La retención de fondos federales muestra cómo la administración usa la salud pública como arma política, mientras demócratas ganan terreno en Texas
Saint Paul, Minnesota. En las oficinas del Departamento de Salud de Minnesota, los funcionarios reciben otra noticia que confirma lo que ya saben: Washington está usando la salud pública como arma política.
La administración Trump retuvo fondos federales de Medicaid, el programa que cubre a casi 2 millones de minnesotanos, acusando al estado de no hacer lo suficiente para combatir el fraude. La ironia es brutal: Minnesota tiene una tasa de fraude muy por debajo del promedio nacional. No importa. El castigo llega igual.
"Lo que estamos viendo es la politización de la salud pública," dice una trabajadora social en una clínica de Minneapolis, quien pidió no ser identificada. "Estos fondos no son dinero político. Son medicinas para gente enferma. Son citas con el doctor que ahora no se pueden pagar."
Minnesota no está sola. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la administración ha usado la amenaza de retención de fondos federales como palanca política contra estados que no se alinean con su agenda. Pero el caso de Minnesota es particularmente crudo porque viola su propia lógica: si el argumento es combatir el fraude, ¿por qué castigar al estado que mejor lo está haciendo?
La demanda que Minnesota presentó es más que un litigio administrativo. Es una línea en la arena. El estado está diciendo que hay un límite a lo que puede hacer un gobierno federal cuando usa el programa de salud más importante para pobres y ancianos como rehén político.
Mientras tanto, en las cortes
En un giro que muestra las contradicciones internas de la agenda Trump, una corte comercial ordenó reembolsos de aranceles que la Suprema Corte había anulado hace apenas un mes. Las empresas ahora pueden reclamar devoluciones de aranceles que fueron eliminados legalmente.
Lo que parece un tecnicismo legal tiene peso real. Significa que mientras la administración intenta usar el poder ejecutivo para implementar políticas proteccionistas agresivas, el sistema judicial está frenando en seco. Las cortes dicen: no, los aranceles que impusieron ilegalmente deben ser reembolsados.
Esto afecta directamente a trabajadores y pequeñas empresas que pagaron estos aranceles. Una empresa de autopartes en Detroit que importa componentes de Monterrey, una maquiladora en Reynosa que vende a distribuidores estadounidenses, un productor agrícola en el Valle del Río Grande que depende del comercio transfronterizo: todos estos actores económicos recibirán devoluciones que equilibren un poco el caos que los aranceles generaron.
La contradicción es clara: Trump quiere un estado fuerte para proteger a "sus" industrias con aranceles, pero débil para retener fondos de salud a estados que desafían su voluntad política. La lógica no es económica. Es de poder.
Texas: donde la democracia todavía respira
En Texas, mientras tanto, James Talarico ganó la primaria demócrata para el Senado de Estados Unidos. Derrotó a Jasmine Crockett, una representante con base sólida en el ala progresista del partido, usando una estrategia de coalición amplia que apeló a votantes de ambos partidos e independientes.
Esta victoria es significativa en un estado que Trump ganó hace poco. Talarico construyó algo que la política demócrata en Texas ha perseguido durante años: una coalición que no es solo progresista, sino populista. Una coalición que habla tanto a trabajadores blancos sin estudios universitarios como a votantes de color urbanos.
Es el tipo de política que amenaza a Trump en estados como Texas, donde el electorado es más diverso cada año y donde muchas comunidades —las que viven en la frontera, las que dependen de Medicaid, las que dependen del comercio regional— están cansadas de ser castigos colaterales de guerras políticas que no pidieron.
La conexión que no ves en los titulares
Estos tres hechos parecen desconectados si los ves como historias separadas: un litigio sobre aranceles, un castigo a un estado por Medicaid, una primaria en Texas.
Pero para quienes viven en la frontera, en las comunidades transfronterizas, son capítulos del mismo libro: una administración que usa el poder federal de formas cada vez más arbitrarias, y un sistema de frenos y contrapesos que todavía funciona, pero que se agrieta.
Minnesota lucha por sus fondos de salud. Los negocios demandan por aranceles ilegales. Y en Texas, los votantes eligen a alguien que promete construir una coalición más ancha.
La frontera México-Estados Unidos siempre absorbe primero el impacto de estas decisiones. Una retención de fondos Medicaid afecta a comunidades fronterizas que tienen los porcentajes más altos de población no asegurada. Los aranceles afectan al comercio bilateral que sostiene miles de empleos en Laredo, McAllen, El Paso.
Pero también es en la frontera donde surge la resistencia. Porque la frontera no es un lugar abstracto de política internacional. Es un lugar donde la gente vive, trabaja, cruza, come, cría a sus hijos. Y cuando el poder se usa arbitrariamente, la frontera es la primera en sentirlo. Y la primera en rebelarse.
Minnesota está rebelándose. Las cortes están frenando. Texas está votando diferente. El sistema responde lentamente, pero responde.
Por Martin Salazar