El Senado le entregó a Trump la llave de la guerra con Irán. Los muertos ya llegaron. La pregunta es cuántos más necesitamos contar antes de llamar esto por su nombre.

La madre de Kyle Hendricks —nombre ficticio para proteger a una familia real que no autorizó declaraciones públicas, pero cuyo caso fue documentado por reporteros de The Associated Press en Kuwait— supo que su hijo había muerto antes de que el Departamento de Defensa llamara a su puerta. Lo supo porque alguien en su base filtró el nombre en un grupo de WhatsApp de familias militares. Así se enteró: por un teléfono que vibró en la cocina de una casa en Georgia mientras ella doblaba ropa. Su hijo tenía veintitrés años. Murió en un ataque con dron iraní en una instalación militar estadounidense en Kuwait, junto a otros cinco soldados cuyos nombres el Pentágono tardó cuarenta y ocho horas en confirmar.

Seis muertos. Una madre que se enteró por WhatsApp. Y en Washington, ese mismo día, el Senado de los Estados Unidos rechazaba —por cincuenta y un votos contra cuarenta y siete— una resolución de guerra que habría obligado al presidente Trump a obtener autorización del Congreso antes de cualquier acción militar de gran escala contra Irán.

El mecanismo

Lo que ocurrió en el Senado no fue una votación sobre la paz o la guerra. Fue una votación sobre quién tiene el poder de decidirla. Y la respuesta que dieron cincuenta y un senadores, casi todos republicanos, fue inequívoca: Donald Trump.

La Constitución de los Estados Unidos es clara en su artículo primero: el Congreso declara la guerra. No el presidente. Esa cláusula no es retórica —fue incluida precisamente porque los fundadores temían la concentración de poder bélico en un solo hombre. Pero desde Vietnam, desde Corea, desde los conflictos indefinidos que se sucedieron bajo el paraguas de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar aprobada tras el 11 de septiembre de 2001, esa cláusula ha sido vaciada sistemáticamente. La AUMF de 2001 es hoy un cheque en blanco con veintitantos años de antigüedad que ningún presidente ha querido devolver.

Lo que hizo el Senado esta semana fue ratificar ese vaciamiento. No con silencio cómplice —eso habría sido más honesto— sino con una votación activa, nominal, registrada. Cincuenta y un legisladores dijeron, con su voto, que un presidente que ya atacó instalaciones en Medio Oriente, que ya tiene seis soldados muertos, que ya escaló la tensión con Irán hasta niveles que analistas del Council on Foreign Relations califican como los más altos desde 2020, no necesita rendir cuentas al Congreso para dar el siguiente paso.

La cadena de responsabilidad

No especulo cuando digo que esto tiene autores identificables. Los cincuenta y un senadores que votaron en contra de la resolución son personas públicas con nombres, estados y financiadores de campaña registrados en la base de datos de la Comisión Electoral Federal. Varios de ellos recibieron contribuciones significativas de contratistas de defensa —Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman— en los ciclos electorales de 2020 y 2022. Esto no prueba causalidad, pero sí hace una pregunta necesaria: ¿quién gana cuando no hay frenos institucionales a la guerra?

La industria de defensa de Estados Unidos facturó 886 mil millones de dólares en contratos federales durante el año fiscal 2023, según datos de USASpending.gov. Cada conflicto armado es, para esa industria, un catálogo de oportunidades. Los misiles que se lanzan necesitan reemplazarse. Los drones derribados se reponen. Los sistemas de defensa se actualizan. No es una teoría conspirativa —es la lógica de mercado aplicada a la guerra, y funciona exactamente como cualquier otra cadena de suministro.

Del otro lado de esa cadena están Kyle Hendricks y los otros cinco soldados que murieron en Kuwait. Jóvenes que, en una proporción estadísticamente documentada por el Pew Research Center, provienen de comunidades rurales, de familias de ingresos medios y bajos, de estados donde el ejército es con frecuencia la opción más accesible de movilidad social. No son los hijos de los senadores que votaron el martes. Eso tampoco es especulación —es demografía.

Texas como espejo

Mientras el Senado votaba, Texas procesaba simultáneamente sus propias sacudidas: escándalos éticos en la bancada republicana estatal, purgas internas entre facciones trumpistas, y el peso de haber aportado a varios de los soldados muertos en Kuwait. La delegación texana en el Senado federal votó en bloque contra la resolución de límites al poder de guerra.

Esto importa porque Texas es también el estado donde el gobernador Greg Abbott ha desafiado al gobierno federal en materia migratoria, donde se construyeron muros con fondos estatales, donde se desplegó la Guardia Nacional en el río Bravo. Un estado que no confía en el gobierno federal para gestionar su frontera sur, pero que sí le entrega al ejecutivo federal carta blanca para gestionar una guerra en el Golfo Pérsico. La contradicción no es accidental —es la marca de una política exterior que habla de soberanía cuando le conviene y de obediencia cuando le conviene más.

La pregunta que nadie hace en la cobertura convencional

¿Cuántos soldados tienen que morir antes de que el Congreso recupere su función constitucional?

No es una pregunta retórica. Es una pregunta con implicaciones operativas. Porque si seis muertos en Kuwait no fueron suficientes para que cincuenta y un senadores votaran a favor de poner límites, la pregunta real es si existe algún umbral. Si la respuesta es no —si no existe número de bajas que obligue al Congreso a actuar— entonces lo que tenemos no es una democracia con un poder ejecutivo fuerte. Tenemos un sistema donde el ejecutivo decide la guerra y el legislativo administra las consecuencias domésticas: los beneficios de veteranos recortados, las familias sin apoyo, los cuerpos que vuelven a comunidades que el presupuesto federal ya no financia.

Y aquí hay que nombrar lo que está pasando en paralelo: Trump castigó a Minnesota recortando fondos de Medicaid porque el estado desafió sus políticas. Los tribunales frenan sus aranceles. La Corte Comercial ordenó devolver aranceles que la Suprema Corte anuló. El ejecutivo pelea en múltiples frentes domésticos contra los otros dos poderes. Pero en materia de guerra, esos mismos poderes —empezando por el Senado— se apartan. Le dejan el campo libre.

La asimetría es perfecta y es funcional: se le ponen frenos al presidente cuando afecta a los mercados, cuando toca los aranceles que interesan a las corporaciones exportadoras. Pero cuando se trata de mandar soldados a morir en Kuwait, el Senado vota para que nadie le pregunte nada.

El cierre que no absuelve

Hay una foto que no apareció en la portada de ningún medio grande esta semana. No la tengo —porque el Departamento de Defensa no autoriza la publicación de imágenes de repatriación de cuerpos sin consentimiento familiar desde 2009. Pero existe: seis ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense en la panza de un avión militar. Seis familias esperando en una pista de aterrizaje en algún lugar de este país.

Y en Washington, ese mismo día, cincuenta y un senadores firmaron un documento que dice, en su silencio constitucional: no necesitamos saber cuántos más habrá.

La madre de Kyle doblaba ropa cuando el teléfono vibró. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo con la política exterior que mató a su hijo. Nadie le preguntó nada.

Eso también es una forma de gobernar.

Por Carmen Delgado