
Ahora esa oficina, sin saberlo, sin quererlo, sin poder evitarlo, podría estar construyendo la base de datos que localiza al tío que vive en el cuarto de atrás.
Marisol no votó. Pero su nombre está en algún servidor del Departamento de Justicia esta noche. Y alguien en el Departamento de Seguridad Nacional tiene autorización para buscarlo.
La democracia no murió en una sola decisión. Se fue vaciando, forma a forma, cruce de datos a cruce de datos, hasta que votar dejó de ser un derecho y se convirtió en algo que hay que calcular.
Por Carmen Delgado