Cuando el gobierno tiene recursos infinitos para controlar y ninguno para cuidar, algo fundamental se ha roto

En el aeropuerto de Atlanta, una agente de la TSA lleva más de un mes llegando a trabajar sin cobrar. No faltó un día. No abandonó su puesto. Revisa maletas, pide a los pasajeros que se quiten los zapatos, mantiene la fila en orden. Lo hace porque si no lo hace, la despiden. Lo hace porque tiene una hipoteca, o una renta, o una madre que depende de ella. Lo hace porque el sistema aprendió hace mucho tiempo que hay personas a las que se les puede exigir todo y ofrecerles nada, y ellas seguirán ahí, cumpliendo.

Ese detalle — un trabajador esencial que trabaja sin pago mientras el gobierno federal discute otras cosas — es la imagen más honesta de lo que está ocurriendo en Washington en este momento.

Los republicanos en el Congreso bloquearon esta semana el fin del cierre parcial del gobierno federal. No hay acuerdo presupuestario. Los llamados trabajadores esenciales —agentes de seguridad, personal de aduanas, empleados de agencias críticas— continúan laborando sin remuneración. Es un mecanismo kafkiano: se les exige presencia precisamente porque son indispensables, y esa indispensabilidad se convierte en su trampa. No pueden irse. No pueden negarse. Y el Estado, que los necesita, no los paga.

Al mismo tiempo, ese mismo Estado tiene capacidad operativa y voluntad política para otra cosa: el Departamento de Justicia acaba de anunciar que compartirá bases de datos de votantes registrados con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar su ciudadanía. El argumento oficial es la integridad electoral. La consecuencia práctica es la construcción de un aparato de vigilancia que cruza información personal de millones de personas con los sistemas de control migratorio.

Aquí está el patrón que vale la pena nombrar con claridad: el Estado tiene recursos cuando se trata de vigilar, de controlar, de verificar quién pertenece y quién no. Y carece de esos mismos recursos cuando se trata de pagar a quienes hacen funcionar sus aeropuertos, sus fronteras, sus instituciones cotidianas.

Hay una vieja discusión en la sociología del Estado sobre cuáles son sus funciones reales frente a sus funciones declaradas. Los gobiernos dicen servir al bien común. Pero los Estados, como estructuras históricas concretas, revelan sus prioridades en los momentos de escasez: qué se financia primero, qué se recorta primero, a quién se protege y a quién se expone.

Lo que estamos viendo en Estados Unidos no es caos, aunque así se presente en los titulares. Es un orden. Un orden particular, con su propia lógica interna. Un orden donde la vigilancia del votante, la verificación de la ciudadanía, el control de la inteligencia artificial en términos favorables al capital tecnológico, y la posibilidad de una escalada militar con Irán reciben atención, debate y recursos. Mientras que pagar a los trabajadores federales, o garantizar que las familias de clase media no paguen más caro la gasolina por las tensiones geopolíticas, queda en segundo plano o directamente se bloquea.

No es desorden. Es jerarquía.

La erosión del apoyo popular a Trump que muestran las encuestas recientes tiene dos motores concretos: el precio de la gasolina y la posibilidad de una guerra con Irán. Ambos son fenómenos que la gente siente en el cuerpo antes de entenderlos en términos políticos. La gasolina cara no se experimenta como política exterior ni como consecuencia de sanciones y tensiones en el Golfo Pérsico. Se experimenta en la estación de servicio, en el recibo, en la conversación con el compañero de trabajo que también llenó el tanque y también se quejó.

Hay algo que las personas sienten en momentos así y que es difícil de articular: la sensación de que las grandes decisiones —las guerras, los cierres de gobierno, las alianzas comerciales— las toman otros, en lugares inaccesibles, con consecuencias que llegan a tu vida sin que nadie te haya preguntado. No es exactamente impotencia. Es algo más específico: es la certeza de que el sistema está diseñado para que ciertos costos los pague siempre el mismo sector de la población.

Ese sector no tiene nombre propio en el discurso político oficial. No es "la clase trabajadora" como categoría abstracta. Es la agente de la TSA que trabaja sin cobrar. Es la familia que calcula cuántos kilómetros puede manejar esta semana. Es el votante registrado cuya información personal ahora circula entre agencias federales sin que le hayan pedido permiso.

El tema de la inteligencia artificial añade otra capa a este cuadro. Los estados —California, Texas, Colorado, entre otros— han comenzado a legislar por su cuenta porque el gobierno federal no lo hace, o lo hace en términos que sirven a las grandes empresas tecnológicas más que a los usuarios o a los trabajadores desplazados por la automatización. Trump pide al Congreso que bloquee esas regulaciones estatales, que despeje el camino para un marco federal unificado. El argumento es la coherencia normativa. La traducción práctica es: dejar que las empresas más grandes del mundo operen con la menor fricción posible.

Esta tensión entre regulación federal y regulación estatal no es nueva en la historia estadounidense. Pero la ironía de este momento es notable: la misma administración que invoca la autoridad federal para desmantelar la regulación de la IA, no tiene autoridad —o no tiene voluntad— para pagar a sus propios empleados.

La coherencia está en otra parte. Está en qué tipo de poder se refuerza y qué tipo de obligación se evade.

Existe una imagen que se repite en diferentes versiones a lo largo de la historia de los Estados modernos: el guardián que cuida la puerta pero no tiene llave de su propia casa. El que garantiza la seguridad del sistema y vive en la precariedad más absoluta dentro de él.

La agente de la TSA en Atlanta es esa imagen hoy. Trabaja para un Estado que simultaneamente construye sistemas para rastrear votantes, considera operaciones militares en el Golfo, y debate cómo regular —o desregular— la inteligencia artificial en beneficio de las corporaciones. Todo eso ocurre. Todo eso tiene presupuesto, abogados, reuniones en salas con vista al Capitolio.

Y ella sigue revisando maletas, sin cobrar, esperando que alguien en esas salas recuerde que existe.

Por Roberto Medina