El Senado le entregó a Trump carta blanca para la guerra. Los que morirán no estaban en esa votación.

Graciela Ríos tiene una foto de su hijo en el refrigerador de su cocina en San Antonio. Marcus, 24 años, primer año de servicio activo, se alistó porque la universidad costaba demasiado y el ejército pagaba la deuda estudiantil. Eso fue lo que le dijo a ella la noche antes de firmar. Graciela no lo sabe todavía, pero esta mañana, mientras leía las noticias en su teléfono en el camión que la lleva a su turno de seis de la mañana en el hospital donde trabaja como auxiliar de enfermería, supo que seis soldados estadounidenses murieron en Kuwait en un ataque con dron atribuido a fuerzas respaldadas por Irán. Buscó el nombre de Marcus. No estaba. Respiró. Pero el miedo no se fue.

Esa respiración de Graciela —el alivio que dura segundos antes de que el miedo vuelva— es el ritmo al que vive una parte de este país que los debates del Senado no suelen mencionar por su nombre.

Ayer, mientras los cuerpos de seis soldados comenzaban el camino de regreso a Estados Unidos, el Senado votó. El resultado fue 47 a 49. Cuarenta y siete senadores respaldaron una resolución para exigirle al presidente que solicitara autorización del Congreso antes de iniciar operaciones militares contra Irán. Cuarenta y nueve votaron en contra. La resolución, impulsada por el senador Tim Kaine, no sobrevivió. Donald Trump conserva, en los hechos, las manos libres para escalar un conflicto que ya cobró vidas esta semana.

El Artículo I de la Constitución de Estados Unidos es explícito: el Congreso tiene el poder de declarar la guerra. No el presidente. El Congreso. Esa distribución no fue un accidente de redacción. Los fundadores de este país —con todas sus contradicciones— entendían que concentrar el poder de guerra en una sola persona era el primer paso hacia el despotismo. Doscientos cincuenta años después, el Senado acaba de confirmar que esa arquitectura constitucional es, en la práctica, papel mojado cuando el partido del presidente tiene mayoría.

Semilla News considera que esto no es solo un debate procedimental sobre poderes del Estado. Es una decisión sobre quién decide quién muere y bajo qué condiciones.

Lo que está en juego tiene varias capas, y sería deshonesto ignorarlas.

Irán no es un actor inocente en esta escalada. Las milicias respaldadas por Teherán operan en Iraq, Yemen, Siria y Kuwait con una agenda de desestabilización regional que tiene costos humanos reales. El ataque con dron que mató a seis soldados en Kuwait no ocurrió en el vacío. Hay una lógica de confrontación de décadas —agravada por el retiro estadounidense del acuerdo nuclear en 2018, precisamente bajo Trump— que hace que cualquier análisis simple resulte insuficiente.

Tampoco es cierto que todos los senadores que votaron en contra lo hicieran por deferencia ciega al presidente. Algunos argumentaron que la resolución de Kaine era imprecisa, que limitaría la capacidad de respuesta ante ataques directos, que el momento era inoportuno dada la tensión activa. Esos argumentos merecen ser escuchados, aunque no necesariamente aceptados.

Pero hay algo que ningún argumento procedimental puede resolver: el patrón. Este no es el primer poder que el Congreso cede. No es la primera vez que una institución diseñada para funcionar como contrapeso decide, en cambio, convertirse en audiencia. La acumulación importa. Cuando el Senado también bloquea la supervisión de los aranceles —como ocurrió esta semana, mientras los tribunales intentan ordenar la devolución de cobros ya declarados ilegales— el dibujo que emerge no es el de una rama legislativa con criterios propios. Es el de una cámara que ha decidido, conscientemente, que su función es proteger al ejecutivo de sus propias consecuencias.

Eso no es gobernar. Es abdicar.

Hay otra dimensión de esta historia que los titulares sobre el Senado tienden a opacar: quién llena las filas del ejército que pelearía esa guerra.

No son los hijos de los senadores que votaron ayer. No son los herederos de las fortunas que se benefician de los contratos de defensa. Son Marcus y los que son como Marcus: jóvenes de comunidades donde el ejército llega con promesas de educación, de estabilidad, de un camino hacia algo. Son jóvenes negros, latinos, rurales, de estados donde las fábricas cerraron y los hospitales públicos también. El reclutamiento militar en Estados Unidos no es aleatorio. Sigue la geografía de la precariedad.

Esa es la parte que falta en el debate sobre los poderes de guerra: la clase. Quién decide la guerra y quién la pelea son, en este país, preguntas con respuestas sistemáticamente distintas. Y esa asimetría no es un accidente —es la condición que hace posible que cuarenta y nueve senadores voten sin que el costo personal de esa decisión les roce siquiera el borde del abrigo.

Esta edición cierra con seis cajones y una votación. Esos dos hechos ocurrieron el mismo día, y no es periodismo serio tratarlos como si no tuvieran relación.

Graciela Ríos llegó a su turno esta mañana. Dejó el teléfono en su casillero porque en la sala no se puede tener. Durante ocho horas va a atender a personas que dependen de ella. No va a pensar en el Senado. Va a pensar en su trabajo y, en algún momento entre una y otra tarea, en Marcus.

La pregunta que este editorial no puede responder —y que el Senado tampoco respondió ayer— es cuántas Gracielas tienen que vivir con ese miedo antes de que las instituciones decidan que su función es protegerlas a ellas, no a la autoridad que las expone.

Esa pregunta no es retórica. Tiene fecha de vencimiento.

Por Isabel Vega