La Corte Suprema de Estados Unidos tiene en sus manos algo más que una doctrina legal: tiene los nombres de niños que ya nacieron y aún no saben que podrían quedarse sin país
Jocelyn nació en un hospital de Houston en febrero de 2023. Su madre, hondureña, había cruzado la frontera seis meses antes. El certificado de nacimiento de Jocelyn dice, con toda la claridad que tiene un documento oficial, que nació en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América. Durante dos años, ese papel fue suficiente. Hoy, ese mismo papel está siendo sometido a revisión por el tribunal más poderoso del país.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó examinar la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas indocumentadas o con visa temporal. Si la mayoría conservadora del tribunal —seis de nueve magistrados— avala la medida, Jocelyn y cientos de miles de niños en situación similar dejarían de ser ciudadanos estadounidenses. No en el futuro. Retroactivamente, si la interpretación así lo permite.
El mecanismo es viejo, aunque el uso que se le da sea nuevo. La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868 para garantizar ciudadanía a los esclavos liberados tras la Guerra Civil, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Por más de 150 años, esa frase fue interpretada de manera uniforme: nacer en suelo estadounidense otorga ciudadanía. Punto. Trump y sus asesores legales argumentan que la cláusula "sujeta a su jurisdicción" excluye a los hijos de quienes están en el país sin estatus legal. Es una reinterpretación que la mayoría de los constitucionalistas —incluidos varios conservadores— considera históricamente insostenible. Pero la Corte actual no es la Corte de hace diez años.
Tres jueces del tribunal fueron nombrados por Trump durante su primer mandato: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. A ellos se suman Clarence Thomas y Samuel Alito, cuyo historial en materia migratoria y de derechos civiles no deja lugar a ambigüedades. La mayoría que podría redefinir la ciudadanía en Estados Unidos no emergió de la nada: fue construida con precisión quirúrgica durante años de estrategia judicial de la derecha estadounidense, financiada por organizaciones como la Federalist Society, que recibe decenas de millones de dólares anuales de fundaciones vinculadas a las fortunas más conservadoras del país.
La pregunta que los medios convencionales casi no hacen es esta: ¿a cuántos niños ya nacidos afectaría una decisión adversa?
Según estimaciones del Migration Policy Institute, en Estados Unidos residen entre 4.4 y 5 millones de personas que nacieron en el país siendo hijos de al menos un padre indocumentado. No todos serían afectados de manera idéntica —la retroactividad depende de cómo la Corte redacte su eventual fallo—, pero incluso una aplicación prospectiva crearía una nueva categoría de personas: nacidas en suelo estadounidense, criadas en Estados Unidos, con acento de Houston o Los Ángeles o Chicago, pero sin pasaporte, sin número de seguridad social pleno, sin acceso garantizado a los servicios que cualquier ciudadano da por sentados.
Y aquí aparece la cadena de responsabilidad que conviene nombrar sin rodeos.
Trump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, su primer día de regreso en la Casa Blanca. La orden fue bloqueada de inmediato por varios jueces federales —incluidos algunos nombrados por republicanos— que consideraron que violaba de manera flagrante la Constitución. La administración recurrió. La Corte Suprema accedió a escuchar el caso. El Congreso, controlado por republicanos en ambas cámaras, no ha movido un dedo para legislar en sentido contrario. El Partido Republicano, en bloque, ha respaldado la medida como parte de su agenda de "control fronterizo", eufemismo que en la práctica significa la construcción legal de una clase inferior de personas nacidas dentro del mismo territorio.
Mientras tanto, en paralelo, el gobierno mexicano exige explicaciones por la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas —el ICE, por sus siglas en inglés—. El nombre del hombre no ha sido difundido públicamente por las autoridades estadounidenses. México lleva días pidiendo información sobre las circunstancias del fallecimiento. La respuesta de Washington ha sido, hasta ahora, el silencio institucional que se practica cuando la víctima no tiene la nacionalidad adecuada.
Estos dos hechos —la revisión de la ciudadanía por nacimiento y la muerte sin explicación en un centro de detención— no son noticias separadas. Son dos expresiones del mismo proyecto: la construcción de una arquitectura legal que deshumaniza a las personas migrantes y a sus hijos, que los sitúa fuera del contrato social antes de que puedan firmarlo, que los hace invisibles incluso cuando mueren bajo custodia del Estado.
La pregunta incómoda no es si la Corte tiene la autoridad técnica para reinterpretar la Decimocuarta Enmienda. La pregunta es qué significa que el país que se presenta al mundo como modelo de democracia constitucional esté deliberando, en su más alto tribunal, si los niños que nacen en su territorio merecen o no existir legalmente en él. Y qué dice de nosotros —de México, de los países de origen— que nuestra respuesta diplomática siga siendo tan cuidadosa, tan medida, tan respetuosa de las "relaciones bilaterales" frente a un gobierno que no muestra reciprocidad alguna.
Jocelyn tiene dos años. No sabe lo que es una enmienda constitucional ni lo que hace la Corte Suprema. Su madre tampoco tiene tiempo de aprenderlo: trabaja doce horas diarias en una procesadora de alimentos en las afueras de Houston, sin contrato, sin seguro médico, sin sindicato que la represente. El certificado de nacimiento de Jocelyn sigue en un cajón de la cocina, guardado en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad.
Lo que no la protegerá de la humedad es una Corte que lleva meses siendo presionada para decidir si ese papel vale algo o no.
Y cuando fallen, si fallan en su contra, nadie en Washington perderá el sueño. Pero Jocelyn seguirá ahí, en Houston, con su acento texano y su certificado en la bolsa de plástico, esperando que alguien le explique por qué el país donde nació decidió que no era suficiente haber nacido ahí.
Por Carmen Delgado