Una decisión contra la ciudadanía por nacimiento podría cerrar escuelas públicas a millones de niños migrantes y sus familias

Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos que podrían reescribir una de las garantías más fundamentales del país: el derecho a la ciudadanía automática para todo niño nacido en territorio estadounidense. Si los jueces conservadores que dominan la corte fallan en contra de esta práctica de 150 años, las consecuencias no serían académicas ni lejanas. Serían inmediatas, concretas y devastadoras para millones de familias.

Dejemos claro lo que está en juego: estamos hablando de niños. Niños nacidos en hospitales de Nueva York, Texas, California. Niños cuyos primeros gritos resonaron en quirófanos estadounidenses. La pregunta que la corte se hace el miércoles es si esos niños — simplemente por quiénes son sus padres — pueden ser excluidos de las escuelas públicas, de las universidades, de la posibilidad de construir un futuro en el país donde nacieron.

La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, es clara en su lenguaje: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos... son ciudadanas". Parece simple. Pero los abogados que presentarán argumentos el miércoles están pidiendo a la corte que reinterprete esa frase, que encuentre excepciones que no existen escritas en la constitución. Que diga que algunos niños nacidos aquí no son realmente "de aquí".

Para entender por qué esto importa, imaginemos a María. Tiene 8 años, nació en un hospital de Phoenix. Su madre es mexicana, indocumentada. Bajo el sistema actual, María es ciudadana estadounidense por derecho. Va a la escuela primaria pública. Puede acceder a programas federales. Cuando sea mayor, puede solicitar préstamos para la universidad. Es un niño como cualquier otro.

Ahora imaginemos qué pasa si la corte decide que María, por ser hija de una madre indocumentada, no es ciudadana de pleno derecho. De repente, su acceso a educación K-12 — garantizado por ley a todos los niños independientemente de estatus migratorio — se vuelve complicado. Los distritos escolares entran en pánico legal. ¿Pueden negar matrícula? ¿Deben reportar a inmigración? ¿Quién paga si una escuela es demandada por aceptar a una "no ciudadana"?

La educación superior es aún más clara. Sin ciudadanía, María no podría acceder a becas federales, a préstamos estudiantiles federales, a programas de ayuda financiera que millones de familias de clase trabajadora usan para que sus hijos vayan a la universidad. De golpe, la movilidad social se cierra.

El caso que la corte escucha el miércoles no aparece de la nada. Es parte de una estrategia deliberada de la derecha republicana para redefinicostituciones que han protegido a minorías durante décadas. El mismo bloque que votó para eliminar el derecho al aborto el año pasado, que está erosionando protecciones de derechos civiles, ahora apunta a la ciudadanía por nacimiento. Los argumentos que presentarán son técnicos — sobre qué significa "sujeta a la jurisdicción" de Estados Unidos — pero el propósito es político y claro: crear una clase de personas nacidas en EE.UU. pero sin derechos completos.

Esto no es un debate abstracto en un aula de derecho constitucional. Según datos del Centro de Investigación Pew, hay aproximadamente 5.5 millones de niños "de ciudadanía mixta" — al menos un padre ciudadano, al menos uno no — viviendo en Estados Unidos. Muchos más son hijos de padres ambos indocumentados, nacidos aquí. Si la corte decide que la ciudadanía por nacimiento puede ser limitada, estamos hablando de afectar a millones de niños de familias latinas, principalmente.

Lo que hace particularmente preocupante esta audiencia es quién la está impulsando. No son juristas preocupados por textos constitucionales olvidados. Son republicanos que ven en la restricción migratoria una estrategia política ganadora. Trump, cuando era candidato, dijo que eliminaría la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva. Eso es inconstitucional — un presidente no puede enmendar la constitución — pero refleja dónde está la presión política.

Para trabajadores y familias que viven este país, la pregunta es: ¿cuándo se consideran suficientemente estadounidenses? ¿Cuando naces aquí? ¿Cuando trabajas aquí pagando impuestos? ¿Cuando formas una familia aquí? La respuesta que la corte dé el miércoles determinará si millones de niños tendrán acceso a educación pública completa, a oportunidades de universidades, a un futuro igualitario en el país que los vio nacer.

Eso no es un caso técnico. Es una decisión sobre quién pertenece.

Por Luis Ramos