Cuando un gobierno elige el conflicto exterior para enterrar sus crisis internas, quienes pagan el precio no son los que toman las decisiones

Marisela Fuentes tiene 54 años y trabaja en una lavandería industrial en el lado sur de Chicago. Lleva dieciséis años en ese trabajo, el suficiente para saber cuándo el costo de vivir sube aunque nadie lo anuncie en las noticias. Esta semana, la farmacia del barrio le informó que el precio de su medicamento para la presión —un genérico que importan desde India— subió casi un treinta por ciento. Nadie le explicó por qué. Nadie le preguntó si podía pagarlo.

Lo que Marisela no sabe, porque nadie se lo ha contado de frente, es que ese aumento tiene nombre y apellido: arancel. Una decisión tomada en Washington que convierte sus pastillas en ficha de negociación comercial, que pone su salud en la misma balanza que los intereses de empresas que no conoce, en conflictos que no eligió.

Eso es lo que esta edición de Semilla News ha documentado hoy: un gobierno que acumula frentes abiertos —una guerra en el Golfo Pérsico, una purga interna en el Departamento de Justicia, una recolección masiva de datos electorales que alarma hasta a sus propios funcionarios— y que, mientras tanto, traslada los costos de ese desorden a la gente que menos puede absorberlos.

La destitución de la fiscal general Pam Bondi no es un episodio menor de intrigas palacianas. Es la señal más clara de que en la Casa Blanca no existe hoy un Estado funcional: existe un aparato al servicio de la voluntad de una persona. Bondi fue removida, según los reportes, por no haber gestionado a satisfacción los archivos del caso Epstein, una investigación cuya sombra toca a figuras del poder en ambos partidos. Que el máximo cargo de procuración de justicia del país pueda ser eliminado por razones que tienen más que ver con control de información que con desempeño institucional debería escandalizar a cualquiera que crea en el Estado de derecho. En cambio, la noticia duró pocas horas en los titulares antes de ser desplazada por el siguiente golpe de efecto.

Ese desplazamiento no es accidental. Es el método.

Cuando los mercados no creen en las declaraciones de victoria en Irán —y hoy no creyeron, como documentamos en esta edición— cuando un conflicto armado se prolonga más allá de las promesas del presidente y cuando las represalias iraníes obligan a retirar tropas de posiciones que se presentaban como sólidas, lo que se necesita no es rendición de cuentas. Lo que se necesita es otro frente. Otra crisis. Otro enemigo.

La orden a los estados de entregar datos electorales detallados, que provocó la renuncia de una funcionaria que se negó a violar la privacidad de los ciudadanos, encaja en esa lógica. No es una política de transparencia electoral. Es la construcción de una infraestructura de control que puede usarse antes, durante y después de cualquier elección. Y se hace en medio del ruido de los misiles y los aranceles, cuando la atención pública está fragmentada y agotada.

Hay algo que este editorial no puede ignorar, porque sería deshonesto hacerlo: Irán no es un actor inocente en esta escalada. Los ataques a refinerías documentados en esta edición son reales. Las amenazas del régimen iraní a la navegación en el Golfo son reales. Cualquier análisis serio tiene que reconocer que en un conflicto de esta naturaleza, la responsabilidad no es unilateral.

Pero reconocer la complejidad no es lo mismo que aceptar el encuadre que propone Washington. La pregunta que Semilla News se hace —y que le hacemos a nuestros lectores— no es quién tiene razón en el Golfo Pérsico. La pregunta es: ¿a quién sirve esta guerra en este momento, y a quién le cuesta?

Le cuesta a los soldados movilizados, a sus familias, a las comunidades que los rodean. Le cuesta a los civiles iraníes que no diseñaron la política exterior de su gobierno. Le cuesta a Marisela, que no puede pagar sus medicamentos. Le cuesta a los trabajadores de manufactura que ven desaparecer empleos cuando las cadenas de suministro se rompen. El capital, en cambio, se adapta: busca otro proveedor, negocia otra ruta, traslada la pérdida hacia abajo.

Eso no es un accidente del sistema. Es cómo funciona el sistema.

Desde este medio hemos dicho antes, y lo repetimos hoy con la misma convicción: el periodismo tiene la obligación de no dejarse arrastrar por el ritmo que impone el poder. Cuando la agenda cambia cada cuatro horas, cuando cada declaración busca enterrar la anterior, la tarea del periodismo no es seguir ese ritmo: es detenerse, preguntar qué conecta todos esos movimientos, y señalar a quién beneficia el desorden.

Lo que conecta la guerra en el Golfo, la purga en el Departamento de Justicia, los aranceles sobre medicamentos y la recolección de datos electorales no es la incompetencia. Es una dirección. Un gobierno que debilita las instituciones que podrían contenerlo, que usa el conflicto exterior para drenar la energía de la oposición interna, que convierte los derechos —a la salud, a la privacidad, a un voto que cuente— en instrumentos de negociación.

Creemos que nombrar eso con claridad, con evidencia y sin paralizarse ante la complejidad, es lo que distingue el periodismo de la propaganda. Y creemos que la gente que trabaja, que paga sus medicamentos, que se pregunta por qué el mundo se mueve tan rápido y siempre en la misma dirección, merece ese periodismo.

Marisela va a volver a la farmacia la semana que viene. Va a pagar lo que pueda. Y si no puede, va a tomar decisiones sobre su salud que ningún funcionario en Washington tendrá que tomar por ella.

La pregunta que nos dejamos esta noche es sencilla y urgente: ¿cuántas Mariselas tienen que absorber el costo de este caos antes de que alguien, en algún lugar con poder real, decida que ya es suficiente?

Por Isabel Vega