Cuando el Senado le firma un cheque en blanco a la guerra, alguien más paga la cuenta

En el mercado de San Cosme hay un señor que vende periódicos desde hace veinte años. Tiene un letrero hecho a mano que dice: "Las guerras las declaran los ricos, las pelean los pobres." No sé si lo copió de algún lado o si lo pensó él solo una mañana mientras acomodaba los diarios. Pero cada vez que leo noticias desde Washington, ese letrero me vuelve a la cabeza.

Esta semana, el Senado de los Estados Unidos votó para no limitar los poderes de guerra del presidente Trump frente a Irán. En términos concretos: el Congreso, que según la Constitución estadounidense es el único cuerpo con autoridad para declarar la guerra, decidió cederle esa autoridad al Ejecutivo. No con entusiasmo, tal vez. Pero la cedió. Y mientras ese voto se procesaba en Capitol Hill con el tono aséptico de los procedimientos legislativos, en Kuwait seis soldados estadounidenses morían en un ataque con dron atribuido a fuerzas iraníes.

Seis personas. Con nombres. Con familias. Con alguien que los esperaba.

Hay una forma en que los imperios hablan de sus guerras que merece examinarse. Hablan de intereses nacionales, de postura estratégica, de disuasión, de escalada controlada. Es un lenguaje que flota por encima de los cuerpos, que abstrae el costo humano hasta volverlo casi invisible. Cuando Trump dice que Irán "pagará las consecuencias", o cuando un senador republicano defiende el cheque en blanco presidencial apelando a la seguridad nacional, están operando en esa lengua de altitude: la que nunca huele a sangre.

La socióloga estadounidense C. Wright Mills lo llamó la élite del poder: ese triángulo entre el mundo corporativo, el militar y el político que toma decisiones que afectan a millones sin rendir cuentas ante ninguno de ellos. Mills lo escribió en los años cincuenta, pero el mecanismo no ha cambiado demasiado. Lo que sí ha cambiado es la velocidad con que se legitima. Hoy basta un tuit presidencial y una votación exprés en el Senado para que la maquinaria de guerra quede encendida, sin frenos.

Y los que ponen el cuerpo, como siempre, son los que no tienen otra opción económica. En Estados Unidos, el ejército es para muchos jóvenes de comunidades pobres —rurales, afroamericanas, latinas— la única puerta hacia la educación universitaria, la atención médica o simplemente un salario estable. Se enlistan no porque amen la guerra sino porque el sistema no les ofrece otra salida. Eso es lo que hace tan obsceno el silencio del Congreso: los mismos legisladores que se niegan a expandir Medicare for All, que recortan Medicaid, que bloquean cualquier aumento real al salario mínimo, son los que luego mandan a esos jóvenes a morir en desiertos lejanos bajo la bandera de intereses que nunca serán los suyos.

Mientras esto ocurre en el plano geopolítico, en el plano doméstico el mapa no es menos revelador. Trump castiga a Minnesota —uno de los pocos estados que ha intentado proteger su programa de Medicaid— amenazando con retirarle fondos federales. Al mismo tiempo, las cortes frenan sus aranceles, en una batalla legal que ya acumula victorias para los jueces pero que cada día que dura cuesta dinero real a trabajadores, pequeños comerciantes y consumidores que no eligieron esta guerra comercial y que tampoco verán las ganancias si algún día se gana.

Hay un patrón aquí que no es difícil de leer, aunque sí es incómodo: el Estado se achica exactamente donde más se necesita —salud, educación, vivienda— y se expande sin límite donde más conviene al capital militar e industrial. No es una paradoja. Es la lógica del sistema funcionando exactamente como fue diseñado.

Texas, por su parte, aparece en los titulares con una mezcla que ya resulta casi surrealista: soldados muertos, escándalos éticos dentro del Partido Republicano, purgas internas. Es el retrato de un movimiento político que se está devorando a sí mismo, pero que mientras tanto sigue controlando los hilos de decisiones enormes. Ahí también hay algo que nombrar: el caos no es ausencia de poder. El caos, a veces, es el poder operando sin contrapesos.

Hay algo que mucha gente siente en este momento y que cuesta articular. No es exactamente miedo a la guerra, aunque eso también está. Es algo más parecido a la impotencia de entender que las decisiones que más importan —las que mandan a morir a los hijos de otras personas, las que deciden si tu abuela tiene acceso a medicamentos, las que determinan si puedes pagar la renta el próximo mes— se toman en cuartos a los que nunca vas a entrar, por personas que nunca van a conocer tu nombre.

Esa distancia entre la decisión y sus consecuencias es quizás la violencia más cotidiana que existe en las sociedades contemporáneas. No duele de golpe. Duele de a poco, como una deuda que crece sola en un cajón que preferimos no abrir.

Lo que el Senado hizo esta semana al cederle los poderes de guerra a Trump no es solo un dato constitucional. Es una señal sobre quién manda y quién paga. El cheque en blanco lo firmaron legisladores con sueldo garantizado, con seguro médico de primer nivel, con hijos que no van a ningún frente. La cuenta la van a cobrar en lugares que no salen en los mapas que se muestran en las conferencias de prensa.

Vuelvo al señor del periódico. Vuelvo a su letrero hecho a mano con plumón negro sobre cartón.

No sé si tiene razón en todo. La realidad es más complicada que un letrero, siempre. Pero sí sé que cuando leo que seis soldados murieron en Kuwait mientras el Senado debatía si darle más poder a un presidente que ya habla de Irán como si fuera un problema de dominó, lo que me queda no es análisis. Es esa pregunta que no tiene respuesta fácil y que quizás por eso es la más honesta de todas:

¿Cuántos nombres hacen falta para que el costo deje de ser abstracto?

Por Roberto Medina