Mientras Wall Street cotiza la guerra con Irán y Trump exige que otros paguen por Ormuz, seis familias esperan un ataúd. La pregunta que nadie hace en Washington es la más vieja del mundo: ¿de quién son los hijos que mueren?

La madre de Marcus se enteró por un vecino. No por un oficial uniformado tocando la puerta, no por una llamada desde el Pentágono. Por un vecino que había visto la noticia en su teléfono. Marcus tenía veintidós años, había crecido en el cinturón de pobreza rural de Kentucky, y se había enlistado en el Ejército porque la alternativa era la fábrica que cerró cuando tenía quince años o el ciclo de deudas que ya había tragado a su hermano mayor. Eso no aparece en el comunicado oficial que confirma la muerte de seis soldados estadounidenses en Irak, en la tercera semana de una escalada con Irán que Washington llama "tensión contenida" y que las familias de esos seis soldados llaman, con toda la precisión del dolor, una guerra.

No sé el nombre real de la madre de Marcus. Lo que sé —porque la frontera entre la decision militar y sus consecuencias humanas es donde se revela la verdad de las politicas— es que existe. Que en algún estado del sur o del medio oeste hay una mujer que esta semana aprendió que su hijo era, en la contabilidad del Departamento de Defensa, una baja aceptable en una operación cuyo nombre clasificado nunca conocerá.

El mecanismo

La muerte de estos seis militares no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el contexto de una política deliberada: la remilitarización progresiva de la presencia estadounidense en Irak y el Golfo Pérsico, acelerada desde que la administración Trump reimplantó sanciones máximas contra Irán y comenzó a exigir —públicamente, en declaraciones que parecen más ultimátum que diplomacia— que las potencias mundiales contribuyan militarmente a la protección del estrecho de Ormuz.

Ormuz no es un dato geográfico abstracto. Es el pasaje por donde transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial. Quien controla su seguridad —o quien la financia— controla una palanca de poder económico de primer orden. Cuando Trump dice que Europa y Asia deben "pagar su parte" por proteger ese estrecho, no está hablando de justicia distributiva en los gastos de defensa. Está reencuadrando una estrategia de presión geopolítica como si fuera una factura de servicios. El lenguaje del casino aplicado a la guerra.

Mientras tanto, en Irak, los soldados desplegados en bases que son objetivos conocidos para milicias con vínculos con Teherán siguen siendo el cuerpo físico de esa política abstracta. Seis de ellos murieron esta semana. Los comunicados oficiales hablan de "incidente" y de "compromiso con la seguridad regional". No hablan de por qué siguen ahí. No hablan de qué objetivo estratégico concreto justifica ese riesgo en este momento específico.

Lo que sí hablan —con mucha más elocuencia— son los mercados. Desde que comenzó la escalada, las acciones de las principales empresas de defensa y las posiciones especulativas en futuros de petróleo han registrado ganancias sostenidas. Wall Street no está apostando a pesar de la guerra con Irán. Está apostando gracias a ella. Esa distinción importa.

La cadena de responsabilidad

Seamos precisos, porque el periodismo de denuncia sin precisión es solo ruido.

La decisión de mantener y ampliar la presencia militar estadounidense en el Golfo en este ciclo de escalada la tomó el Ejecutivo federal, con Donald Trump como comandante en jefe. Sus asesores de seguridad nacional diseñaron la arquitectura de presión máxima contra Irán. El Congreso —que constitucionalmente tiene la facultad de declarar la guerra— ha brillado por su pasividad, más ocupado en la dinámica electoral (los demócratas ganaron 28 escaños en elecciones estatales recientes, alimentados precisamente por el voto de castigo que genera esta administración) que en ejercer su función de contrapeso real.

Pero la cadena no termina en Washington. Los gobiernos del Golfo que se benefician de la presencia militar estadounidense sin pagar los costos en vidas propias forman parte del mismo sistema. Las corporaciones de defensa que financian campañas electorales y luego obtienen contratos en zonas de conflicto son parte del mismo sistema. Los medios que cubren cada declaración de Trump sobre Ormuz sin preguntar cuánto han subido las acciones de Raytheon esa misma semana son parte del mismo sistema.

Y hay un elemento más, que incomoda precisamente porque toca más cerca: el enlistamiento militar como única salida económica viable para jóvenes en comunidades que el modelo neoliberal abandonó hace décadas. La máquina de guerra necesita cuerpos. Los cuerpos los proveen los estados con mayor pobreza, menor cobertura de salud pública y peores perspectivas de empleo. No es conspira­ción. Es estructura. Y las estructuras no necesitan conspiradores para funcionar: solo necesitan que nadie las nombre.

La pregunta que nadie hace

La cobertura convencional de esta semana se ha concentrado en dos narrativas paralelas que nunca se cruzan: por un lado, el tablero geopolítico —Ormuz, Irán, la OTAN, los aliados asiáticos—; por el otro, el tablero electoral —la ola demócrata en los estados, el voto de castigo, las perspectivas para las elecciones de medio término—.

Nadie cruza las dos preguntas en una sola: ¿cuántos hijos de familias sin opciones económicas tienen que morir para sostener una política que beneficia directamente a quienes financian las campañas de quienes la diseñan?

No es una pregunta retórica. Es verificable. Los datos sobre el perfil socioeconómico de los enlistados en el Ejército de Estados Unidos son públicos. Los datos sobre las donaciones corporativas del sector defensa a los principales actores políticos de ambos partidos son públicos. La correlación entre escaladas militares y movimiento de las acciones de empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman o Raytheon es rastreable en tiempo real.

Lo que no existe es la voluntad editorial de poner esos tres elementos en el mismo párrafo.

El cierre

Hay una imagen que no abandono cuando los conflictos se cubren desde la perspectiva de quienes los viven, no de quienes los deciden: la distancia entre el cuarto donde se firma una orden y el lugar donde esa orden llega.

En alguna sala con buena iluminación y café de calidad, alguien decidió que la presencia de esos seis soldados en esa base era estratégicamente necesaria. En algún monitor de Bloomberg, alguien vio subir sus inversiones cuando la escalada se confirmó. En algún estudio de televisión, alguien habló de "costos aceptables" y pasó a la siguiente nota.

Y en algún estado que no aparece mucho en los mapas de poder, la madre de uno de esos seis está aprendiendo que su hijo era, para toda esa cadena de decisiones y beneficios, un costo operativo.

No le van a pedir disculpas. No van a cambiar la política. Le van a doblar una bandera.

Y el lunes, Wall Street abrirá igual.

Por Carmen Delgado