El cierre más largo en la historia estadounidense golpeó especialmente a trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional mientras los aeropuertos colapsaban

En algún momento entre mediados de diciembre y finales de enero, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un hito que nadie quería: el cierre más prolongado en su historia. No fue simbólico. Fueron 44 días sin salario para decenas de miles de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional —la agencia que controla la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza— quedó sin fondos. Y mientras los políticos debatían en Capitol Hill, fueron los trabajadores quienes pagaron el precio.

La ilusión de "trabajar sin paga"

Llamarlo "trabajo no remunerado" es un eufemismo. Cuando el gobierno federal ordena a los trabajadores presentarse en sus puestos sin salario, no es voluntariado. Es coerción. Los agentes de la TSA no pueden simplemente no presentarse en el aeropuerto. Los oficiales del ICE no pueden decidir no patrullar. El sistema de seguridad fronterizo no cierra porque sí.

Así que continuaron. Trabajaron. Cuidaron las fronteras, procesaron pasajeros, mantuvieron los viajes aéreos en movimiento. Y no recibieron dinero.

Esta es la realidad que los titulares sobre "cierres del gobierno" frecuentemente ocultan: no todos salen perjudicados de la misma forma. Los altos funcionarios tienen fondos de emergencia. Los congresistas siguen cobrando. Pero el agente de TSA que gana entre $28,000 y $35,000 al año tiene 44 días de gastos sin ingresos.

Caos en los aeropuertos: cuando la seguridad colapsa

El impacto fue visible en tiempo real. Los aeropuertos de Estados Unidos experimentaron caos. Las colas en seguridad se alargaron. Los tiempos de espera se duplicaron. En algunos aeropuertos, las demoras llegaron a más de una hora.

La razón era simple: trabajadores cansados y preocupados por sus facturas no pueden trabajar al mismo ritmo. Algunos faltaron. Otros llamaron enfermos —y es comprensible, aunque los números exactos varían según la fuente. Lo que no varía es que cuando el sistema tiene márgenes tan ajustados, la ausencia del 3-5% del personal genera colapso.

Esta es la lógica perversa de los cierres gubernamentales: el gobierno no cierra. La gente sigue trabajando. Solo que ahora con la presión psicológica adicional de saber que no van a ser pagados.

La inconsistencia brutal del DHS

Hay un detalle que revela la frialdad de las prioridades: mientras los agentes de la TSA finalmente recibieron sus salarios atrasados después del cierre, los agentes del ICE continuaron en los aeropuertos.

No es una coincidencia. Es una elección política.

La TSA es operada por civiles. El ICE es una agencia de aplicación de la ley. Las leyes requieren que continúen. Así que mientras algunos trabajadores federales fueron "perdonados" y pagados, otros continuaron bajo la amenaza implícita de que su trabajo es tan crítico que simplemente no pueden parar, pago o no.

Es una versión administrativa de la vieja táctica: divide a los trabajadores entre "esenciales" y no esenciales. Luego usa la esencialidad como justificación para extraer más trabajo por menos seguridad laboral.

Quién gana con los cierres

Esto no sucede al azar. Los cierres se producen cuando hay desacuerdo sobre la financiación. Y ese desacuerdo frecuentemente trata sobre prioridades que benefician a diferentes grupos:

Una administración quiere fondos para construcción fronteriza. La otra, no. El resultado es que el trabajador federal de ingreso medio-bajo queda en el medio, sin dinero durante 44 días, mientras que los contratistas privados que eventualmente construirán esa cerca —si se construye— siguen siendo pagados en tiempo y forma.

La lección ignorada

Los 44 días demostraron algo que los sindicatos de trabajadores federales llevan décadas argumentando: los servidores públicos están en una situación de vulnerabilidad estructural. No pueden huelgar. No pueden negociar colectivamente de forma significativa en muchas agencias. Y sus empleadores —el estado— pueden simplemente dejar de pagarles como herramienta política.

Es una forma de poder que no existe en el sector privado de la misma manera. Un empleador privado que deja de pagar a sus trabajadores enfrenta demandas legales. El gobierno federal simplemente espera a que se "resuelva" la disputa política.

Mientras escribimos esto, el debate en Washington continúa. Los políticos siguen discrepando sobre presupuestos, fronteras y prioridades. Y probablemente habrá otro cierre. Pero el que hubo ya quedó en los registros históricos: 44 días sin salario. Decenas de miles de familias con hipotecas impagadas. Aeropuertos tambaleándose. Un sistema de seguridad sostenido por trabajadores que no tenían opción de decir que no.

Eso es lo que significa un cierre gubernamental cuando se ve desde abajo.

Por Gabriela Cruz