Trump restaura el acceso a armas para personas con antecedentes penales mientras bypasea al Congreso en una guerra no declarada. No es contradicción: es método. Marcus Bellard tiene cuarenta y dos años y un expediente por un delito no violento de drogas de hace dieciséis. Cumplió su condena en Indiana, rehízo su vida, trabaja en construcción, tiene tres hijos. Cuando supo que la administración Trump había reactivado silenciosamente un programa federal que permite restaurar los derechos de portación de armas a personas con condenas penales, no celebró. Sintió algo más parecido al vértigo. "No entiendo para qué sirvo ahora", me dijo en un intercambio de mensajes que llegó a través de un activista de derechos civiles en Chicago. "¿Soy ciudadano rehabilitado o soy un problema que necesita armarse?"

La pregunta de Marcus no es retórica. Es, en realidad, la pregunta que la cobertura convencional no está haciendo.

El mecanismo

El programa en cuestión existe desde 1961. La Ley de Control de Armas de Fuego federal prohíbe que personas con condenas por delitos graves porten o adquieran armas. Sin embargo, incluye una válvula: el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) puede, discrecionalmente, restaurar esos derechos caso por caso si determina que la persona "ya no representa un peligro para la seguridad pública".

Ese mecanismo estuvo funcionalmente paralizado desde 1992, cuando el Congreso dejó de financiarlo. Treinta y dos años de letargo administrativo. Hasta ahora.

La administración Trump no necesitó nueva legislación. No fue al Congreso. Bastó con una decisión ejecutiva interna: reasignar presupuesto existente dentro del ATF para reactivar el programa de revisión. Silenciosamente, sin conferencia de prensa, sin debate público, el gobierno federal abrió una puerta que llevaba tres décadas cerrada.

Los datos disponibles —reportados por medios especializados en política de armas— indican que ya se han procesado decenas de solicitudes desde la reactivación. Las organizaciones de control de armas estiman que, si el programa escala, podrían beneficiarse decenas de miles de personas en los próximos años.

La cadena de responsabilidad

Seamos precisos sobre quién toma esta decisión y bajo qué lógica.

Donald Trump lidera una administración que ha construido su narrativa política sobre el miedo al crimen, la amenaza del otro, el caos en las calles. Es la misma administración que militarizó operaciones migratorias, que desplegó Guardia Nacional en ciudades con gobiernos demócratas, que usó retórica de "invasión" para describir familias centroamericanas cruzando el río Bravo. El endurecimiento penal y la dureza ante el delito son piezas centrales de su identidad electoral.

Y sin embargo, es esa misma administración la que ahora reactiva un mecanismo para devolver armas a personas condenadas por delitos graves.

Esto no es incoherencia. Es segmentación política.

El programa beneficia de manera desproporcionada a hombres rurales blancos con condenas por delitos de cuello azul —fraude menor, delitos de caza y pesca, infracciones de armas, ciertos delitos de drogas no violentos— que forman parte de la base electoral republicana y que perciben la prohibición de portación como una injusticia de clase. Es un gesto de recompensa política disfrazado de política pública.

Mientras tanto, las comunidades negras y latinas —que también incluyen personas con antecedentes penales no violentos, que también tienen derecho a la rehabilitación— viven en los vecindarios donde la saturación de armas ilegales cobra vidas cada fin de semana. Para ellas no hay programa federal. Para ellas hay militarización policial.

Quien decide: el Ejecutivo federal, específicamente la dirección del ATF bajo instrucción de la Casa Blanca.

Quien ejecuta: funcionarios del ATF que procesan solicitudes sin supervisión legislativa, porque el Congreso no fue consultado.

Quien paga: nadie, todavía. El costo se diferirá, como siempre, a las comunidades que reciban las consecuencias.

El mismo patrón: el Congreso como decorado

La reactivación del programa de armas no es un episodio aislado. Es parte de un patrón de gobierno que convierte al Congreso en teatro y a la ley en materia moldeable.

Esta misma semana, reportes confirmaron que la administración Trump llevó a cabo operaciones militares contra infraestructura en Irán —ataques que, según la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra, requieren notificación al Congreso en 48 horas y autorización legislativa para continuar— sin cumplir con los procedimientos legales establecidos. Legisladores de ambos partidos, incluyendo republicanos, exigieron explicaciones. La Casa Blanca respondió con evasivas.

No es que Trump ignore las instituciones por descuido. Las ignora por cálculo. Cada vez que el Ejecutivo actúa sin el Congreso y no hay consecuencia, el músculo de la revisión legislativa se atrofia un poco más. El resultado acumulado no es un incidente: es una reconfiguración del poder.

Y en ese contexto llega otra pieza del rompecabezas: una encuesta reciente revela que casi la mitad de los estadounidenses apoya alguna forma de participación militar en la supervisión de elecciones. Ese número —independientemente de cómo se lea— es el producto de años de erosión institucional, de discurso que presenta a las instituciones civiles como corruptas e ineficaces, de una narrativa que prepara el terreno para lo que venga después.

La pregunta que nadie hace

Cuando los medios cubren la reactivación del programa de restauración de derechos de armas, la encuadran como "una victoria para los derechos de la Segunda Enmienda" o como "una medida polémica de la era Trump". Pocos preguntan lo que Marcus Bellard preguntó instintivamente desde Indiana:

¿A quién le sirve realmente que haya más armas en manos de más personas, justo ahora, en este momento político?

No al vecindario de Marcus. No a las familias que esperan en salas de urgencias. No a los maestros que hacen simulacros de tiroteo con niños de siete años.

Sirve a una industria armamentista que ve en cada nueva categoría de compradores habilitados un mercado expandido. Sirve a una operación política que necesita mantener a su base movilizada con victorias simbólicas mientras las condiciones materiales de esa misma base —salarios, salud, vivienda— no mejoran. Sirve a un proyecto de poder que prefiere una sociedad armada y temerosa a una sociedad organizada y exigente.

El cierre

Marcus Bellard no va a pedir que le restauren sus derechos de portación. No porque no le correspondan legalmente, sino porque, según me dijo, "en mi barrio más armas no significan más seguridad". Lo aprendió de la manera difícil.

Lo que sí quiere es votar sin que haya militares en la casilla. Quiere que su hijo llegue a la escuela y regrese. Quiere entender por qué el mismo gobierno que lo trató como una amenaza ahora quiere que esté armado.

Yo también quiero entender eso.

Y mientras no tengamos respuesta, lo que hay es un presidente que governa con el miedo como materia prima: el miedo al crimen para justificar la militarización, el miedo a la "invasión" para justificar la xenofobia, el miedo a la elección robada para justificar lo que venga después. Y en medio de ese miedo administrado, un programa silencioso que pone más armas en circulación, sin debate, sin Congreso, sin consecuencias visibles.

Todavía. Por Carmen Delgado