El nominado de Trump enfrenta audiencia tensa mientras el Departamento de Seguridad Nacional lleva cinco semanas sin presupuesto

El senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin se presentó ante el Senado el miércoles para una audiencia de confirmación como futuro director del Departamento de Seguridad Nacional, en un momento crítico: la agencia que podría liderar lleva cinco semanas operando sin financiamiento.

La audiencia fue tensa. Los senadores no perdieron tiempo en señalar la crisis presupuestaria que paraliza a la agencia encargada de la seguridad fronteriza, inmigración, protección civil y ciberseguridad. Mullin, quien proviene del sector empresarial y ha servido en el Senado desde 2023, se enfrentó a preguntas incisivas sobre su capacidad para gestionar una burocracia federal masiva en medio de una crisis operacional.

"¿Cómo va a dirigir usted un departamento que está quebrado presupuestariamente?" fue, en esencia, la pregunta que flotó sobre toda la sesión. No fue formulada en esos términos exactos, pero el mensaje fue claro: Mullin heredaría un caos administrativo desde el primer día.

La parálisis presupuestaria del DHS no es un problema administrativo abstracto. Significa que decenas de miles de empleados federales trabajan sin certeza de pago. Significa que programas de detención de migrantes operan con presupuesto congelado. Significa que los sistemas de vigilancia fronteriza funcionan con lo que tienen, sin reparaciones ni mejoras. Significa que las agencias que dependen del DHS —la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras— tienen que elegir qué operaciones mantienen y cuáles pausan.

En circunstancias normales, una audiencia de confirmación se enfoca en la visión ideológica del candidato, su historial, sus posiciones sobre asuntos clave. Esta vez, la realidad fiscal se interpuso: ¿de qué sirve debatir la estrategia migratoria si la agencia que la ejecutaría no tiene recursos para hacerlo?

Multin llegó a la audiencia como un candidato controvertido incluso dentro de su propio partido. Su nombramiento reflejaba la preferencia de Trump por ejecutivos empresariales sin experiencia previa en gobierno federal. Mullin hizo fortuna en el sector energético y es conocido por su postura confrontacional en los debates senatoriales. Pero experiencia en gestión de empresas privadas no es lo mismo que dirigir una agencia federal de más de 240,000 empleados con un presupuesto anual de decenas de miles de millones de dólares.

Los senadores, tanto demócratas como republicanos, tenían razón en presionar. La pregunta de fondo era legítima: ¿entiende este candidato la magnitud de lo que hereda? ¿Tiene la experiencia para navegar una crisis presupuestaria mientras intenta implementar una agenda migratoria ambiciosa?

La crisis presupuestaria misma es síntoma de una disfunción política mayor. El Congreso no ha aprobado un presupuesto completo. Ha recurrido a medidas temporales, extensiones, cierres parciales. Durante cinco semanas, el DHS operó en un limbo fiscal donde los directivos no pueden hacer planes a largo plazo, donde los empleados no tienen claridad sobre su situación, donde los programas funcionan en modo de supervivencia.

Esto ocurre mientras el gobierno de Trump ha hecho de la seguridad fronteriza e inmigración prioridades retóricas máximas. La ironía es brutal: el presidente nominó a Mullin precisamente para aplicar una política migratoria más restrictiva, pero lo hace en el momento en que la agencia responsable está financieramente paralizada.

La audiencia del miércoles fue, entonces, más que un examen de aptitudes. Fue un encuentro con la realidad: ¿cómo se gestionan ambiciones políticas cuando las instituciones que las ejecutarían están rotas?

Multin tendrá que responder esa pregunta. Sus respuestas determinarán si el Senado lo confirma o si surge suficiente resistencia para bloquear su nombramiento. Pero independientemente del resultado, la pregunta persiste: alguien tiene que arreglarlo, y la administración Trump no parece tener un plan más allá del nombramiento de un nuevo burocrata.

Mientras tanto, en los 240,000 empleados del DHS que trabajan sin saber cuándo llega el próximo cheque de nómina, la audiencia fue un recordatorio de que su crisis es apenas un telón de fondo en la política de Washington.

Por Fernando Lopez