Audiencias esta semana sobre derechos de niños migrantes llegan en medio del cierre más largo del gobierno y escalada en Oriente Medio

María está en la sala de espera de una clínica en Jackson Heights, Queens, con su hijo de siete años. El niño nació en un hospital de Nueva York hace siete años. Tiene el acta de nacimiento. Tiene el número de Seguro Social. Tiene la vacuna de la polio, como todos los niños de su edad en este país.

Esta semana, mientras millones de personas protestan contra el gobierno en manifestaciones "Sin Reyes", la Corte Suprema de Estados Unidos va a escuchar argumentos sobre si el hijo de María — y millones como él — debería tener automáticamente la ciudadanía por haber nacido aquí.

No es una pregunta abstracta en una corte. Es una pregunta sobre si el hijo de María puede ir a la escuela pública sin problemas. Si puede solicitar a una universidad estatal. Si el gobierno puede venir por él.

"Mi hijo es estadounidense", dice María, y su voz tiene esa firmeza de alguien que ha repetido la misma verdad tan pocas veces que le cree que nadie la entiende. "Nació aquí. ¿Cómo no va a ser estadounidense?"

Esa pregunta, que suena obvia, es exactamente la que la Corte Suprema va a debatir el miércoles.

La audiencia llega en un momento de caos institucional. El cierre más largo en la historia de Estados Unidos — 44 días sin financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional — ha paralizado los aeropuertos del país. Los agentes del ICE siguen en los terminales. Los trabajadores de la TSA reciben pagos atrasados. Y el gobierno sigue funcionando porque nadie sabe cómo detenerlo.

Mientras tanto, tropas estadounidenses adicionales están llegando a Oriente Medio. Diplomáticos hablan de terminar la guerra en Irán, pero nadie sabe si es en serio. Funcionarios iraníes advierten contra una invasión terrestre. Y la administración Trump contradice su propio bloqueo a Cuba autorizando que un buque cisterna ruso entregue petróleo a la isla.

Es un cuadro de un gobierno en descomposición. Un gobierno donde las instituciones que supuestamente existen para proteger a la gente están demasiado ocupadas peleándose entre ellas.

Pero para María y su hijo, todo eso es el ruido de fondo. Lo que importa es que esta semana, en una corte que ya ha eliminado derechos — el aborto, la protección ambiental, la privacidad — va a escuchar argumentos sobre si los niños nacidos en suelo estadounidense merecen los derechos que el Acta de Derechos Civiles de 1868 prometió que tendrían.

La Enmienda Catorce dice que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana. Es la ley más clara del país. Pero cuando la Corte Suprema dice que algo es "debatible", en realidad significa que está considerando cambiar la ley. Y cuando une a eso el hecho de que la decisión podría afectar el acceso a educación K-12 y a colegios, lo que está diciendo es que millones de niños podrían perder acceso a escuelas públicas financiadas con sus impuestos.

Es fácil hacer esto sonar como un debate legal. Pero en realidad es algo más simple y más brutal: es una pregunta sobre cuántos niños el gobierno quiere volver vulnerables.

Mientras tanto, Bank of America paga 72.5 millones de dólares en un acuerdo sobre facilitar la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Una representante demócrata de Florida es declarada culpable de violaciones éticas. Los conservadores se dividen sobre si continuar con la guerra en Irán. Y Bruce Springsteen canta en una manifestación en Minnesota contra Trump.

Es un país donde todo sucede al mismo tiempo. Las instituciones se erosionan. Los derechos se cuestionan. Las familias se despiertan cada mañana sin saber qué va a pasar.

María sabe que la ciudadanía de su hijo no debería estar en una sala de corte. Debería estar garantizada.

Pero la garantía ha significado poco últimamente. Y esta semana, en la Corte Suprema, se va a oír el argumento de que quizá no debería significar nada para millones de niños más.

Por Diana Torres